25.08.13 // Destacadas (medios), Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

Los costos visibles de un Estado ineficiente

Las tragedias de Once, Castelar y Rosario, imposibles viajes en subte y cortes de luz sin explicación en el país, el Estado parece incapaz de garantizar el funcionamiento mínimo de los servicios públicos, una mezcla de incompetencia, corrupción y falta de control que se agravó en esta década y que cada tanto se cobra su cuota de víctimas.

Por Lorena Oliva.

Reza el saber popular que una fatalidad que podría haberse prevenido no merece llamarse “accidente”.

La reciente tragedia por la quema de pastizales en Chascomús, que dejó dos muertos y una veintena de heridos en la ruta 2, es el calco de otro siniestro ocurrido hace diez años, exactamente en el mismo lugar, que entonces involucró a quince autos. La repetición equipara a nuestro sistema de servicios públicos con una ruleta rusa: de vez en cuando, y cada vez con mayor frecuencia, la ineficiencia y el descontrol estatal se cobran su cuota de víctimas. Cuándo, cómo y dónde, es sólo cuestión de suerte.

“Salvé mi vida de milagro. Pero basta mirar hacia atrás y recordar lo que ocurrió en aquella oportunidad para anticipar la secuencia jurídica que seguirá en ésta. En las próximas semanas se va a sobreseer a la empresa de ferrocarriles y a la concesionaria vial precisando que no se pudo determinar el origen de la quema. Los autos afectados reclamarán indemnizaciones, pero sobre los otros daños que el siniestro ocasionó, no va a haber ninguna indemnización.” El que habla es Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación, uno de los organismos de control más importantes del país, y una de las víctimas del siniestro de 2003.

“Lo peor de todo es lo siguiente: ¿qué duda hay de que esto pueda volver a repetirse? Esto es lo dramático del problema de los servicios públicos en la Argentina: la falta de control se transforma en un drama nacional, por el creciente número de accidentes y pérdidas”, continúa el funcionario.

La tragedia de Once, que hace 18 meses acabó con la vida de 51 personas, es la muestra del estado de abandono en el que funciona el sistema ferroviario argentino, algo que también quedó expuesto en junio último, cuando otro siniestro ferroviario en Castelar se cobró tres vidas más. Y aunque todavía no están claras las responsabilidades en el caso de Rosario, el hecho de que un incidente cotidiano como una pérdida de gas se haya convertido en la trampa mortal de 21 personas, se volvió una pesadilla compartida por todos, concientes en mayor o menor medida del grado de improvisación que rige a todos los servicios públicos del país. Y también, claro está, una muestra dolorosa de lo desprotegidos que nos encontramos en tanto ciudadanos. Al punto que, por ejemplo, las víctimas y sus familiares son quienes mantienen la memoria de las tragedias en la agenda pública, e impulsan la búsqueda de justicia.

Vidas que se truncan inexplicablemente camino al trabajo, la facultad, o incluso dentro del mismísimo hogar, allí donde uno se supone a salvo de todo. La sucesión de fatalidades deja al descubierto la ineficacia estatal a la hora de gestionar lo público -ya sea por desidia o corrupción- y también a la hora de controlar a los privados. Algo que también se percibe frente a indicadores menos trágicos que, de tan frecuentes, se volvieron parte de nuestra cotidianidad: paros abruptos de subtes, cortes de energía eléctrica en pleno verano, deficiencias en el suministro de gas en mitad del invierno, y hasta en la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento.

“La democracia argentina tiene varias cuentas pendientes y una de las más importantes es el claro fracaso de las instituciones de control”, reconoce Sebastián Pilo, del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Lucha contra la Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

“En nuestra labor de monitoreo de las entidades de control nos topamos con el pésimo funcionamiento de los entes reguladores de servicios públicos, la falta de políticas públicas claras en esa materia, la ausencia de información pública, las graves sospechas de corrupción que imperan habitualmente, la paupérrima labor de la Justicia en las investigaciones de corrupción y el seguimiento prácticamente nulo que realiza el Poder Legislativo respecto de la producción del organismo de control externo a su cargo”, continúa Pilo, refiriéndose a la Auditoría General de la Nación (AGN).

Un relevamiento realizado por la ACIJ junto a las fundaciones Poder Ciudadano y Directorio Legislativo, y a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) revela una larga lista de organismos de control que presentan serias deficiencias en su funcionamiento. En lo que hace a los entes reguladores, precisa que tanto la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, así como la Comisión Nacional de Comunicaciones, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Ente Nacional Regulador del Gas son organismos intervenidos por el Poder Ejecutivo.

Organismos tan silenciados como ineficientes que reflejan el estado de cosas en instancias superiores. De acuerdo con el mismo relevamiento, la lista de instituciones que no cumplen adecuadamente con su función de control es bastante larga, e incluye a la Sindicatura General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la Defensoría del Pueblo y hasta el Inadi.

Incluso para el caso de la AGN, uno de los pocos organismos de control -si no el único- respetado por su labor, la investigación menciona fallas. Tanto en lo que hace a la comisión que la encabeza, así como a la pasividad con que suele actuar el organismo que debería tomar la posta de los informes que elabora la AGN, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.

“Presenté un proyecto de reforma de la AGN, que modifica los criterios de selección de los auditores, ya que si bien el presidente es elegido por la oposición, el board que lo acompaña está integrado por miembros de la mayoría, así como los de la Comisión Mixta, donde se sigue igual lógica y por ende, se diluye la pretendida independencia de ese cuerpo”, informa el diputado nacional por la UCR Manuel Garrido, ex fiscal de Investigaciones del kirchnerismo.

BAJO LA LUPA INTERNACIONAL

Un reciente informe de la OEA sobre la implementación en nuestro país de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, publicado en marzo de este año, formula recomendaciones con respecto a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Oficina Anticorrupción (OA) y la AGN.

Y en lo que hace, por ejemplo, a la Sigen, el comité de expertos recomienda “fortalecer sus funciones en relación con las empresas estatales y aquellas en las que el Estado tiene participación accionaria, de tal manera que pueda contar con información sobre la responsabilidad social de las mismas, así como una mayor articulación de funciones con otros órganos, en cuanto se refiere a las acciones relativas al recupero del daño patrimonial causado al Estado y elaboración de información estadística al respecto”, entre otras medidas.

“El Gobierno siempre menciona como un mérito la reconstrucción del Estado y en realidad lo que hubo fue una reconstrucción del Poder Ejecutivo, es decir, del poder del presidente. El resto del Estado continúa arrastrando la decadencia de los noventa”, lamenta el legislador.

Garrido sostiene que la cuestión de fondo que propicia esta situación es muy clara: el control del Estado, la vocación de ponerse límites, no está en la agenda política. “El control implica un alto costo político que el Gobierno no está dispuesto a pagar”, agrega Garrido.

VOCES SILENCIADAS

Pero el costo siempre se paga. Lo pagan los ciudadanos con la cuota diaria de incertidumbre al subirse al tren Sarmiento, también el 16% de los argentinos que aún no contaba con agua potable al momento del último censo, o el 47% de la población que en ese momento carecía de adecuados servicios de saneamiento.

Lo cierto es que hasta las organizaciones de la sociedad civil, en otras épocas grandes protagonistas a la hora de denunciar los desmanejos de las empresas de servicios públicos y la pasividad estatal, han desaparecido del centro de la escena. “Las asociaciones de consumidores deberían ser protagonistas de la gestión y el control del funcionamiento de los entes reguladores y, por ende, de las empresas prestadoras de servicios públicos. Ese rol, al que las organizaciones están llamadas institucionalmente, se enfrenta a resistencias y negaciones sistemáticas. La reciente remoción de Consumidores Libres del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, por difundir un índice de precios que el Gobierno cuestionaba, es quizás la muestra más patente de dichas resistencias”, señala Pilo, de ACIJ.

Hace cinco años, la Defensoría del Pueblo de la Nación elaboró un lapidario informe sobre el estado de los servicios públicos tras la renegociación ocurrida a lo largo del primer tramo de la última década.

“A pesar de que la ley de emergencia económica preveía la renegociación integral de los contratos, el Gobierno sólo suscribió actas-acuerdo provisorias, sin estudios de costos, que beneficiaron a las empresas y, al revés de lo que el oficialismo anunció oportunamente, apenas dos de las 52 empresas desistieron de sus reclamos”, puntualiza el informe. Cinco años más tarde, el panorama de los servicios públicos continúa siendo desolador. Tal vez una de las pocas modificaciones, nada alentadora por cierto, es que desde que Eduardo Mondino ya no está en su cargo, la silla del defensor del Pueblo continúa vacía.

“La cuestión de fondo no se resuelve sólo con mayor control o mayores penalidades, sino con un diseño armonioso y cumplible de contratos donde las empresas prestatarias obtienen los ingresos necesarios y por los mecanismos apropiados (no subsidios vía lobby, como en el caso de los trenes) para dedicarse a mejorar la atención de la demanda y la gestión de sus servicios”, analiza Santiago Urbiztondo, economista jefe de FIEL.

Pero para que eso ocurra habría que asumir, primero, que el actual esquema de servicios públicos es una bomba de tiempo. Un diseño creado en los noventa, emparchado a lo largo de la última década, y lleno de grietas que complejizan la trama de responsabilidades que caben en cada caso.

En este punto es interesante ver lo que ocurre con la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones que, como su nombre lo indica, algo tendría que poder hacer en la búsqueda de un sistema más eficiente. Basta llamar al conmutador de ese cuerpo legislativo para que los operadores deriven a dos internos en los que no atiende nadie. En la nómina de comisiones que figura en Internet, la mencionada comisión no aparece. Seguramente porque, como informan los empleados del despacho del diputado Garrido, este año no se conformó.

“Cada designación arbitraria implica una vulneración del derecho de los usuarios a tener organismos de control técnicos, especializados, independientes e imparciales del poder concedente -el Estado- y de los intereses corporativos de las empresas licenciatarias”, puntualiza Pilo, de ACIJ.

Mientras el Estado se declara ciego, sordo y mudo a la hora de proteger a los ciudadanos, la ruleta rusa del descontrol sigue girando. Cuándo, cómo y dónde se detendrá, es sólo cuestión de suerte.

La Nación

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