10.12.09 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS

Mirando al Sur (Revista Veintitrés)

El cuadro comparativo impacta: en el distrito escolar 10 (Núñez y Belgrano) hay 24 escuelas públicas para 6.400 alumnos de nivel primario. En promedio, cada colegio tendrá 267 alumnos y, de tener sólo un curso por año, cada aula albergaría 38 chicos. En el distrito escolar 21 (Villa Lugano y Villa Riachuelo), para el mismo nivel, hay 14 escuelas públicas para 9.600 alumnos. Es decir que cada edificio recibirá 685 chicos y cada aula contendría 98 estudiantes, siempre considerando un salón por cada año. Si a esas cifras se le suma que, según el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, en algunos barrios de la zona norte la proporción de las familias que eligen escuelas privadas y públicas es de 70 a 30, las diferencias adquieren categoría de exclusión.

La situación motivó a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a presentar una acción de amparo a fines de 2006, cuando había seis mil chicos sin vacante. La causa tiene dos fallos contra el gobierno porteño y cuenta con la presentación de otras asociaciones y particulares –entre ellos la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)– como amicus curiae para expresar su posición. En la actualidad, hay 4.500 niños en espera de vacantes.

La cuestión a dilucidar es si la ciudad de Buenos Aires no tiene recursos o si se trata de falta de decisión política. “El gobierno porteño contó y cuenta con recursos económicos para revertir el tratamiento discriminatorio que hoy reciben los estudiantes de la zona sur. Pero en los últimos años subejecutó los fondos destinados a infraestructura escolar. Hay una ineficiente gestión administrativa o falta una clara voluntad política”, afirma Martín Sigal, director de ACIJ.

“Durante esta gestión hemos puesto especial énfasis en atender necesidades de infraestructura edilicia y nuevas escuelas para la zona sur”, sostiene por su parte Mariano Narodowski, ministro de Educación de la ciudad, y menciona la construcción de 14 escuelas en el centro y sur del territorio capitalino. Nada dice del colegio Normal 8 de San Cristóbal, cuyas paredes continúan perdiendo el revoque, situación que motivó una protesta de los padres. Más allá de las palabras del Ministro, los establecimientos educativos del sur de la ciudad tienen una matrícula más alta y menos escuelas que los del norte, las aulas están superpobladas con más de 30 alumnos por salón. Esa es una de las razones por las que los padres no consiguen vacantes y son derivados a otras escuelas a las que, muchas veces, no pueden acceder o por falta de dinero para los viajes o por cuestiones de horarios laborales. Y si bien el gobierno pone micros a disposición de los alumnos, en ocasiones no son suficientes y en otras no son gratuitos, lo cual originó otra denuncia judicial de la ACIJ.

“En los barrios de clase media las escuelas tienen hasta 20 alumnos por aula, lo que permite un seguimiento individual y hacer intercambios orales para desarrollar las habilidades. Cuando hay más de 30, es imposible; cuando hay superpoblación la lengua oral queda segregada y los que más necesitan acceder a ella continúan excluidos. Además, muchos de esos chicos llegan a la escuela con dificultades para expresarse”, explica Lila Wolman, una maestra que conoce de cerca el problema porque trabaja en las dos áreas.

Los recursos con que cuentan las instituciones también son diferentes según la ubicación geográfica: mientras que en el distrito 15 (Villa Urquiza, Saavedra) la falta de comedores escolares afecta al 30 por ciento de las escuelas, en el distrito 20 (Mataderos, Liniers) esta falta se registra en el 50 por ciento de los colegios. En muchos casos, para solucionar la falta de aulas se ocuparon las destinadas a materias curriculares como música, plástica o computación o se construyeron en espacios comunes destinados a recreación.

“Soy discapacitado visual y estoy desocupado. Tengo cinco hijos menores y el único ingreso fijo es un plan social de mi mujer. Presenté el certificado en la secretaría de la escuela, y mi situación también se expuso en el Ministerio. Sin embargo, este año ni siquiera le entregaron a mi hija el formulario para la inscripción a las becas”, sostiene una de las presentaciones que recibió la Defensoría del Pueblo porteña. La realidad socioeconómica redimensiona el problema educativo, ya que en la zona sur habita la mayor parte de la población de escasos recursos, la que está bajo la línea de pobreza o directamente en la indigencia. Una posibilidad de evitar que los niños de esas familias reproduzcan la situación hasta el infinito es brindarles una educación solvente. Para eso, las becas cumplen una función fundamental. La cuestión es eje de uno de los tantos expedientes iniciados por la Defensoría.

La cantidad de maestros es otra arista de la desigualdad. El sistema es claro: los docentes acceden a suplencias o titularidades por puntaje: cuanto más alto –lo cual supone mayor calificación–, más posibilidades de elegir escuela. Son contados los casos de docentes que optan por las escuelas cercanas a las villas o barrios con altos índices de marginalidad, menos recursos, más alumnos y peores condiciones edilicias. El sistema descansa en que siempre habrá maestros que por edad y trayectoria no tienen puntaje y deberán aceptar el destino aunque no les agrade.

Ernesto García, director de una escuela de la villa 21 de Barracas, llegó a la zona “por compromiso y responsabilidad. A estos niños debemos dotarlos de más conocimientos para terminar con la infamia de la pobreza. Aquí es donde se debe poner el hombro y la creatividad”. También debería ponerse calidad en las viandas, ya que es la población más necesitada de suplementos alimenticios. Valentina Gleizer Goyeneche, con hijos en edad escolar, denunció ante la Defensoría que mientras en la zona norte se entrega leche de una marca de primer nivel, en el sur se distribuye otra.

Según el estudio que elaboró ACIJ durante tres años, “el Estado no respeta sus compromisos en materia de igualdad educativa, profundizando las desigualdades de origen entre las personas”. Y Sigal agrega: “La educación pública debería neutralizar esas desigualdades, proveyendo herramientas para desarrollar una vida autónoma más allá de dónde les haya tocado nacer. Nuestro sistema de educación pública hace justo lo contrario”.

Por Pablo Sigal

Revista Veintitrés

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