13.10.14 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Discapacidad y DDHH (medios), Educación inclusiva (medios), Igualdad Educativa (medios)

No sólo es posible, sino también un imperativo jurídico

Por Magdalena Orlando

Hoy, la inclusión social es un tema central, en tanto promueve la armonía social. Nadie duda de la capacidad transformadora de la escuela en este tema. Pero nuestra escuela ¿transforma?

El sistema educativo homogeneiza, y ésa es una de las razones por las cuales muchos alumnos aprenden menos de lo que podrían, otros quedan afuera y otros permanecen sin encontrarle sentido. Esta realidad es un aprendizaje que marca la vida de los alumnos, un modelo que impacta sobre los docentes y, sin dudas, sobre la sociedad toda, que luego reproduce mediocridad, exclusión y falta de sentido.

Dado que el derecho a la educación se interrelaciona con el goce de otros derechos fundamentales, es claro que el sistema educativo así planteado daña la trama social, en lugar de potenciar el bien común.

Urge una revisión crítica y constructiva del sistema. No una más de las tantas, sino una revisión hacia un sistema de educación inclusiva con un plan que contemple la modificación de las normas y prácticas actuales. Hacerlo no sólo es posible, es un imperativo jurídico.

Digo que es posible porque lo demuestran más de 20 años de desarrollos en el tema, progresos pedagógicos basados en las neurociencias que amplían los modos de aprendizaje y su implementación en algunos lugares del mundo donde ya ha mostrado ser un sistema superador en lo académico y en lo social.

Destaco que la educación inclusiva siempre es de “calidad”, pues fomenta la excelencia brindando más oportunidades en equidad, permite hacer y aprender más al potenciar las expectativas de logro de cada estudiante y promueve su participación y sentido de pertenencia.

En este sentido -porque asegura el ingreso, trayectoria y finalización de estudios-, es en rigor el único sistema capaz de garantizar que la obligatoriedad de la educación sea una realidad y no una mera declaración de principios desmentida por los alarmantes niveles de deserción que hoy registramos.

Como imperativo jurídico, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ley 26.378 en nuestro país, plantea que para asegurar el goce del derecho a la educación, los Estados parte asegurarán sistemas de educación inclusiva. Se trata de una convención de derechos humanos y desarrollo que si bien hace foco en las personas con discapacidad, pues se generó para asegurar el goce de derechos humanos fundamentales en igualdad de condiciones con las demás, brinda pautas claras para una sociedad más respetuosa para todos.

¿Seguiremos convalidando por acción u omisión un sistema educativo ineficaz que reproduce inequidad y devuelve a la sociedad más de lo mismo, o asumiremos la responsabilidad del cambio?

Están los desarrollos teóricos y prácticos para asumir esa responsabilidad. El imperativo jurídico, también. Hacen falta la decisión política y el compromiso de la comunidad para avanzar hacia un sistema eficaz para todos.

La autora es docente en Flacso y consultora en Inclusión Educativa y Social.

La Nación