03.10.13 // Destacadas (medios), Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

Los bienes de funcionarios

Por ley, en nuestro país y desde este año, los ciudadanos deben tener libre acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. El decreto reglamentario de esa disposición fue publicado en el Boletín Oficial el 17 del mes pasado. Sin embargo y contrariamente a lo que se pregona, no todos los datos serán de acceso público. Por caso, si bien esos empleados estatales están obligados a entregar una declaración similar a la de Ganancias y Bienes Personales como el resto de los ciudadanos, los funcionarios corren con ventaja, pues no se les exigirá hacer público el patrimonio de cónyuges, ni convivientes ni hijos no emancipados, como tampoco detallar tenencias accionarias ni empleos anteriores.

En ese contexto, resulta imprescindible la aplicación que acaba de lanzar LA NACION, una herramienta inédita que permitirá acceder al patrimonio de un centenar de integrantes del Poder Ejecutivo, de 83 diputados y senadores, y de 86 jueces federales, pudiendo incluso esa información ser descargada de la computadora.

Son más de 600 declaraciones juradas en las que constan documentos originales y visualizaciones interactivas con el fin de transparentar la información sobre los bienes de los principales funcionarios. Incorporar y sistematizarla llevó más de un año de trabajo en conjunto entre LA NACION; las ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano. Y, gracias al apoyo de Knight-Mozilla Open News Foundation, se puso en línea el sitio interactivos.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas.

Entre otros, se puede acceder a datos sobre tipos de inmuebles, vehículos, joyas, armas y obras de arte; los sueldos de los funcionarios, sus ahorros, la participación en empresas, títulos y deudas, entre otros ítems. Se trata de una aplicación que lleva hasta la PC del lector un enorme cúmulo de datos hasta ahora dispersos, facilitando su lectura e interpretación, pues se han trabajado los elementos de manera de hacer accesible lo complejo.

Conocer el patrimonio de los funcionarios no representa un mero acto de curiosidad. Su acceso y control es necesario para corroborar que no se use la función pública para negocios personales, como lamentablemente observamos con frecuencia los argentinos. Disponer de información sobre los bienes de quienes desempeñan altos cargos estatales es un derecho que nos asiste a todos como ciudadanos. Luchar contra la corrupción no debe ser una tarea excluyente de fiscales y jueces, sino un deber impostergable para cada uno de nosotros.

La Nación