08.04.08 // Novedades, NOVEDADES

Ordenan dar vacantes a 8000 chicos (La Nación)

En un fallo de segunda instancia, la Justicia ordenó al Ministerio de Educación porteño arbitrar los medios necesarios para garantizar las vacantes de unos 8000 chicos menores de cinco años que hoy no pueden acceder al preescolar o a las salas de jardines de infantes y maternales.

La sentencia fue dictada por los camaristas Carlos F. Balbín, Horacio G. Corti y Esteban Cantenaro, y confirma el fallo del juez Guillermo Fabio Treacy, que en agosto del año último había intimado al gobierno de la ciudad a poner en marcha medidas transitorias para asegurar el acceso a la educación inicial de los niños de 45 días a cinco años.

La medida cautelar fue presentada por la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), legitimada para actuar por tratarse de un derecho de incidencia colectiva. La entidad sostuvo que la cantidad de chicos sin vacantes viene creciendo desde 2002, lo que convierte el derecho a la educación en una “obligación sistemáticamente incumplida”.

La sentencia ordena al gobierno local que “diseñe y ejecute urgentemente medidas, al menos provisionales, tendientes a remediar la falta de vacantes en el nivel inicial”. Y cita el art. 24 de la Constitución de la ciudad, por el cual “la ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública en el cual el Estado”.

Al fallo judicial se suma el reciente reclamo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que advirtió que unos 8300 niños están en lista de espera para ingresar en la educación inicial.

En noviembre último, antes de asumir, el ministro de Educación, Mariano Narodowski, compartió un encuentro con la defensora del pueblo, Alicia Pierini, sobre la falta de vacantes escolares, y coincidió en que se trata de un problema urgente y preocupante.

En la presentación judicial, la ACIJ advirtió que en los últimos años se registró una subejecución del presupuesto destinado a infraestructrura escolar: dejó de utilizarse el 32,3% de los recursos.

El juez de primera instancia había ordenado al Ministerio de Educación porteño “cesar en su omisión de asegurar y financiar el acceso a la educación inicial” y pidió el detalle de obras ene ejecución y proyectos de otras necesarias para satisfacer la demanda educativa. Advirtió que los plazos de ejecución de los trabajos no podrán exceder el ciclo lectivo 2010 y reclamó medidas para asegurar las vacantes a partir de 2008.

El gobierno apeló y argumentó que “no existe una obligación constitucional incumplida” y que la sentencia judicial “transgredió una zona reservada a los poderes políticos”. El fallo de la cámara, que también podrá ser apelado, sostiene, al respecto, que “la fiscalización que cada uno de los órganos del gobierno ejerce con respecto a los otros es la característica distintiva del principio de división de poderes”.

Frente al problema de las vacantes, los magistrados señalan: “Surge de manera clara y elocuente que una cantidad altamente considerable de niños y niñas de 45 días a 5 años (aproximadamente 8000) en los hechos no gozan del derecho constitucional a la educación inicial”.

Sostiene que “el incumplimiento del mandato constitucional es aún más palmario si se tiene en consideración que son dos organismos del Estado local [los ministerios de Educación y de Derechos Humanos y Sociales] los que tienen entre sus funciones la alta misión de asegurar a los niños más pequeños el acceso a la educación”.

La politicóloga Nuria Becú, coordinadora del programa Igualdad Educativa de la ACIJ, dijo ayer a LA NACION que “el fallo es un paso superador” y recordó que el gobierno tiene la obligación de distribuir los recursos para garantizar que no se vulnere el derecho al acceso a la educación”.

La Nación

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