Los cambios que sugieren jueces y especialistas (Clarín)

Para mejorar la calidad de la Justicia en las causas por corrupción, las fuentes consultadas por Clarín ofrecieron distintas -aunque en casi todos los casos coincidentes- medidas. Algunas de ellas requieren de cambios estructurales o la sanción de nuevas leyes. Otras podrían ser de ejecución inmediata, según la voluntad y la organización de cada juzgado federal.

Los abojados de la ACIJ Luis Villanueva y Dante Leguizamón piden "una reforma integral del código procesal penal, acorde a un sistema acusatorio moderno que tenga en cuenta el principio de publicidad, oralidad e inmediación; que limite el sistema recursivo para evitar prácticas dilatorias por parte de las defensas y que permita la participación de la sociedad civil en las investigaciones. Además, se debería crear un organismo jurisdiccional de investigación independiente del Poder Judicial -que permita una investigación ágil-, organismos locales de control de garantías y una policía especializada que asista en la investigación de este tipo de delitos." Para mejorar la pobre planificación de las investigaciones, Villanueva y Leguizamón proponen redactar un manual "como los que existen en otros países".

El juez federal Daniel Rafecas ofrece un punteo sintético:

Desmantelar el modelo inquisitivo y reemplazarlo por uno acusatorio.

Reducir al mínimo la instrucción preparatoria, para un envío expeditivo del caso a juicio oral.

Reforzar los mecanismos de selección y remoción de jueces y fiscales, con mayor transparencia y participación de los ciudadanos.

Ampliar las estrategias del Estado para embargar y decomisar bienes producto de la corrupción.

Reducir a una mínima expresión la capacidad de apelaciones durante la instrucción.

Cambiar los procedimientos para oralizar la mayoría de los pasos de la instrucción.

Reforzar las dotaciones de los cuerpos periciales contables.

Capacitar a todos los agentes judiciales -desde empleados hasta jueces- en casos complejos de corrupción.

Rafecas enumera modelos que la Argentina podría emular: "el Crown Prosecutor Service de Inglaterra, o los equipos anticorrupción de la policía israelí. También son muy buenas la experiencia chilena, la organización de los fiscales federales en Estados Unidos y la oficina anticorrupción española".

Además de coincidir con las reformas propuestas por el juez federal, el ex fiscal de investigaciones administrativas Manuel Garrido pide que se garantice a los fiscales el acceso directo -sin trámites previos- a expedientes y documentos públicos, documentación bancaria, de la AFIP y de la Unidad de Investigación Financiera. "También debería sancionarse una ley que proteja a denunciantes y testigos, y habría que auditar los juicios más relevantes y sancionar (si corresponde, remover) a los responsables de contribuir por dolo o negligencia a su fracaso."

Para el especialista en fraudes y ex perito contable de la Corte Alfredo Popritkin "resulta urgente encabezar los organismos de control e investigación con técnicos expertos, impermeables a las presiones y con recursos adecuados, capacidad de decisión, seguridad y continuidad en sus funciones, y formar equipos de expertos en investigar delitos complejos".

Clarín