19.12.10 // Novedades, NOVEDADES

Los otros derechos humanos (La Nación)

 Hay palabras sagradas que, de tanto usarlas -de tanto fatigar su sentido en la lucha doméstica por el poder- van perdiendo su peso real. Y hasta su significado político verdadero.

 Es lo que parece estar sucediendo en nuestro país con el debate por los derechos humanos, que el Gobierno puso entre las prioridades de su agenda como signo distintivo de su gestión, pero que desde hace casi tres décadas se asocia casi exclusivamente con las víctimas del terrorismo de Estado.

 Sin embargo, algo parece estar cambiando en los significados de esas banderas, por momentos demasiado manoseadas. Los muertos de Soldati, por ejemplo, forzaron a repensar, durante la última semana de locura, el verdadero alcance de las obligaciones de los Estados -tanto Nacional como porteño- para garantizar derechos básicos. E instalaron, también, preguntas nuevas: ¿el acceso a una vivienda digna, contenida en las promesas de campaña del gobierno porteño, no es, también, un derecho humano? O, bien: ¿cómo "nombrar" la ausencia del Estado nacional, como garante fundamental de la paz social, en los primeros días del conflicto? A fines de noviembre, y ante la represión policial a la comunidad Toba de Formosa que dejó dos muertos, heridos, y casas quemadas (aunque con evidente menor visibilidad que los hechos sucedidos en Capital), habían surgido otros interrogantes: ¿por qué un Gobierno comprometido con los derechos humanos miró para el costado ante este ataque o no saltó con igual indignación que ante el crimen de Mariano Ferreyra?

 Temas que parecen tan disímiles como la libertad de expresión, los chicos desnutridos de Misiones o la seguridad son considerados hoy, por muchos actores sociales, parte de una agenda contemporánea de derechos humanos. Un ejemplo de estos días: el avance del gobierno de Hugo Chávez para regular los contenidosde Internet -básicamente, el intento de neutralizar voces críticas- mereció un alerta reciente de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ve peligrar la libre circulación de las ideas.

 Entonces, ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de derechos humanos?

 El constitucionalista Daniel Sabsay da un definición clara y simple: "Son todos aquellos espacios de libertad que le garantizan a una persona el desarrollo de una vida digna". La palabra clave aquí parece ser "digna" porque esa dimensión -la de dignidad- incluye la garantía de muchos aspectos, como salud, vivienda o alimentación, e incluso la demanda de no vivir en un lugar contaminado, que hacen, también, a la calidad de vida. Por su parte, el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, destaca que a los derechos humanos siempre los viola el Estado, nunca un particular. "Lo demás, son delitos, donde debe intervenir la Justicia. Eso es lo que enseñamos en la Universidad y es una diferencia básica".

 Para el juez de la Corte, Raúl Zaffaroni, "para no perdernos, cuando hablamos de derechos humanos, debemos ceñirnos a una noción internacional: todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene un mínimo de derechos que ningún Estado puede desconocerle".

 Zaffaroni lo explica con más detalle: "No puede haber derechos humanos individuales sin los sociales y viceversa. Esto es simple: si me dan libertad y no me dan pan, usaré la libertad para reclamarlo y me lo tendrán que dar o me quitarán la libertad. Viceversa: si me dan pan sin libertad no podré controlar al que reparte, que al final se quedará con todo".

 La idea contemporánea sobre derechos humanos nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas, en 1948, después de los horrores del Holocausto. Sin embargo, y tal como señala Sabsay, esta cultura de derechos se fue desarrollando a lo largo del tiempo y a través de diversas generaciones. En el siglo 18 y 19, explica Sabsay, se produce la primera generación de derechos, donde predominan los individuales: el derecho a la vida, a comerciar, al trabajo, a profesar diversas religiones, etcétera. A fines, del siglo 19 y principios del 20, se consagran los derechos sociales, que protegen a los trabajadores y que coinciden con la doctrina social de la Iglesia (algunos lo llaman liberalismo social). En esta segunda generación, entra el derecho de huelga. Y en la tercera, los que hacen a la calidad de vida, que incluye los de incidencia colectiva. Esta última generación de derechos, apunta, básicamente, a humanizar las condiciones de la sociedad de consumo".

 Finalmente, Sabsay destacó que el acceso a una vivienda digna -eje del conflicto en Soldati- está consagrado en nuestro país en la Constitución de 1957. "Lejos de ser nuevo, es un derecho consagrado desde hace 53 años". La reforma constitucional de 1994 elevó y reforzó esas garantías, con la adhesión a tratados y pactos internacionales", explica. La Constitución de la Ciudad también es moderna y progresista, tanto que la brecha entre la ley y los hechos suele ser inmensa.

 Precisamente, desde el macrismo, interpelado esta semana por los hechos del Indoamericano y las polémicas declaraciones de Mauricio Macri en torno a la inmigración, Daniel Lipovetzky, secretario de Inclusión y Derechos Humanos, recordó que, como la Declaración Universal fue escrita después del Holocausto, "es lógico que haya sido concebida entendiendo al gobierno, y al poder en general, como algo intrínsecamente peligroso, un poder que es necesario limitar. En nuestro país, en forma análoga a lo sucedido durante el nazismo, el Estado se puso patas para arriba cometiendo horrendos crímenes de lesa humanidad y utilizando todos los mecanismos establecidos para proteger a los ciudadanos en contra de ellos: es también lógico, entonces, que la idea de los Derechos Humanos se haya localizado en las antípodas del poder y del pensamiento conservador".

 A esta altura, tercia en la polémica otro constitucionalista, Gregorio Badeni: "La noción de defensa de los derechos humanos asociada casi exclusivamente a las víctimas del terrorismo de Estado responde a una concepción ideológica, que no acepta el Estatuto de Roma ni la Corte Penal Internacional. La violación de esos derechos puede provenir de grupos ajenos al gobierno local o enfrentados con él, que no tienen reparos en provocar el terror y atentados contra la población civil, tal como aconteció con los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA"

 Víctimas, visibilidad y derechos

 Hay muchos factores políticos, económicos, culturales y también muchos prejuicios que impiden "ver" ciertos crímenes, omisiones y falta de garantías básicas como lo que son: violaciones a los derechos humanos. Una razón importante la marca el codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Gustavo Maurino: "Nuestras capacidades culturales para comprometernos con los ideales de la igualdad, respeto por la diversidad cultural e inclusión están en proceso inicial de construcción. Tengamos presente que en nuestro país las mujeres fueron tratadas como incapaces hasta hace pocas décadas, los pueblos originarios recién recibieron el reconocimiento de su identidad cultural en 1994, las personas con discapacidad fueron legalmente tratadas como parias y librados a su propia suerte individual hasta hace pocos años, por citar sólo algunos ejemplos. Es decir, la ‘cultura de derechos’ todavía tiene un gran desafío para desarrollarse".

 El tema de la visibilidad social de un conflicto -es decir, el espacio que se le dedica en el debate colectivo- es otro punto a tener en cuenta. Como dice Pérez Esquivel: "De la represión a los pueblos originarios de la comunidad Toba Qom, de la comunidad La Primavera, en Formosa, se habló dos o tres días y desapareció de los medios. Existe discriminación racial en estos temas. Y, en este caso, el Gobierno nacional miró para un costado porque la represión se produjo en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, su aliado político".

 Hace unos días, Julio Montero, presidente de Amnistía Internacional Argentina escribió una carta de lectores a La Nacion sobre este tema en la que decía: "Lamentablemente, durante el fin de semana, mientras el ministro [Florencio Randazzo] pensaba sobre el asunto, tres menores tobas de La primavera aparecieron muertos al costado de una ruta cercana. Mucha gente de la comunidad dice que tenían golpes y piensan que se trata de un crimen. El Poder Ejecutivo sigue sin responder y sin asumir compromisos. Mira para otro lado".

 Y remata Montero: "Este gobierno dice tener un firme compromiso con los derechos humanos. Este es un buen momento para que demuestre que sostiene ese compromiso incluso cuando las violaciones de derechos humanos son perpetradas por sus aliados políticos".

 La asociación entre progresismo o izquierda y derechos humanos también es susceptible de prejuicios. Lipovetzky, en nombre del macrismo, responde a esta pregunta. ¿Se puede ser de centroderecha y tener una agenda sustentable de defensa de derechos humanos?

 "La asociación de los Derechos Humanos con el progresismo y la izquierda responde a otro momento histórico, pero en la actualidad es una visión anacrónica. Los Derechos Humanos no necesitan sostenerse desde ningún sector político en particular, deben y necesitan sostenerse desde todos y cada uno, por ello, el ejercicio colectivo de la memoria se hace imprescindible. Un ejemplo de compromiso es que durante nuestra gestión se ha brindado reconocimiento por primera vez desde 1983 a los empleados municipales desaparecidos", dice.

 Igual que el gobierno nacional, también el macrismo miró para el costado en Villa Soldatti, echándoles la culpa a diversos blancos (punteros kirchneristas, inmigrantes desbordados, etcétera) y omitiendo hacerse cargo, por ejemplo, de las promesas inclumplidas de urbanización de villas y construcción de viviendas sociales.

 Como reflexiona Maurino: "La Nación y la Ciudad asumieron la obligación de garantizar progresivamente el acceso a vivienda digna; pero en todo nuestro país el acceso a la vivienda está radicalmente librado al mercado inmobiliario y financiero. En sociedades brutalmente desiguales, sin crédito para los sectores más pobres, ese modelo libertario de regulación tiene fallas estructurales que siempre impedirán el acceso a este bien fundamental de la dignidad y la autonomía que es la vivienda".

 Al parecer, los Estados tienden a demorar y evitar el reconocimiento público de sus obligaciones constitucionales porque ello implicaría que su margen de discrecionalidad política se limitara y quedara sujeta a reclamo, control y rendición de cuentas.

 Como dice el directivo de ACIJ: "En relación con la vivienda -pero también con la salud, la alimentación, etcétera- los gobiernos se comportan aún como si las políticas públicas fueran un asunto de buena voluntad y no de obligaciones incondicionales y prioritarias".

 Pero, ¿qué sería tomarse en serio los derechos humanos?

 "Una redefinición significativa de la estructura presupuestaria de los gobiernos y sus prioridades de inversión y gasto público", dice Maurino.

 Claro que, como explican todos los especialistas consultados, desde distintas disciplinas, los derechos tienen sus jerarquías -que remiten al bien jurídico a proteger: un ránking de prioridades, donde la vida está indudablemente al tope de la lista- y no hay que confundir preferencias sociales -como podría ser no querer vivir cerca de una villa- con derechos sociales.

 Sabsay tercia en este punto: "Los vecinos de clase media de Soldati, que estuvieron 30 años para construir su casa, tienen derecho a quejarse. Y quizá haya algo de racismo en su reclamo, pero lo que básicamente hay es una demanda hacia el Estado, que incumplió sus compromisos".

 Pero, ¿y qué sucede cuando un derecho básico está incumplido, y se lo quiere hacer cumplir compulsivamente, por la fuerza de los hechos, la violencia o la extorsión?

 Badeni es el encargado de responder esta vez: "El acceso al goce de los derechos se debe realizar por vías lícitas, y jamás violando el orden jurídico de un Estado de Derecho. La violación de la ley para satisfacer un derecho al margen de la ley acarrea la violación de los derechos de quienes cumplen con ella".

 En una palabra: la nueva cultura de derechos parece ir pegada a una ampliación de la consciencia social e institucional que permita "ver" a "los otros" como igualmente valiosos. Y finalmente, con esa consciencia colectiva más desarrollada y engordada, construir un Estado que pueda cobijar la vida digna.

Por Laura Di Marco

La Nación

Deje un comentario