21.06.06 // Novedades, NOVEDADES

Los servicios públicos en la mira (Diario Judicial)

Dos organizaciones no gubernamentales presentaron en la Justicia tres acciones de usuarios y consumidores para que se declara la inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley 24.240 de consumidores, fueron presentadas contra las renegociaciones del Gobierno con las empresas de Gas Natural Ban, Edesur y Edenor y se encuentran radicadas en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Ninguno de esos nuevos contratos fueron aprobados expresamente por el Congreso Nacional. El acuerdo con Gas Natural Ban fue ratificado por el Poder Ejecutivo en abril pasado, mientras que los de Edenor y Edesur se encuentran en estado de proyecto de decreto, le informaron a Diariojudicial.com en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que junto con las Organización de consumidores Libres presentaron las acciones.

El artículo 4 de la Ley 25.790 establece que: “El Poder Ejecutivo Nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por el artículo 20 de la Ley 25.561”. En los siguientes párrafos el artículo señala que “corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de 60 días corridos de recepcionada la propuesta” y que “cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo Nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo”.

“La aprobación tácita de los acuerdos es evidentemente inconstitucional, ya que a partir de la reforma constitucional de 1994 quedó explícitamente consignada la obligación de manifestar la voluntad parlamentaria expresamente y consecuentemente prohibida la expresión tácita”, señaló a través de un comunicado la abogada de ACIJ, Verónica Tarzia.

“Al prescindirse del cumplimiento de la instancia deliberativa e intervención institucional que compete al Congreso, se viola el derecho a la participación e información pública de los usuarios, agregó Tarzia.

Las acciones están acompañadas de medidas cautelares para que, en el caso de Gas Natural Ban, no se aplique el acuerdo hasta tanto se dicte sentencia. En cuanto a las empresas eléctricas se solicitó que el Poder Ejecutivo no ratifique el contrato de renegociación hasta que no sean aprobados por el Congreso.

Las acciones quedaron radicadas en el Juzgado de primera instancia en lo Cotencioso Administrativo Federal N° 10 de Liliana Heiland (Gas Natural Ban); el Juzgado N° 7 de María Cristina Carrión de Lorenzo (Edesur); y el tribunal N° 9 de funciones y que deberá afrontar un juicio político.
Según datos de ACIJ, en el 2005 y el 2006 el Poder Ejecutivo realizó 28 renegociaciones con empresas privatizadas de servicios públicos, de las cuales 18 llegaron al Congreso (luego de pasar por las distintas etapas del proceso como la audiencia pública). De esas 18, sólo una fue ratificada por el Poder Legislativo, el de la empresas EDELAP. Los 17 contratos restantes cuentan con la aprobación tácita y siete de ellos ya fueron ratificados por la Casa Rosada (Edelap, Distrocuyo, Transener, Transba, Autopistas ddel Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Gas NaTURAL Ban).

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