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ONG advierten que un proyecto de ley sobre la Defensoría del Pueblo es inconstitucional

Organizaciones de la sociedad civil cuestionan en el Senado el proyecto de ley que permitiría designar por tiempo indeterminado un Defensor del Pueblo de la Nación Adjunto. Esta ley perpetuará la acefalía de la Defensoría del Pueblo y sería inconstitucional.

(Buenos Aires, 1 de diciembre de 2014) – Un grupo de cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron una carta al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, Senador Marcelo Fuentes, en la cual manifiestan su profunda preocupación por el proyecto de ley en virtud del cual se propone la modificación del artículo 13 de la ley 24.284 “Defensoría del Pueblo”, respecto del procedimiento para designar a un Defensor/a Adjunto/a. Dicho proyecto de ley formula que en los casos de cese de funciones del Defensor/a del Pueblo “la Comisión Bicameral podrá designar un adjunto/a que durará en el cargo hasta la designación del nuevo Defensor del Pueblo”.

Las organizaciones sostienen que la iniciativa vulnera el artículo 86 de la Constitución Nacional, en tanto permite perpetuar la acefalía de la Defensoría del Pueblo, y eludir -mediante la designación de un defensor/a adjunto/a por tiempo indeterminado-, el procedimiento constitucional de designación del/a Defensor/a. De aprobarse el proyecto, quien ejerza la titularidad de la Defensoría podrá ser designado/a por la mayoría simple de una Comisión Bicameral, violando el mandato constitucional que requiere de consensos amplios, que incluyan a una mayoría calificada de las dos terceras partes de los/as legisladores/as.

Por todo lo antedicho, las organizaciones firmantes solicitaron que se les conceda el uso de la palabra en el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en la que se debatirá el proyecto de ley citado el martes próximo.

Las organizaciones firmantes son: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Poder Ciudadano.