19.10.09 // Novedades, NOVEDADES

Más límites al acceso a la información (La Nación)

En uno de los momentos de mayor encono del Gobierno con los medios de comunicación no es oportuno ni halagüeño que haya sido retirado de la Web el sitio www.mejordemocracia.gov.ar , dedicado a facilitar el libre ejercicio del acceso a la información pública, para sustituirlo por el de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En él, todas las fotografías y los videos tienen un único protagonista, Aníbal Fernández. Tiene también un apartado especial para el Programa Fútbol para Todos,en el cual se puede acceder a las tarifas de publicidad para los partidos que se emiten por la TV pública.

No conforme con el burdo reemplazo, el Gobierno suspendió un seminario internacional sobre acceso a la información que iba a realizarse en la Argentina. Frente a estos atropellos, ocho organizaciones dedicadas a la defensa de un baluarte de la libertad de expresión como es el acceso a la información han expresado su lógico malestar.

El sitio ha dejado de existir desde octubre. Reunía, desde 2004, documentos y datos de vital importancia para que la ciudadanía pueda ejercer el sano derecho del acceso a la información pública.

Si a ello se suma la cancelación de la visita al país de la relatora para la Libertad de Expresión de las Américas, cargo inscripto en la Organización de los Estados Americanos (OEA), el retroceso es evidente y, desde luego, condenable.

No es un gobierno el que concede graciosamente el derecho al acceso a la información. Desde 2003, el decreto 1172, "Mejora de la calidad de la democracia y de sus instituciones", firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, es un instrumento fundamental por el cual cualquier persona puede requerir, consultar y recibir la información que desee.

El Gobierno debería informar tanto a la ciudadanía como a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Periodismo Social y accesolibre.org si, en efecto, ha cambiado su política y, por ello, ha decidido desandar el camino que, con mucho esfuerzo de parte de esas organizaciones y de otras, se ha logrado transitar.

Es preocupante que, por una aparente necesidad de espacio en un universo infinito como es la Web, se haya decidido trasplantar a esa dirección, precisamente, la página de una dependencia del Poder Ejecutivo en la cual, sin reparos ni pudores, el personalismo del jefe de Gabinete se impone en cada imagen y en cada título.

El acceso a la información, mal que les pese a algunos poco interesados en que se expanda, es un derecho más. Es la garantía de la democracia, de la libertad de expresión y de otros derechos fundamentales.

Es deseable que en un momento tan delicado y preocupante sea restituido ese dominio para que vuelva a tener el contenido que ha sido retirado.

Lejos está el Gobierno, deudor de una norma legal que establezca en forma definitiva el acceso a la información, de obtener algún rédito de esta medida arbitraria e inconsulta por la cual se priva a la ciudadanía de una herramienta para obtener del Estado aquello que el Gobierno no suele brindar de la forma más correcta y ordenada: la información.

La Nación

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