25.01.05 // Novedades, NOVEDADES

Organizaciones sociales reclaman participar en los juicios por la renegociación de los servicios públicos

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Consumidores Libres Cooperativa Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria, la Unión de Usuarios y Consumidores, y el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) se presentarán en calidad de Amicus Curiae, en la causa de Aguas Argentinas/Suez contra el Estado argentino. Al igual que en las restantes demandas, la empresa reclama una indemnización por los daños causados a las inversiones a raíz del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos luego del default.

El litigio en el CIADI, que depende del Banco Mundial, está en el centro de la controversia que mantiene el Gobierno con la empresa por la prestación del servicio de agua en la Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense.

De acuerdo al actual procedimiento del CIADI la tramitación de los casos se mantiene en secreto, sin que los usuarios puedan acceder a la información ni participar en los procesos arbitrales, en donde se discuten cuestiones que afectan de manera directa los derechos de los residentes del área de prestación de servicios públicos esenciales. Las presentaciones de las partes no se dan a publicidad y tanto las audiencias como las deliberaciones del tribunal se celebran en privado sin publicarse posteriormente.

“Esta situación vulnera el derecho de acceso a la información y participación ciudadana en materia de servicios públicos que consagra nuestra Constitución Nacional”, expresó Horacio Bersten, representante de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Las organizaciones reclaman acceso a las audiencias, registros y documentos del proceso, y también la posibilidad de acercar al tribunal argumentos de derecho internacional e interno -en materia de salud pública, servicios esenciales, nivel de vida adecuado, vivienda, y defensa del consumidor- para que sean tenidos en cuenta a la hora de resolver sobre el fondo de la controversia planteada.

En el escrito presentado ante el CIADI se explica que el caso reviste claro interés público ya que “las decisiones cuestionadas por Aguas Argentinas S.A. constituyen medidas de carácter general adoptadas por el Estado Argentino haciendo uso de su potestad regulatoria, que guardan íntima relación con el modo en que los habitantes acceden y gozan de un servicio público esencial como es el de agua potable y saneamiento”.

Según Víctor Abramovich, director ejecutivo del CELS, “el objetivo buscado con esta presentación es acceder a la información del litigio, aportar nuevos argumentos desde la perspectiva de las personas directamente afectadas, y fiscalizar su tramitación, lo que incluye el control de la defensa que ejerce el propio Estado”.

Además de la confidencialidad de los procedimientos, y la exclusión de este ámbito de los ciudadanos afectados, las organizaciones cuestionan la existencia de serios conflictos de intereses en el mecanismo arbitral, debido a la estrecha relación existente entre el CIADI y las restantes instituciones que forman el Banco Mundial, en particular el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Corporación Financiera Internacional (CFI). El Presidente del Banco Mundial es ex oficio Presidente del Consejo Administrativo del CIADI, y puede en ciertos casos designar árbitros del tribunal incidiendo por lo tanto de manera decisiva en la suerte de los arbitrajes y las conciliaciones.

“Bajo estas condiciones de funcionamiento la plena publicidad de las actuaciones y la participación de la ciudadanía se torna imprescindible para asegurar la equidad y el debido proceso”, señaló Gustavo Maurino, director de ACIJ.

En tal sentido, en la presentación se señala que las instituciones del Banco Mundial tienen interés concreto en los casos que se ventilan ante el CIADI: La CFI es dueña del 13% de las acciones de Aguas Argentinas S.A. y el BIRF ha jugado un rol protagónico en el diseño del marco regulatorio de los servicios públicos concesionados, y en el proceso de privatización, incluyendo el de aguas.

La exigencia de apertura y participación de usuarios, ambientalistas y otras organizaciones que representan a afectados es una tendencia en algunos tribunales y organismos arbitrales internacionales en casos en donde se debaten conflictos de interés público, por lo que se requiere al CIADI que levante el secreto que envuelve los casos como el de Aguas Argentinas.

Las organizaciones presentantes también anunciaron que denunciarán las deficiencias estructurales procedimiento del CIADI ante las autoridades del propio Banco Mundial y los países interesados.

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