13.03.07 // Novedades, NOVEDADES

Obligan al gobierno porteño a dar datos (La Nación)

En una decisión judicial infrecuente, un juez de la ciudad de Buenos Aires condenó al Ministerio de Educación porteño a entregar, en un plazo de diez días, información estadística que una ONG había solicitado sobre niños y niñas que no acceden a la escuela primaria.

El juez en lo contencioso administrativo Fernando Juan Lima -que enmarcó su fallo en la ley de información pública que rige en la ciudad- rechazó el argumento de la Dirección de Educación Primaria porteña de que no contaba con la información solicitada y le ordenó suministrarla.

La demanda fue presentada en octubre pasado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), tras dos pedidos infructuosos de acceder a los datos que buscaban por los canales regulares.

En concreto, pedían conocer la cantidad de chicos inscriptos en escuelas primarias porteñas, según distritos y grados, para el período 2001-2006. También, la cantidad de chicos en lista de espera en esos mismos grados y para esos años, y las medidas que se estaban tomando para resolver la falta de vacantes, un problema que afecta principalmente a los chicos de las zonas más desfavorecidas de la ciudad.

Iniciada la demanda judicial, la Dirección de Educación Primaria afirmó no contar con esos datos: “No hay datos procesados informáticamente ni por ningún otro medio”, respondieron, y agregaron que “ni siquiera cada establecimiento posee elaborada y procesada tal información en su propio ámbito”. La ACIJ presentó al juez documentación que acreditaba la existencia de esos datos. En su fallo, el juez consideró que la respuesta oficial fue “ambigua e incompleta”.

“Diariamente damos información, pero a veces nos piden datos que no podemos ofrecer en su totalidad, sino sólo parcialmente. La cobertura de vacantes es un movimiento permanente. Todo el tiempo se presentan chicos y vamos reubicándolos, sobre todo en la zona sur. Va cambiando el número de los que no tienen vacantes. Nos piden precisiones que no podemos tener”, argumentó a LA NACION Carlos Prado, director de Educación Primaria.

En cuanto a datos de años anteriores, Prado afirmó que “la lista de espera es un documento transitorio que no queda registrado”. El funcionario afirmó que en estos días los supervisores deben recoger y enviar los datos sobre vacantes insatisfechas y disponibilidades en distintos distritos.

Reticencias que persisten

“Hay un problema en la ciudad de falta de normativa en el registro de información estadística en temas de educación. Por un lado, hay falta de producción de algunos datos. Por otro, los procedimientos no están centralizados por lo que la información que se entrega muchas veces es inconsistente o se contradice entre distintas dependencias”, comentó Martín Sigal, codirector de la ACIJ.

Pero al mismo tiempo persiste, comentó, “una cultura reticente en el Estado a dar información pública”. “Sin acceso a esta información, se hace difícil controlar los actos de gobierno y se vulnera ese principio republicano”, dijo Sigal.

No es la primera vez que esta ONG se enfrenta a dificultades, evasivas y excusas para acceder a información pública. Les sucedió antes, recordó Sigal, con datos sobre subsidios a escuelas privadas, vacantes para el nivel inicial y temas presupuestarios.

“Este reclamo tiene que ver con la protección del derecho a la educación, que está siendo vulnerado o limitado cuando los chicos no pueden acceder a la escuela”, afirmó Sigal.

Raquel San Martín

La Nación

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