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Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por el creciente conflicto entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema

El Estado de Derecho tiene entre sus pilares el funcionamiento de un Poder Judicial independiente. Como resultado de la introducción de mecanismos de publicidad y participación ciudadana en el proceso de designación de jueces/zas del máximo tribunal, y luego de diversas reformas introducidas en su funcionamiento interno, nuestro país cuenta con una Corte Suprema legítima, con miembros que han dado muestras de independencia e idoneidad. Esto, vale destacar, ha redundado en un mayor reconocimiento y protección de los derechos de las personas.


El avance que significó para nuestra democracia la renovación y el fortalecimiento de la Corte Suprema es tan notorio que cuenta con la aprobación casi unánime de las representaciones políticas y los movimientos sociales de la Nación. Es imprescindible consolidar este camino y evitar regresiones que socavarían los principios democráticos y republicanos de nuestra Democracia Constitucional.


Como todo poder público, el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia están sujetos a la crítica y la rendición de cuentas sobre su actuación, y es deseable el involucramiento activo de la ciudadanía en el debate sobre los asuntos públicos que llegan a sus estrados. Más aún, el sistema de frenos y contrapesos que caracteriza a nuestra estructura institucional alienta al diálogo entre los distintos poderes del Estado y admite desacuerdos, por más profundos que fueran. Sin embargo, la saludable crítica, y el desacuerdo sobre cuestiones constitucionales, traspasan un límite cuando la discrepancia se manifiesta mediante descalificaciones injustificadas y agravios personales, que destruyen la discusión razonada y minan los canales de construcción institucional pluralista.


La constitución de una Corte Suprema independiente, legítima e idónea representa un activo de nuestro Estado de Derecho que es necesario sostener. Es deseable que todas las autoridades de la Nación converjan y hagan expreso reconocimiento de este acuerdo básico.