03.05.19 // Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (novedades)

Legalizar el financiamiento empresario de las campañas electorales significa un retroceso para la democracia

El pasado 16 de abril, la Cámara de Senadores de la Nación dio media sanción a la reforma de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos. El proyecto incluye varias modificaciones al régimen vigente, entre las que se destaca la modificación del artículo 44 bis que permitiría en el futuro el aporte de personas jurídicas a las campañas de los partidos políticos electorales.

El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y  favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general. El fin de las empresas es el lucro y la razón por la cual deciden aportar a las campañas electorales es la posibilidad de recuperar esa “inversión” a través de la obtención de contratos públicos o de regulaciones que redunden en beneficios económicos para sí o para su sector.

A pesar de la prohibición actual, las empresas financian de manera ilegal a los partidos políticos a través de maniobras como el ocultamiento de aportes, el apoyo a actividades permanentes de los partidos que en realidad son utilizadas con fines electorales o la utilización de aportantes fachada. Causas judiciales recientes  demuestran que es posible descubrir e investigar dichas maniobras. Lo que habitualmente no sucede es que las violaciones a la ley resulten en sanciones adecuadas que efectivamente desincentiven las prácticas delictivas por parte de partidos políticos y empresas.

Es claro que nuestro sistema electoral demanda mayor transparencia, pero el cumplimiento de este objetivo es independiente de legalizar una práctica que desiguala la competencia electoral, favorece la captura del Estado por parte de grupos económicos y estimula la corrupción. Por el contrario, necesitamos una ley que mejore sustancialmente el control de los aportes de campaña, con un sistema moderno que asegure la publicidad de estos aportes y que, sancione de manera rápida y eficaz a las empresas, partidos y candidatos/as que violan la norma.

Asimismo, la decisión de modificar este régimen a tan poco tiempo del comienzo de un nuevo período de elecciones pone en riesgo la previsibilidad de las reglas de juego y la igualdad en la competencia electoral.

Una reforma de estas características sobre el régimen de financiamiento electoral afecta un aspecto central de nuestra democracia, el bien más preciado que tenemos para vivir en una sociedad justa e igualitaria. Es necesario asumir que los costos de la política deben ser sostenidos por toda la sociedad o enfrentar el riesgo de que las decisiones públicas respondan a los intereses de quienes puedan comprarlas. Debe contemplarse una distribución de recursos públicos suficiente para garantizar la pluralidad de voces, sobre todo en lo relativo a los espacios necesarios para la difusión de propuestas e ideas.

La Cámara de Diputadas/os tiene la oportunidad de revisar la media sanción del Senado y abrir un proceso de debate profundo, sin condicionamientos de tiempos e intereses de corto plazo, que derive en una decisión fundada en el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y actores sociales.

Acción Colectiva
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Centro de Estudios Metropolitanos (CEM)
Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
Escuelas Fiscales
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Germán Abdala
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
Fundación Sur
Laboratorio de Políticas Públicas (LPP)
Xumek

Ana Castellani
Marcelo Leiras
María Esperanza Casullo
Martín Astarita
Martín Unzué (UBA)
Nicolás Freibrun (docente UBA y Universidad Nacional de Mar del Plata)
Pablo Vommaro (docente e investigador UBA y de CLACSO)
Rafael Gentili
Rafael Ruffo (Director del Centro de Política y Territorio, Universidad Nacional Arturo Jauretche)
Sandra Torlucci (rectora de la Universidad Nacional de las Artes, UNA)
Tomás Aguerre (UBA)

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