19.06.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Poder Judicial y Democracia (medios)

Macri y la justicia porteña (Editorial)

Sorprende la desidia del jefe de gobierno de la ciudad, que no ha nombrado aún sucesor para la vacante en el Tribunal Superior

Editorial del Diario La Nación

En tiempos en que la oposición subraya con razón el maltrato a las instituciones de la República en el que incurre el gobierno nacional, sorprende la desidia con la que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destrata al Tribunal Superior. En efecto, hace tres años que Julio Maier renunció a su cargo y aún hoy su lugar continúa vacante.

Luego del intento frustrado de designación de la doctora Daniela Ugolini, que desembocó en un conflicto de poderes, Mauricio Macri ha dejado pasar su primer mandato sin nombrar sucesor. Llama la atención que en un sistema jurídico que, como el de la ciudad, otorga al Tribunal Superior la capacidad de controlar la constitucionalidad de las leyes en forma directa y abstracta, el jefe del Ejecutivo no asuma como prioridad la responsabilidad de designar a uno de sus miembros.

No se trata únicamente de la pérdida de la oportunidad política de designar un magistrado independiente y capaz, sino que esta llamativa inacción impacta en el trabajo diario del Tribunal, dado que la vacante atenta contra la legitimidad de las decisiones de los miembros actuales y afecta la calidad de sus deliberaciones. Por tal motivo, la falta de impulso del Poder Ejecutivo para cubrir ese importante cargo deja de ser a estas alturas el mero ejercicio de una prerrogativa para convertirse en el incumplimiento de un deber.

La ciudad goza de una ciudadanía muy participativa, de una Constitución generosa y de un sistema jurídico que se ha hecho eco de las demandas ciudadanas. Es por eso que varias organizaciones de la sociedad civil -Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Unión de Usuarios y Consumidores, entre otras- han reclamado enérgicamente que se normalice esta situación. En particular la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ha enviado una carta al jefe de gobierno para instarlo a cubrir la vacante, y ha insistido además en que se cumpla con un procedimiento abierto y transparente que garantice la calidad en la designación.

En ese sentido, es preocupante que algunos de los candidatos que circulan presenten como mérito ser personas cercanas al gobierno local, o incluso familiares de miembros de Pro, como el caso de Esteban Centanaro, camarista del fuero contencioso administrativo. Sin embargo, han circulado nombres de personas con gran trayectoria, como Carlos Balbín, también camarista, o incluso el de Manuel Garrido, actual diputado nacional y ex fiscal de investigaciones administrativas. También ha circulado que el puesto se le habría ofrecido a Martin Böhmer, profesor de las universidades de San Andrés y de Buenos Aires, quien tiene gran prestigio en la academia y en la sociedad civil.

Las lecciones que deja el papelón institucional que significó la propuesta fallida de Daniel Reposo para el cargo de procurador general de la Nación deben ser tomadas en cuenta por el gobierno de la ciudad. Las personas idóneas no escasean. El prolongado tiempo transcurrido demuestra que falta una decisión institucional que se ponga por encima de las negociaciones diarias de la política partidaria y asuma con seriedad la obligación de consolidar el Estado de Derecho para la ciudadanía porteña.

Diario La Nación

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