20.03.09 // Novedades, NOVEDADES

Organismos de control en cuestión (Agencia IPS)

“Desde 2008 estamos alertando sobre el riesgo que corre la independencia y la autonomía de los organismos de control, que son requisitos mínimos para cumplir con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que el país ratificó”, dijo a IPS Laura Alonso, de la organización no gubernamental Poder Ciudadano.

La renuncia a mediados de este mes de Nicolás Garrido, a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), dependiente del Ministerio Público, es “una de las consecuencias más fuertes y visibles” de las acciones que “corroen la autonomía” de los organismos de control, aunque hay otras situaciones, señaló.

Entre esos otros casos, Alonso se refirió al nombramiento en la Oficina Anticorrupción (OA) de Julio Vitobello, un ex colaborador del gobierno de Cristina Fernández, “sin antecedentes suficientes” para el cargo y “sin una consulta pública” sobre su nombramiento que dotaría de mayor transparencia a una institución que depende de la presidencia.

“Hay resoluciones que recortan solapadamente atribuciones y conflictos en organismos con mayoría oficialista”, advirtió Alonso. “Son hechos preocupantes que muestran una tendencia a intentar recortar funciones”, añadió.

Poder Ciudadano expresó su expectativa de que el nuevo fiscal anticorrupción sea, como Garrido, un funcionario capaz de ganar un concurso público y de someter su nombramiento a la aprobación del Senado antes de ocupar el puesto vacante.

En Argentina, además de la FIA y la OA, tienen la misión investigadora de los funcionarios públicos el Defensor del Pueblo de la Nación, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoria General de la Nación (AGN), presidida por un experto de la oposición, Leandro Despouy.

En todos los casos hay denuncias por limitaciones o avanzadas sobre esos organismos del Poder Ejecutivo.

Vitobello es señalado por los activistas de no empujar las investigaciones y permitir que en 2008 el Ministerio de Justicia suspendiera los concursos para la selección de personal técnico que lleve adelante las investigaciones.

En la AGN, si bien el presidente es de la oposición, hay un equipo de auditores cuya mayoría responde al oficialismo que intenta en el Congreso legislativo limitar la competencia del presidente de la auditoria para dar informes a publicidad, indicaron.

La última crisis se manifestó cuando Garrido difundió su dimisión con argumentos que llevan a pensar al menos falta de apoyo oficial. “Infinitas dificultades, tropiezos, zancadillas, inenarrables resistencias, deficiencias normativas y estructurales”, enumeró, y señaló además la falta de recursos materiales y humanos para su oficina.

El ahora ex fiscal consideró que el recorte de sus funciones, que la Procuraduría negó, “deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no se condice con las capacidades con que se la dotó a costa de los contribuyentes”.

Para Poder Ciudadano, las razones de Garrido echan luz sobre “la lesión a los principios de autonomía que sufrieron los órganos de control” en Argentina.

Por su parte, el también no gubernamental Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (Cipce) consideró que la renuncia “muestra el fracaso” de la gestión actual en materia de investigación de delitos económicos y corrupción, y responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por esa situación.

El Cipce remarcó que, además del alejamiento de Garrido, los fiscales federales “como mínimo han fracasado en los objetivos de esclarecer los casos de corrupción”. Según la entidad, en Argentina se iniciaron 750 causas por corrupción en los últimos 25 años que tienen, en promedio, una duración de 14 años y sólo 14 condenas.

En su paso por la fiscalía, Garrido, nombrado en 2003, denunció la manipulación de datos estadísticos, apeló el cierre de la causa que investiga un presunto aumento irregular del patrimonio de la presidenta Fernández y de su esposo y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner (2003-2007), y se opuso a la renovación de contratos entre el Estado y particulares.

También denunció a un funcionario de la Secretaría de Medios por el supuesto reparto arbitrario de la pauta de publicidad oficial entre medios de comunicación, e investigó el pago de sobreprecios en licitaciones públicas. Todos los hechos observados por Garrido corresponden a los gobiernos de Kirchner y de Fernández, ambos del sector centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista).

A tes de llegar Garrido la FIA sólo presentado cuatro investigaciones en ocho años, mientras que este funcionario renunciante impulsó más de un centenar de denuncias por presunta corrupción desde 2003. Pero aún ninguna llegó a condenas.

Garrido había rechazado un recorte de sus funciones dispuesto en noviembre por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi. “La resolución implica una notoria limitación a los ejes de la gestión que encaré hace cinco años”, lamentó.

La directiva del procurador, dispuesta bajo el argumento de organizar mejor la tarea de todos los fiscales, limita la intervención de la FIA en causas que esa oficina inicie e impide su participación en las que sean iniciadas por otros fiscales.

“Era necesario ordenar el trabajo de los fiscales, pero en la práctica se castigó a quien más trabajó en la lucha contra la corrupción, que terminó perdiendo atribuciones”, declaró a IPS Juan Villanueva, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Para Villanueva, los organismos de control no tienen un desempeño homogéneo. La AGN, dependiente del parlamento, “trabaja muy bien emitiendo informes técnicamente fuertes y muy útiles” y haciendo públicas sus reuniones e investigaciones, destacó.

La OA, en cambio, “perdió mucha consistencia”. “No aporta todo lo que debería. La cabeza de esa oficina es un funcionario nombrado directamente por el gobierno y no siempre por su idoneidad para el cargo”, dijo.
Por Marcela Valente

International Press Service (IPS)

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