22.06.10 // Novedades, NOVEDADES

Ley de cupo en Jujuy: ONGs rechazan enjuiciamiento a jueces (Política Argentina.com)

El 27 de mayo, el Tribunal en lo Contencioso y Administrativo de Jujuy falló a favor de un recurso de amparo presentado en marzo de 2009 por un grupo de ciudadanas y ciudadanos que reclamaron que se establezcan cuotas de participación femenina en la política. La sentencia establece 90 días de plazo para que el Poder Ejecutivo y el Legislativo sancionen una ley de cupo. En respuesta a la sentencia, los legisladores provinciales justicialistas impulsaron el 8 de junio un jury de enjuiciamiento tendiente a que se remueva de sus cargos a los magistrados intervinientes.

Al conocerse esta decisión, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Igualdad (MEI) decidieron emitir un comunicado rechazando enérgicamente tal avasallamiento de la independencia del poder judicial.

“La iniciativa de promover un juicio político por el mero desacuerdo con las decisiones judiciales es incompatible con la vigencia de los principios de independencia judicial” sostiene el comunicado y agrega que los integrantes del Tribunal “no hicieron otra cosa que buscar un remedio para la clara violación constitucional existente en la provincia de Jujuy, en la que el mandato del artículo 37 y la cláusula transitoria segunda de la Constitución Nacional lleva más de 15 años sin ser efectivizados”.

Para quienes firman el documento (Natalia Gherardi de ELA; Gastón Chillier de CELS; Gustavo Maurino de ACIJ; Monique Altschul de MEI y Álvaro Herrero de ADC) de prosperar la promoción del jury de enjuiciamiento, éste funcionaría como “una clara amenaza a todo juez o jueza provincial que entienda que una violación constitucional deba ser remediada por la Legislatura de la provincia”. También destacan que un poder judicial independiente es una garantía indispensable para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, la plena vigencia de los derechos y el respeto por las garantías constitucionales.

El principal argumento de los diputados para realizar el jury de enjuiciamiento es que existe un abuso por parte del Poder Judicial. Sin embargo para las ONGs encuadrar este supuesto en la causal de “incumplimiento en los deberes a su cargo”, implica desconocer que el Poder Judicial debe defender la Constitución tanto cuando se la viola por leyes y decretos que la contradicen como cuando, por una omisión legislativa, como en el presente caso, no se cumple con sus mandatos. Y esto no puede ser aceptable en un estado republicano, democrático y con compromisos internacionales relacionados con los derechos humanos, como es el caso de Argentina.

 

Por Paula Rey

Política Argentina.com

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