24.04.14 // Destacadas (medios), Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (medios)

Nuestros representantes cruzaron la raya

Por Juan Ortiz Freuler, abogado de ACIJ.

Las últimas 3 sesiones del período legislativo 2013, que marcaban el fin de mandato de la mitad de los miembros de la Legislatura porteña, se caracterizaron por ser extremadamente céleres: en poco tiempo se aprobó un polémico paquete de leyes y se cubrió más de una docena de cargos en organismos de control. Durante esos días desde ACIJ cuestionamos fuertemente algunas de las leyes sancionadas y algunas de las designaciones, pero sobre todo objetamos la modalidad de su tratamiento, pues en el marco de un proceso poco transparente muchos de los/las legisladores/as salientes fueron designados en organismos de control en esas mismas sesiones, y afirmamos que ello “definitivamente creaba conflictos de interés” (tanto al momento de votar leyes y cargos, como posteriormente en cabeza de ex legisladores/as que desde los organismos de control en los que habían sido designados tuvieran que controlar a su partido o las leyes que ellos mismos habían votado).

Una muestra de las gravísimas consecuencias de este proceder por parte de la Legislatura es que en la última sesión del año se aprobó una designación que viola la Constitución de la Ciudad: el reemplazo de una Auditora General de la Ciudad por un Auditor varón dejó al Colegio de Auditores integrado por 5 varones y 2 mujeres, lo cual viola el requisito constitucional que fija en 70% el máximo de personas de un mismo sexo en organismos colegiados. En esa sesión, luego de votar a favor y de que el reemplazo fuera aprobado prácticamente por unanimidad, una legisladora preguntó si dicha designación respetaba el cupo, y en la versión taquigráfica la respuesta del presidente se lee: “No lo sé. Creo que sí (risas). No le puedo responder. Supongo que sí.” Y punto. Cambiaron de tema.

A 3 meses de este hecho, y a casi un mes desde que junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) enviáramos una nota a todos los integrantes de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura solicitando una rectificación, aún no hemos recibido respuesta.

El lunes 31 de marzo comentábamos esta situación en un programa de radio, cuando el periodista Juan Miceli puso al aire a Lidia Saya, ex legisladora porteña (PRO), que el mismo día que se votó el recambio en la Auditoría fue designada Defensora del Pueblo Adjunta. La ex legisladora confesó que si bien “tanto desde la Auditoría (…) como el resto de las bancadas (…) se planteó esta salvedad [el incumplimiento del cupo previsto en la Constitución] finalmente los jefes de bloque decidieron que había que sostener el acuerdo político.”

A los pocos días de la entrevista radial presentamos junto a las cuatro ONGs una nota en la Defensoría del Pueblo solicitando que se expida sobre la designación irregular en la Audito­ría porteña. El “caso” es sencillo desde un punto de vista técnico. Sin embargo, sucede que tanto el Defensor del Pueblo­, como cuatro de sus cinco adjuntas/os son ex legisladoras/es que votaron a favor del reemplazo inconstitucional en la Auditoría, apenas unas horas antes de que la misma Legislatura los/las designara en la Defensoría del Pueblo.

Los nuevos referentes de la Defensoría del Pueblo enfrentan entonces su primer gran desafío: ¿serán capaces de actuar con independencia desde los cargos en los que fueron designados y denunciar formalmente el actuar de la misma Legislatura de la que formaron parte, y de cuyos acuerdos participaron?

Si los “acuerdos” que suscriben los políticos son considerados superiores a la Constitución por nuestros representantes en la Legislatura, y por la Defensoría del Pueblo, entonces se habrá quebrado el Acuerdo mediante el cual accedimos a que nos representaran. No sólo debe rectificarse la designación en la Auditoría. Es necesario que comience a cambiar la cultura político-partidaria. Un pronunciamiento firme por parte de la Defensoría del Pueblo indudablemente sería un pequeño, pero significativo, primer paso. Un segundo paso podría ser legislar para evitar que quienes ocupen cargos en organismos de control puedan quedar expuestos a situaciones como las que enfrentan el Defensor del Pueblo y cuatro de sus cinco adjuntos/as.

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