06.08.06 // Novedades, NOVEDADES

LOS JUECES FRENTE A LA POBREZA: UNA TENDENCIA QUE SE AFIRMA (Clarín)

Pedir un techo donde cobijarse, reclamar por comida, medicamentos, agua corriente para el barrio, el arreglo de las redes cloacales para que las calles de tierra no sean un barrial infecto. Cualquiera de estas necesidades suelen reclamarse a intendentes, legisladores, gobernantes. Pero las cosas están cambiando y es la Justicia la que, cada vez con mayor insistencia, empieza a resolver los pedidos de los vecinos más desamparados. Una Justicia más humana, dicen algunos. O más sensible. O más entrometida en los asuntos de gobierno.
La tendencia empezó a asomar como rareza hace unos cuatro años, tras el derrumbe económico, pero en los últimos meses alcanzó su máxima expresión gracias a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabecera del Poder Judicial, y otras decisiones de la Suprema Corte bonaerense. No se trata de sugerencias del Poder Judicial para que los funcionarios públicos atiendan situaciones de emergencia, sino órdenes de medidas concretas de gestión.
Ejemplos aparecen cada semana. El último fue el martes pasado, en la resolución en la que se autorizó el aborto —aunque finalmente no se hizo— de una discapacitada mental de 19 años. En ese fallo, la Corte bonaerense “exhortó” al Gobierno provincial a asegurarle a la chica y a su mamá, “los medios para satisfacer su salud, tratamiento y necesidades sociales básicas”. Es decir, que el Estado provincial deberá hacerse cargo de las dos mujeres, al menos hasta que el caso abandone el ámbito judicial.
Los derechos a la salud, primero, y a la vivienda y a alimentación, son los que encabezan la lista de garantías que los jueces están imponiendo a los funcionarios públicos. Y la Corte Suprema de la Nación se puso a la cabeza. Hace dos semanas, le ordenó al poder administrativo —en ese caso al Gobierno bonaerense y al municipio de Quilmes— la provisión de comida y asistencia médica para un grupo de familias de villa La Matera, en Francisco Solano (ver página 36).
Fallos de este tipo eran impensables en la Corte Suprema de hace no tanto tiempo, que en 1997 y 1998 había rechazado amparos casi idénticos al de La Matera, presentados por vecinos de Santa Fe. Claro, nada de esto es ajeno a la nueva conformación del Tribunal, que sufrió un fuertísimo recambio con la llegada de Néstor Kirchner al poder. También, dicen, responde a la incorporación al país de los Tratados de Defensa de Derechos Humanos, que reinvindican el “derecho” de los ciudadanos a cubrir sus necesidades básicas, y una nueva interpretación de las leyes que están impulsando los jueces.
Abogados y jueces y funcionarios consultados por Clarín reconocen en la crisis del 2001 la génesis de esta tendencia que parece haber llegado para quedarse. Hasta entonces eran pocos los jueces que se animaban a ordenarle a un gobernante una medida concreta de asistencia social. Entre ellos estaba el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, quien llegó a suspender la construcción de una papelera porque, dijo, podía afectar la salud de los vecinos. Arias dice no encontar un motivo puntual sobre el cambio de orientación de los jueces, más que “en las convicciones personales, ideológicas y éticas”.
Es dificil cuantificar el fenómeno, pero hay algunos indicios. En la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de los doce jueces en lo Con tencioso Administrativo, el fuero que suele recibir estos reclamos, ya ha votado ordenándole al Gobierno porteño medidas concretas a favor de los vecinos. El último lo hizo el viernes 28 de julio, en plena feria judicial, un período de descanso que sólo suele quebrarse para situaciones excepcionales. El juez Osvaldo Otheguy levantó la feria para ordenarle al Gobierno porteño que limpie y prepare un plan clocal para el sector más precario de la Villa 31 de Retiro (ver Limpiar…).
Esa decisión fue en respuesta al reclamo hecho por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG que en el último año logró tres fallos inéditos: que la Justicia atendiera reclamos de vecinos por considerar que estaban siendo discriminados por su condición de pobreza. Esa jurisprudencia, inspirada en casos similares de Estados Unidos, obligó al Gobierno porteño a poner tachos de basura en barrios del sur de la ciudad, cuyos vecinos se sentían discriminados por tener menos tachos que el resto.
Nuria Becú, de la ACIJ, sostiene que estos fallos son posibles gracias a la reforma constitucional de 1994, cuando surgió la opción de litigar por derechos colectivos. Y lo justifica diciendo que los reclamos ante los legisladores o los gobernantes se hacen demasiado engorrosos. “La Justicia hoy es la forma más directa de solucionar problemas”, afirma.
La contracara es el malestar que provocan estos fallos en los funcionarios públicos, que se sienten ultrajados de sus funciones. El poder político por ahora acepta pero con malhumor la “avanzada del Poder Judicial”. Claro que negarse a cumplir un fallo puede significarle desde multas hasta un proceso contra sus funcionarios.
En la Capital y en el Gobierno nacional tienen, por regla, que apelar todos los fallos que afectan a sus gobiernos. Pero eso es lo formal. La realidad es que aceptan las órdenes de los jueces, aunque las cumplen muchas veces a los ponchazos. Sólo la Ciudad de Buenos Aires se anima, por ahora, a cuestionar en la cara a los jueces. Ante la consulta de Clarín, lo hace el secretario de Legal y Técnica de la Ciudad, Sergio Beros: “Los poderes del Estado no deben inmiscuirse. Hay algunos jueces que están vulnerando sus propios umbrales. No puede ser que nos digan cómo generar un programa. Esa es tarea del administrador”, se queja.
Los argumentos de Beros son repetidos, pero en voz baja, por funcionarios provinciales. ¿Se están excediendo los jueces? “Todos los poderes tienen una tendencia innata a querer sustituir a los otros —sigue Beros—, pero es necesario un balance. El límite es cuando le dicen al Gobierno cómo solucionar el problema. Ellos pueden advertir pero no definir un plan”.
Esos límites, claro, son sutiles. Y en la senda más fina caminan cada día más jueces, situación que aprovechan los abogados que suelen acompañar las demandas de los más desamparados. Uno de ellos es Guillermo Permuy Vidal, patrocinante de los vecinos que lograron los amparos de la Corte Suprema. “Lejos de ser una Justicia que administra, es ahora una Justicia que hace aplicar los derechos en forma efectiva”, se envalentona.
María Inés Bianco, también abogada, se ha especializado en demandas judiciales en favor de personas discapacitadas. Bianco trabaja para varias ONG que se ocupan de este tema y asegura que “la Justicia es la vía por excelencia para hacer valer estos derechos (de salud), y en la inmensa mayoría de los casos responde”. Ofrece su propia estadística: los 86 amparos presentados ante distintos juzgados entre enero y julio pasados fueron aceptados. ¿Qué reclamaba en sus presentaciones? “De todo: que el Estado (nacional, provincial o municipal) o las prepagas provean alimentos, vivienda, cobertura de medicamentos o tratamientos a personas discapacitadas que no pueden acceder a esos derechos”.
Claro que no toda la Justicia está subida al mismo tren. “La suerte de estos reclamos depende mucho del juzgado que toque en el sorteo. Algunos son más ortodoxos y refractarios”, dice el abogado de La Plata Carlos Boeri, quien durante el 2006 presentó diez amparos por derechos elementales, con cinco resultados a su favor. Boeri cree que hay un “criterio de apertura” hacia la protección y el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, que “viene bajando desde la Corte nacional y recientemente desde la Corte de la Provincia, gracias a la nueva integración de ambos tribunales”.
Carlos Díaz es otro abogado litigante en cuestiones de derechos humanos básicos, que según sus propios cálculos presenta unos 500 amparos por año. “Empecé hace unos seis años reclamando por cuestiones relacionadas con el derecho a la salud, como remedios o tratamientos. Pero con la crisis tuve que ampliar esos reclamos a otras cuestiones, como la vivienda o el trabajo. No resolvés nada con una persona que no tiene un remedio pero tampoco tiene plata para comer, para tomarse el colectivo y asistir a su tratamiento”, dice. Díaz defiende a los jueces de las críticas que hablan de excesos. “Lo lógico es que todo funcione bien. Pero los jueces tienen que hacer cumplir la Constitución. Si hay una violación de la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, la Justicia debe restituir ese derecho”.
Las quejas de los políticos empezarán a llegar. Los vecinos más desamparados, mientras tanto, no entran en discusiones. Para ellos, donde más rápido, mejor.

Limpiar un desborde cloacal infecto
Los chicos empiezan su día limpios y prolijos, pero andan de aquí para allá a los saltitos, entre piedra y piedra, haciendo equilibrio sobre diminutos cascotes y difíciles lomitas de tierra. Es inevitable: en algún momento caerán sobre el barro de las calles sin veredas o ese barro, negro como petróleo, acabará por colarse en las casitas, arrastrando residuos cloacales, basura, miseria.
En un lodazal infecto se han convertido las callecitas de la Villa 31 de Retiro, a 600 metros de la estación, en las manzanas 11, 12, 13 y 14. ¿Las razones? El Gobierno de la Ciudad había iniciado una obra para proveer al barrio de sistema cloacal, pero la suspendió por razones presupuestarias. Al menos hasta esta semana, cuando debió responder a la orden del juez.
“Con la Justicia se consiguen las cosas más rápido”, dice Ramón Ojeda, el delegado del barrio, que hace seis años se la pasa pidiendo y pidiendo al Gobierno porteño. “A nosotros en general nos ayudan. Pero esta vez suspendieron la obra por falta de plata y acá ya no se puede ni estar”, se lamenta.
El juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Osvaldo Otheguy, el viernes 28 de julio le ordenó al Gobierno porteño que en un plazo de tres días “asegure la higiene y limpieza” de la Villa 31. El reclamo había sido hecho por los vecinos, acompañados por abogados de una ONG. El jueves Clarín estuvo en el lugar y comprobó la llegada de tres camiones atmosféricos, que se dedicaron a aspirar parte del barrial. Aunque no alcanzó a cumplirse con la medida, en la Ciudad prometen que lo harán.

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