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Ley de alquileres: una medida acertada pero insuficiente

 
 
La Legislatura porteña aprobó hoy un proyecto de ley que prohíbe a las inmobiliarias exigir cualquier tipo de pago en concepto de honorario o comisión a quienes alquilan inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Esta sanción implica una mejora en las condiciones de acceso al alquiler, en una ciudad en la que más de un tercio de sus habitantes resuelve su situación habitacional mediante un contrato de locación.
 
 
 
Sin embargo, la iniciativa excluye una serie de propuestas del proyecto presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, La Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, como crear un sistema público de garantías, establecer la gratuidad de las certificaciones de las firmas, crear oficinas públicas de asesoramiento y adoptar medidas para evitar prácticas discriminatorias. Además, el proyecto creaba una mesa de trabajo para la formulación de políticas públicas que promovieran la oferta de inmuebles en alquiler para sectores medios y bajos y establecía mecanismos más eficientes que fiscalicen el cumplimiento de las leyes que regulan este mercado. 
 
Estas propuestas abordan una serie de aspectos problemáticos que una legislación que se oriente hacia la intervención integral y estructural sobre el mercado de alquileres no debería desconocer.