02.05.08 // Novedades, NOVEDADES

Maltrato institucional a los pobres (Clarín)

La condición de pobre de una persona no solo dificulta económicamente el acceso a bienes y servicios sino que le impone obstáculos formales para desempeñar diferentes actividades dentro de la sociedad. Ilustrativo de ello resulta la extendida circunstancia de que aún cuando una persona de bajos recursos posea fondos para afrontar un alquiler de una vivienda digna no lo pueda concretar por no poseer las garantías exigidas normalmente por los locatarios. Como consecuencia, algunas habitaciones en villas de emergencia de esta ciudad y en hoteles de pasajeros se alquilan por casi el mismo precio que lo que cuesta un espacio semejante en un departamento con comodidades básicas. Según las últimas estadísticas, solo en la Ciudad de Buenos Aires hay más de trescientos mil personas con problemas habitacionales. Muchas de ellas podrían pagar el precio del alquiler de una vivienda digna pero habitan en condiciones deplorables por la informalidad en la que se encuentran. Por otra parte, los pobres deben pagar más que el resto de la población por algunos servicios. El ejemplo más claro es el del gas natural, que cuesta varias veces más para quienes lo consumen en garrafa (la mayoría de ellos, pobres) que para los que lo reciben por red.

En un país en el que existe un imperativo tan claro de mejorar la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad, conviene distinguir aquellos aspectos de la pobreza que se vinculan a aspectos económicos de aquellos que tienen otras explicaciones. Para atacar los primeros, el Estado debe progresivamente mejorar la distribución de los recursos. En relación a los segundos, debe remover inmediatamente —pues no hay restricciones presupuestarias que lo impidan— las barreras que hacen que los pobres no obtengan un mejor trato.

Por: Ezequiel Nino
CODIRECTOR DE LA ASOCIACION CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA

Clarín

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