13.01.06 // Novedades, NOVEDADES

Organizaciones de derechos humanos denuncian al gobierno misionero ante ONU por violar independencia judicial

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Poder Ciudadano, y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) señalaron en su presentación el serio riesgo que corre la independencia judicial en Misiones.

“El gobierno parece haber tomado la decisión política de renovar masivamente la judicatura, a fin de someterla políticamente. En tal sentido, se pusieron en marcha los mecanismos constitucionales previstos para la destitución de magistrados que se han mostrado independientes del gobierno, y se modificaron normas legales de forma tal que el gobierno pueda designar una mayor cantidad de jueces en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia”, consideraron las ONG.

En particular, hicieron referencia a los procesos de destitución iniciados contra la Ministra del Superior Tribunal de Justicia, Marta Catella, contra el juez penal Horacio Alarcón, y contra el Fiscal de Estado, Lloyd Jorge Wicström.

Las organizaciones destacaron que a pocos días de que Catella se pronunciara en contra de los intereses del oficialismo, desde sectores cercanos al gobierno se inició un proceso de destitución que ha tomado una velocidad inusual. “La rapidez con la que se están llevando a cabo las etapas procesales hace dudar seriamente del respeto a la garantía del debido proceso. De hecho, la comisión investigadora de la Sala Acusadora emitió dictamen acusatorio no solo sin escuchar a la jueza, sino sin siquiera haberle dado traslado de las pruebas en su contra”, advirtieron.

Otro caso de invasión a la independencia judicial que mencionaron las ONG es el del juez penal Horacio Alarcón, quien había ordenado el procesamiento del hijo de una diputada del partido de gobierno, muy cercana al gobernador, por el delito de homicidio. Días antes de que venciera el plazo para elevar la causa a juicio, y habiéndose producido nueva prueba que comprometía seriamente al hijo de la diputada, el hermano de la diputada pidió la destitución del magistrado y el Jurado de Enjuiciamiento, de forma irregular, requirió al juez Alarcón que le enviara el expediente y le ordenó —sin ningún tipo de atribución para hacerlo— que se abstuviera de efectuar cualquier movimiento en la causa.

El tercer caso citado en la nota es el del Fiscal de Estado Lloyd Jorge Wicström, quien ha denunciado diversos casos de corrupción administrativa del actual gobierno.

Otro ejemplo de avance sobre el Poder Judicial implementado por el poder político es la reciente derogación de la ley 3964, que le permite al gobierno designar mayor cantidad de jueces en el Superior Tribunal de Justicia y así obtener el control del Cuerpo.

Para mayor información, comunicarse con Juan Antoniassi, de ACIJ, al 4381-2371; o con Demián Zayat, del CELS, al 4334-4200.

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