20.10.06 // Novedades, NOVEDADES

Multan al gobierno porteño por entorpecer a la Justicia (La Nación)

La justicia porteña condenó al gobierno de la ciudad a pagar una multa de 2000 pesos por actuar de mala fe y demorar sin motivo una causa judicial en su contra.
La maniobra castigada consistió en haber apelado, con el único objetivo de ganar tiempo, una resolución de primera instancia que ordenaba al gobierno porteño brindar información solicitada por una organización civil sobre la ejecución del presupuesto educativo en la Ciudad, entre 2001 y 2005.
La artimaña sucedió en mayo y quedó al descubierto por la filtración en el expediente de una nota interna en la que el entonces procurador general adjunto de Asuntos Contenciosos, Miguel Freixa, admitía que la apelación había sido presentada “a los únicos fines dilatorios”.
Esa nota iba dirigida a la Secretaría de Educación del gobierno porteño, la dependencia que debía entregar los datos solicitados. “Se hace saber que se ha procedido a interponer apelación a los únicos fines dilatorios. En consecuencia, es necesario que nos haga llegar a la mayor brevedad posible la información requerida”, decía la comunicación interna.
La situación fue denunciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la organización que había pedido los datos a la Secretaría de Educación y que, ante la negativa, había presentado una acción de amparo ante la Justicia, en diciembre pasado.
La solicitud de la ACIJ se basó en la ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires, que habilita a cualquier persona a requerir información pública a todos los organismos de los tres poderes del Estado.
Unos días después de apelar el fallo de primera instancia, el gobierno porteño entregó a la Justicia los datos sobre el gasto educativo, por lo que, el 5 del mes actual, la Sala II de la Cámara declaró abstracto el caso.
Pero, alertados de la maniobra dilatoria, en la misma resolución los camaristas Nélida Daniele, Esteban Centenaro y Eduardo Russo multaron a la Ciudad y le ordenaron, además, pagar los gastos del proceso.
“Conducta maliciosa”
Los jueces sostuvieron que “la conducta asumida por la demandada resulta maliciosa”, dado que “el recurso de apelación fue planteado al solo efecto de obstruir el curso normal del proceso o a retardar su resolución”.
Los magistrados, además, culparon al gobierno porteño por la mala utilización de los recursos judiciales. “El tribunal no puede soslayar que la actitud dilatoria fue la que originó toda la acusación procesal desplegada en esta segunda instancia, con el consiguiente dispendio injustificado de recursos de este poder del Estado, circunstancia que incide negativamente en el ejercicio de la función jurisdiccional.”
Para Mariela Aisenstein, del área de litigios de ACIJ, se trata de “una falta de respeto al sistema judicial y a los propios ciudadanos”. La abogada dijo a LA NACION que se vieron obligados a ir a la Justicia porque “el gobierno no quiere entender” que existe el derecho de acceso a la información.
En el gobierno porteño culparon por el episodio a Freixe, que fue desplazado de su cargo en junio pasado y reemplazado por Víctor Zamenfeld. “Mi intención es recuperar esa plata. La tiene que pagar el doctor Freixa”, dijo a LA NACION el procurador general de la Ciudad, Agustín Zbar.
El funcionario detalló que está intentando suspender el pago de un plus a Freixe, que se abona a todos los funcionarios que al dejar sus cargos hacen un informe de gestión.
Zbar contó que se había sorprendido mucho por la resolución y detalló que el mismo día en que había sumido su cargo, el 6 de junio, le había pedido la renuncia a Freixa porque consideraba que no era la persona más idónea para el cargo.
“Lo que hizo Freixa no es una costumbre de esta procuración. Nosotros litigamos de buena fe”, dijo.

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