Organizaciones sociales impugnan la candidatura de Daniela Ugolini a jueza del Superior Tribunal de la Ciudad (No hay Derecho- Blog)

Las organizaciones entienden que Ugolini no cumple con los requisitos de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso con los derechos humanos, que son exigidos para ocupar tan importante cargo. La impugnación presentada pretende aportar elementos de análisis para el debate sobre la conformación de una justicia democrática e independiente en la Ciudad y remarcar la responsabilidad política en la elección de jueces que no acrediten un incuestionable compromiso con estos valores.

“Las posiciones jurídicas y valorativas expresadas en sus dictámenes como Procuradora General de la Ciudad entre 1999 y 2000 y actualmente como Fiscal de Cámara resultan proclives a evitar el control judicial de los actos de la administración y representativas de una concepción muy débil y restrictiva de la función judicial en la protección de los derechos humanos, especialmente respecto de los sectores más vulnerables”. Para el CELS, estos antecedentes resultan incompatibles con el perfil requerido para integrar el tribunal que interpreta en última instancia los derechos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, reconocidos en la Constitución local, la nacional y los pactos internacionales de derechos humanos.

Las consideraciones analizadas en la impugnación evidencian “una grave confusión entre la defensa del interés general y el interés del Estado y hacen sospechar de su capacidad para sostener independencia de criterio como jueza del máximo tribunal de la Ciudad”.

Las organizaciones recordaron que fue la candidata del actual jefe de gobierno de la Ciudad, quien apoyó en su momento el cierre de la muestra artística de León Ferrari sosteniendo que se trataba de una obra “anti-cristiana” en manifiesta violación a la libertad de expresión y la prohibición de censura previa y quien opinó que se debía pedir el consentimiento del marido, aún en los casos en que existiera consentimiento informado de la mujer, para una operación de ligadura de trompas.

Por otra parte, fue Ugolini quien avaló en diversas oportunidades con sus dictámenes decisiones del gobierno restrictivas de derechos, que afectaban fundamentalmente a grupos especialmente vulnerables. En sus actuaciones, Ugolini no reconoció la vigencia de los derechos constitucionales a una vivienda digna, a la salud, al trabajo, a peticionar a las autoridades, entre muchos otros. Por el contrario, fue partidaria de sobreponer a estos derechos el ámbito discrecional de la administración, convirtiéndolos en meras gracias o facultades del gobernante.

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ALGUNAS PERLITAS DE LA CANDIDATA DE MACRI

La candidata de Mauricio Macri para ocupar una vacante en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad consideró que las mujeres casadas no están capacitadas legalmente para tomar decisiones por sí mismas en relación con la anticoncepción y, en consecuencia, necesitan del permiso de su esposo. Esa es la concepción ideológica sobre la autonomía femenina dentro del matrimonio que tiene Daniela Bruna Ugolini, según se desprende de un dictamen que firmó cuando fue procuradora general de la Ciudad. Ante el pedido de una ligadura tubaria en un hospital público, Ugolini dictaminó que a las mujeres casadas se les debía exigir como requisito el consentimiento de su cónyuge, aun cuando hubiera una indicación terapéutica precisa que recomendara ese método quirúrgico para salvaguardar su vida. La defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, se encargó en aquel momento de cuestionar en duros términos su posición: “Sólo se puede concluir en que dicho requisito logra la reducción de una persona con plenas facultades a la de una persona incapaz, cuya voluntad sobre su propio cuerpo no resulta soberana ni aun con prescripción médica y por estar en serio peligro su propia salud”, escribió Pierini (fuente: Página/12).

– ACIJ planteó un amparo para que se ordenase al gobierno porteño que diera un servicio de agua urgente a cuatro manzanas de la Villa 31 Bis que “no cuenta con ningún acceso a la red de agua potable”. Un juez hizo lugar y la gestión PRO apeló. Ugolini pidió la revocación de la sentencia: consideró que ningún magistrado le puede imponer al Ejecutivo “una obligación de hacer determinando” ni “la forma en que el suministro de agua debe realizarse” (fuente América Latina Unida).

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