24.06.11 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Gobierno Abierto, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana (medios)

Los organismos de control que no controlan a nadie (El Cronista)

Empresas “pantalla”, cheques sin fondo, desvío en el manejo de fondos públicos, estafa en la construcción de viviendas sociales. Éstas son algunas de las denuncias de un caso por presunta corrupción que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y a Sergio Schoklender, a quien Hebe de Bonafini consideraba su mano derecha. Un caso que, hace un año, estaba lejos de convertirse en escándalo público.

Es que fue en junio de 2010 cuando las diputadas de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin, denunciaban ante la Unidad de Información Financiera (UIF) a Schoklender, apoderado de la Fundación, por irregularidades en la compra de 12 lotes en la localidad de José C. Paz a nombre de la empresa Antártica Argentina S.A. “Los orígenes de los fondos no estaban claramente explicitados, como así tampoco el vínculo que unía a Schoklender con la compañía. Esto es característico de operaciones de lavado de dinero, y así lo presentamos ante la UIF”, relata Quiroz.

En el año que transcurrió entre la denuncia de las diputadas y el escándalo público, la UIF no presentó información que mostrara avances en el caso. “No tiene nada que ver con un posible cajoneo. Nosotros nos refugiamos en la confidencialidad de lo actuado: la protección es para los investigados”, se defiende José Sbatella, director de la UIF, en una entrevista con We. A su vez, Sbatella indica que no había suficientes pruebas para determinar un “delito de caracterización de estafa”. “Teníamos indicios de que había desmanejo de fondos, pero no pruebas. Cuando esto toma vida pública, se lo paso al fiscal porque no tenía sentido seguir investigando con ritmos administrativos”, insiste.

Al margen de las explicaciones de Sbatella, esta semana el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al titular de la UIF por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el retraso en elevar a la Justicia la documentación contra Schoklender. Para el radical Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), “no se pueden transferir tantos fondos sin un mecanismo de control efectivo”. A partir de ahora, la AGN será la encargada de seguir la ruta del dinero de este caso, camino que comenzó en los fondos del Tesoro y se transfirió a la Subsecretaría de Viviendas a través del Ministerio de Planificación.

Si bien hoy la investigación genera titulares bajo la órbita del juez Norberto Oyarbide, el interrogante de fondo que surge a partir del caso Schoklender no sólo se enfoca en el funcionamiento de la UIF, sino en el de todos los organismos de control de la Argentina.

¿Qué es lo que lleva a un ente regulador del Estado a demorar en presentarle la información a un fiscal? ¿Existe un motivo por el cual el camino que transita una causa hasta la Justicia se topa con tantos obstáculos? Y, antes que nada, ¿por qué las causas no avanzan hasta que se convierten en un escándalo público?

l Falta de independencia

política

Hernán Charosky, director Ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, dice que el principal desafío es lograr que los entes que fiscalizan al Estado sobrevivan más allá de los gobiernos de turno. “Hace falta una autonomía y una continuidad técnica de los organismos de control independientemente de los cambios políticos”, asevera. “¿Por qué tenemos que llegar a un escándalo muy grande para que haya transparencia y control?”, se pregunta Quiroz, mientras afirma que los entes reguladores están “desmantelados e intervenidos” por el Gobierno. Y agrega: “Esto se explica porque la política del kirchnerismo posee una condición absolutamente necesaria: naturalizar un ejercicio del poder concentrado que deriva en autoritarismo”.

“La magnitud del caso Schoklender da muestra de una lógica sistémica de falta de control de fondos públicos y del sistema de rendición de cuentas”, asegura Renzo Lavín, coordinador del programa de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de Asocación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Para el especialista, a partir de este polémico caso surgieron dos formas erróneas de analizar el funcionamiento de cualquier organismo de control. “Una es poner el foco en las personas que cometieron errores. La forma opuesta, también equivocada, es decir que el sistema funciona mal estén quienes estén. De esa forma, se diluyen responsabilidades”.

La delgada línea que separa al Estado del Gobierno es otra de las cuestiones que toman relevancia a la hora de analizar el funcionamiento de los entes públicos. “Los organismos fallan porque no son independientes. Cuando no forman parte de una política de Estado y forman parte de una política de Gobierno, están sujetos a los objetivos políticos”, sostiene Gustavo Ferrari, diputado nacional por el Peronismo Federal. El caso Schoklender es, para Ferrari, un ejemplo de lo que define como una “intervención” de los organismos de control. “Si la UIF avanza según el color político de las personas investigadas, estamos ante un claro caso de orientación política”.

l Frágil diseño de los

organismos

Las fallas en el funcionamiento de control en la Argentina son resultado, para Hernán Charosky, de una combinación entre problemas de diseño y de voluntad política.

“El diseño institucional de la Auditoría General de la Nación, que es un cuerpo colegiado con representación de los partidos, no ayuda. Debería ser un diseño más técnico. Ése es un problema”, afirma.

Si bien la presidencia de la AGN está siempre a cargo del primer partido de la oposición, las decisiones que toma el organismo se aprueban por mayoría de sus integrantes. “La AGN depende del Congreso, no del Ejecutivo. En la medida en que pueda acceder a la información, trabaja bien”, diferencia Quiroz. Según la diputada de la Coalición Cívica, “hace dos años que la AGN pide informes al Ejecutivo sobre la situación del Belgrano Cargas, y se le niega esa información”.

Asimismo, el director de Poder Ciudadano apunta a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo que supervisa las normas de control interno del sector público y que depende directamente de la Presidencia de la Nación. “El hecho de que la Sigen esté dentro del Poder Ejecutivo no está mal, pero quizá debería existir una mayor autonomía de los auditores internos de los ministerios”.

l Sin ley de acceso a la

información pública

Desde cómo se manejan los fondos públicos hasta informarse sobre la labor de los funcionarios se consideran, en la esfera política, como derechos básicos de los ciudadanos. Sin embargo, aún no hay una ley que regule lo que sí está garantizado por la Constitución: el acceso a la información pública en los tres poderes del Estado.

Una y otra vez, la aprobación de una normativa se discutió en el Congreso, pero recién a fines de 2010 el Senado dio media sanción al proyecto. En lo que va de este año marcado por las elecciones presidenciales -en el que el Congreso muestra un menor nivel de actividad-, todavía no se dio un paso importante para que avance esta normativa.

“El principio que debe regir toda actividad del Estado es el de mayor apertura y transparencia en el manejo de los fondos públicos y que en el país no exista una ley de acceso a la información pública es un obstáculo para ese principio”, señala Lavín. Aprobada en gran parte de los países de América Latina, la ley obligaría al Estado a publicar -de oficio y en Internet- información básica concerniente al gasto público, como es el caso de los subsidios. “La ley de Presupuesto cuenta con información que no está desagregada, es muy técnica y difícil de comprender para la mayoría”, amplía el especialista de ACIJ.

l Cuestión de calidad,

no de cantidad

Reparar las grietas de los organismos no es, para los especialistas consultados por We, una cuestión de sumar nuevos organismos que sigan de cerca el camino de los fondos estatales. “Hay entes de control y son los suficientes. Lo que pasa es que tienen que replantearse sus objetivos, la lógica con la que funcionan -dice Lavín-. La Oficina Anticorrupción (OA) es un órgano que actúa después, una vez que se detectan irregularidades. Ha funcionado bien, pero hace mucho tiempo que no realiza nuevas investigaciones, sino que se limita a seguir las causas que quedaron de antes”.

Según Ferrari, la transparencia en los procedimientos y en la designación de las personas que estarán al frente de los organismos es una de las claves para evitar la politización de los entes de control. “Tiene que existir un concurso público con métodos que tengan garantías de que son personas transparentes y que desean estar en ese cargo”, amplía el diputado.

Por su parte, Despouy considera que “con cada fondo público que se destina, la propia reglamentación debe prever mecanismos de control”.

Otra de las debilidades que se presenta como una variable en común entre los entes de control es la falta de recursos, lo que les impide auditar el universo de organismos públicos en un tiempo razonable.

La AGN, según Lavín, es el ejemplo de un “organismo que vuelve a auditar lo que auditó hace cinco, seis, siete años. Entonces, cuando lo audita, la información llega tarde y finaliza una auditoría de algo que ya no importa”.

l Falta de demanda ciudadana

“Si a la ciudadanía no le interesa cómo se controla el ejercicio del poder, la integridad del gasto público o cómo se asegura la transparencia, no va a haber ningún cambio”. Con esa conclusión, Charosky apunta a la débil demanda social que se observa en la Argentina. “Los políticos tienen que ver que pierden votos y que pueden perder el poder si no gestionan bien y no controlan, si la gente premia a aquellos que ejercen bien las funciones de control”, añade.

Para el director de Poder Ciudadano, el caso Schoklender “no resulta inédito” y sigue la lógica de lo que sucede en el Poder Judicial: “Muchas veces las causas no se mueven hasta que no se convierten en un escándalo público”. Por su parte, el coordinador de ACIJ también opina que la Justicia no está exenta de culpas. “Los casos de corrupción se manejan muy mal dentro del fuero federal, que es el último eslabón de la cadena. La mayoría de las investigaciones prescriben y no llegan a juicio oral. También subraya que existe un “uso oportunista de las causas”, porque son de alto impacto político o económico.

“Hay una cuestión cultural en exigir una política un poco más seria en temas de control”, continúa Lavín. Y concluye: “Un organismo de control es débil cuando la ciudadanía no lo percibe como un actor relevante”

 

Por Jorgelina do Rosario

 

El Cronista

 

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