01.08.06 // Novedades, NOVEDADES

Oscar Lamberto no realiza los controles conferidos por su cargo (DERF)

Este informe demostrará que hay asociaciones que están dispuestas a esclarecer los manejos turbios de la administración pública.

El informe titulado “En Busca del Control Perdido” ataca fuertemente no sólo el funcionamiento de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, sino también a Oscar Lamberto, quien preside la comisión antes mencionada. ACIJ llevó adelante dicha investigación en el marco de la campaña “Mejor Control, Mejor Gobierno”, realizada durante el año 2005, cuyo objetivo perseguía la idea de mejorar el control externo de la administración pública, concientizando a los actores involucrados y a la ciudadanía.

Acerca de los investigadores
La asociación que publicó el informe “En busca del Control Perdido” es una organización apartidaria, sin fines de lucro, constituida como un espacio donde los ciudadanos pueden participar, generar propuestas, capacitarse y canalizar su entusiasmo para construir una sociedad más justa y equitativa. ACIJ fue fundada a principios de 2002 por un grupo de jóvenes comprometidos con el desarrollo del país, el afianzamiento de las instituciones, el respeto por la Constitución Nacional y la observancia de las leyes. Al mismo tiempo, ACIJ se preocupa por la inequidad social, la corrupción y la falta de transparencia que afectan a nuestra democracia.

En este sentido, es que la asociación, publicó una primera edición para analizar la labor de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración y su dinámica con el resto de los actores del sistema. Según los autores de la investigación que veremos a continuación, “las conclusiones a las que se arribaron se fundamentan, en su mayoría, en el análisis realizado sobre la omisión de información, más que por la propia acción de los actores involucrados”.

Interacción de los organismos de control
Los tres poderes nacionales, que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se controlan mutuamente pero sin intervenir en la función que cada uno de ellos tiene específicamente.

El Poder Legislativo tiene dos roles fundamentales: el de aprobar el presupuesto anual, asignando las partidas a utilizar en el ejercicio económico para toda la administración pública, y el de ejercer el control sobre la correcta ejecución del presupuesto general y sobre la gestión y cuentas de cada repartición pública. Este ejercicio del control se denomina control externo porque se encuentra fuera de la administración a la que controla. Pero esto no termina en este organismo, ya que quien asiste al Congreso en realizar esa función de contralor es la Auditoría General de la Nación (AGN).

La AGN es un organismo que quedó sancionado por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional en el año 2002 y que, con al reforma de la Constitución de 1994, la dotó de jerarquía constitucional.

Según el artículo N° 85 de la Constitución Nacional: “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Autoría General de la Nación”.

Sin embargo, existe otro organismo que funciona como enlace entre la AGN y el plenario del Congreso y que además, tiene grandes responsabilidades en el sistema: la Comisión Parlamentaria Mixta Previsora de Cuentas de la Administración (CPMRC).

La estructura de la CPMRC
Este organismo de asistencia técnica del Congreso tiene autonomía funcional y su presidente es designado mediante la propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. La CPMRC tiene a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización. Asimismo, este organismo intervendrá en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de los fondos públicos.

Sus funciones son: analizar los informes que realiza la AGN, para luego someterlos al tratamiento de las dos Cámaras del Congreso (de Diputados y de Senadores), efectuar el seguimiento de las recomendaciones, analizar el programa de acción anual sobre las auditorías a practicarse y aprobar o rechazar la cuenta de inversión.

Por otra parte, esta comisión se integra por seis senadores y diputados que, una vez al año, designan un presidente, un vicepresidente y un secretario, que pueden ser reelectos.

Lo más importante de la Comisión Parlamentaria Mixta Previsora de Cuentas de la Administración es que es una de las pocas comisiones que cuenta con la asignación de un presupuesto propio. Cabe recordar que Oscar Lamberto siempre estuvo vinculado en el manejo presupuestario. Por ejemplo, en los ’90, fue Presidente de la Comisión de Presupuesto. Actualmente, aunque está políticamente alejado del kirchnerismo, recayó (por sus relaciones) en esta estratégica Comisión Mixta que, si nos atenemos al espíritu por el cuál fue creada, debería controlar. Según la prestigiosa y seria asociación que encara esta investigación, esto no se estaría cumpliendo, a pesar de contar de un plantel interesante de asesores, por el grueso del personal desconocido que reviste en el Congreso y por la partida de dinero considerable que se destina a ser organismo de control.

Presupuesto propio y gastos sin rendir

Como ya dijimos anteriormente, la CPMRC cuenta con un presupuesto propio que se utiliza, casi exclusivamente, a los fines de designar asesores para cada uno de los legisladores de la comisión, ya que ni siquiera paga por el personal perteneciente a la planta permanente que tienen en sus dependencias. Cabe explicar que las dependencias de esta comisión se encuentran ubicadas en el propio edificio del Senado de la Nación, y por ende, es el Senado quien solventa el sueldo del personal del lugar, no el presupuesto de la CPMRC.

Dicho presupuesto goza de autarquía en cuanto a su ejecución y por eso, no existen mecanismos que controlen o pidan la rendición de cuentas de esta comisión.

Algunos números estimativos
La Comisión Parlamentaria Mixta Previsora de Cuentas de la Administración tiene un presupuesto anual mayor a medio millón de pesos, desde hace cuatro años (periodo entre los años 2002 y 2005), según los datos aportados ASIG. Esta organización menciona además, que este monto es aportado por ambas cámaras legislativas y que, si se otorga a los fines de designar asesores, se podrían contratar un total de casi 40 asesores con salarios promedios de $3.000 (tres mil pesos). Estos 40 asesores estarían al servicio de 12 legisladores que componen la comisión. Se deduce entonces, que cada legislador tendría tres o cuatro asesores que se dediquen exclusivamente a sintetizar los informes elaborados por la AGN.

De todas formas, estas son sólo deducciones de ASIG. Recordemos que, como es un presupuesto que no tiene por qué rendir cuentas, no hay números precisos de gastos, pero si de ingresos.

Por otra parte, tampoco hay un listado concreto de la cantidad de asesores empleados para trabajar en la comisión. Esto deja como resultado que existen fondos públicos que no se sabe a dónde se destinan.

Deficiencias del funcionamiento de la Comisión
En el informe “En Busca del Control Perdido”, ASIJ clasifica las falencias que detectaron en el transcurso de la investigación que se le realizó a la CPMRC.

En teoría, uno de los principios fundamentales que tiene que caracterizar a cualquier organismo de control es: la independencia del controlante respecto del controlado. Esto, por supuesto, no ocurre en la Comisión Parlamentaria Mixta Previsora de Cuentas de la Administración ya que la misma se compone por doce legisladores, de los cuales, ocho de ellos son justicialistas y solamente cuatro pertenecen a la Unión Cívica Radical. Este organismo, con mayoría justicialista, no cumple con el principio de independencia que expusimos anteriormente.

En otro sentido, el reglamento expone que el quórum se conformará con siete miembros de la comisión. Y si ocho son justicialistas, ¿para qué se necesitan a los legisladores de la oposición si se puede decidir con la mayoría de los miembros presentes? Estas cuestiones demuestran también, que la minoría no esta representada en los dictámenes que se erigen a las respectivas Cámaras para ser votados. Puede ser por falta de deliberación o por exclusión absoluta de los legisladores radicales.

Asimismo existe un hermetismo acentuado en relación a los dictámenes de las reuniones de comisión. Dichos dictámenes no se encuentran a disposición del público, privando además, el ingreso de la ciudadanía en las reuniones donde tiene que ejercerse el control externo.

La información es inaccesible. Eso es algo claro. De todas formas el ciudadano común que quiere obtener meramente información administrativa, debe dirigirse al presidente de la comisión, Diputado Nacional Oscar Lamberto. O sea, el acceso depende de la buena voluntad del presidente de turno. Es más, la investigación de la ASIJ empezó a principios y pudo publicarse recién en junio, debido a la falta de información. Es todo muy sospechoso lo que sucede en esta “oscura” comisión legislativa. Innumerable cantidad de asesores desconocidos para la gente, partidas de dinero manejadas por el santafesino Oscar Lamberto que no es encontrado por esta Asociación Civil y que desde esas oficinas no se responde a la requisitoria de los ciudadadnos.

Más falencias detectadas
En este punto es importante enumerar que el actual sistema que implementa la comisión tiene muchas más falencias que entorpecen el propio mecanismo de “control”.

En primer lugar, la CPMRC está dominada por el partido de gobierno cuando en realidad, es la oposición quien realmente puede controlar. Además, falta la publicidad de las reuniones de la comisión, los fundamentos de los dictámenes que se votan en el Congreso y no se imponen plazos para que el Poder Ejecutivo responda a los pedidos de informes. Como si todo esto fuera poco, hay falta de seguimiento en las irregularidades de los dictámenes de la AGN y encubren los dictámenes sobre las cuentas de inversión del Poder Ejecutivo Nacional, si es que existen. Para concluir de describir el mal funcionamiento de la comisión, no hay que desconocer la excesiva imprecisión y el reglamento irregularmente aprobado.

Ahora, podemos decir que sabemos que los controles se hacen, pero no por quien corresponde. Quienes están a cargo de realizar los “controles”, tienen un presupuesto destinado para ello y una sede totalmente gratuita. ¿Qué le está faltando al Diputado Lamberto para empezar a cumplir con las obligaciones que su cargo le confieren?

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