10.09.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

Los casos de corrupción demoran más de diez años en llegar a juicio (La Nación)

Un informe del Ministerio Público y de dos asociaciones civiles mostró cómo los acusados se aprovechan de las falencias del sistema para retardar las causas penales

La responsabilidad es compartida: los defensores de los acusados apelan a cuanto recurso les ofrece el sistema para demorar las causas de corrupción y la Justicia, deficiente y burocrática, no les pone freno.

Como consecuencia, hay “prescripciones masivas” y los expedientes tardan en promedio más de una década en llegar a juicio, en los casos en que llegan.

Estas conclusiones son parte de un estudio que se conoció ayer y que fue elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro para la Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap), un organismo oficial que dirige la fiscal Sabrina Namer y que depende del Ministerio Público.

La investigación hizo un análisis detallado de 21 expedientes de corrupción. “Se pensó y realizó a partir de los repetidos sobreseimientos por prescripción de la acción penal, principalmente por violación del plazo razonable, que se vienen produciendo en la causas de corrupción que tramitan en el fuero federal de la Capital”, explican sus autores.

De esas 21 causas -todas con más de diez años de trámite-, tres prescribieron, nueve están en el tribunal oral, seis todavía están en etapa de investigación escrita (previa al juicio) y sólo tres tuvieron condena, afirma el estudio.

De acuerdo con este informe, es “preocupante” la “inactividad jurisdiccional”, pero además los abogados defensores “echan mano de cuanta herramienta pueden, para insumir un tiempo que más tarde esgrimen como una violación de las garantías procesales de sus pupilos”. Y lo hacen “descansando en que los operadores demorarán muchísimo tiempo en abordar cada asunto y resolverlo”. Prueba de que buena parte de los recursos se presenta únicamente para demorar las causas es que sólo el 4% de las veces la Justicia les da la razón a los defensores respecto de estos planteos.

Otro problema es que el 38% de las veces que se apeló una decisión del juez, se congeló la investigación, pese a que correspondería que la Justicia siguiera investigando mientras la Cámara resuelve si hace lugar a la apelación, trámite que demora más de cuatro meses (y en alguna ocasión más de un año).

El informe advierte que desde que se comete el delito hasta que el tema llega a la Justicia “transcurren alrededor de 40 meses”. Además de demorar los procesos, esto conspira contra su éxito. “Los primeros momentos posteriores a la comisión de un delito son fundamentales a la hora de efectuar la recolección de elementos probatorios”, sostiene el informe, que afirma que cuanto más tiempo pasa, más posibilidades hay de que se pierdan o se destruyan pruebas.

Una de las instancias más clásicas donde los procesos se frenan es mientras se llevan adelante los peritajes contables. La complejidad de los estudios, la sobrecarga de tareas sobre los expertos (sólo hay 13 en funciones) y la gran cantidad de definiciones que se les piden, en muchos casos innecesarias y mal planteadas, son otro motivo frecuente de las demoras en las causas de corrupción.

La Nación

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