04.01.15 // Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

Las ONG y la política: un vínculo difícil que el kirchnerismo agrietó

Por Lucrecia Bullrich

Si bien al principio se apoyó en el tercer sector, el oficialismo terminó enfrentado a los principales organismos; el impacto de esta tensión en la gestión de fondos; los think tanks partidarios

Diciembre de 2005. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado discute la reforma del Consejo de la Magistratura. “Este proyecto no ataca el corporativismo, no va a redundar en mejoras en la administración de justicia ni en la recuperación de la legitimidad del Poder Judicial”, afirma la enviada del CELS, Andrea Pochak, en representación de un grupo de ONG que exponen sus críticas al proyecto del oficialismo. A pocos metros, después de haber interrumpido varias veces, escucha la senadora, presidenta de la comisión y primera dama, Cristina Kirchner.

En el mundo de las ONG y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas a monitorear la política, todos recuerdan la escena. Y la reconstruyen para marcar el punto de quiebre en el vínculo con el Gobierno. Una relación compleja. Un buen retrato de los vaivenes del kirchnerismo (también) en su interacción con el tercer sector.

La “primavera de la participación y la transparencia”, como la describió el ex directivo de una ONG ante LA NACION, duró poco más de dos años, el tiempo que Néstor Kirchner necesitó para completar en el ejercicio del poder y en la articulación con actores de la política y la sociedad civil la escuálida legitimidad que le habían dado las urnas en 2003, después de la implosión de 2001.

Fueron los años de la sanción del decreto de acceso a la información pública (que el kirchnerismo nunca aceptó convertir en ley) y de la apertura del proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema, una de las primeras banderas que abrazó Kirchner para seducir a la clase media.

También, de la creación de la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que quedó a cargo de Marta Oyhanarte, cofundadora de Poder Ciudadano. “Fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil a fin de promover las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia gobernable, transparente, legítima y eficiente” era la misión de la nueva subsecretaría, que, entre otros temas, impulsó una reforma política. Oyhanarte renunció a fines de 2009 en medio de denuncias de “hostilidades crecientes” y tras el ingreso de La Cámpora, Andrés Larroque mediante, al organismo.

Pero la “guerra” con las ONG había empezado antes, con el proyecto del kirchnerismo para reformar el Consejo de la Magistratura. Cristina Kirchner había ganado ampliamente la elección que le dio la banca por Buenos Aires en el Senado y Kirchner se afianzaba en el poder, ya más recostado en el PJ.

“Una vez que Kirchner se fortaleció, empezamos a darnos cuenta de lo poco que el Gobierno aceptaba las críticas. Fue con los primeros informes sobre distribución discrecional de la publicidad oficial”, relató a LA NACION Alejandro Carrió, vicepresidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

En 2009, de la mano del triunfo opositor en las elecciones legislativas, las ONG volvieron a ocupar un lugar preponderante en la coyuntura, sobre todo, claro, en el Congreso. Pero ya no a partir de la interacción con el Gobierno, sino con legisladores de la oposición. El rebrote duró poco, lo mismo que el auge del llamado grupo A.

Fue justamente de ese cambio de interlocutores del que se valió el Gobierno para ubicar a las organizaciones del tercer sector entre los “enemigos” del modelo. El enfrentamiento tuvo su punto de máxima tensión el año pasado durante el debate de la reforma judicial, cuando el entonces jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, tildó a las ONG de “fascistas” por identificar en una campaña de presión pública a la docena de legisladores que esperaron hasta último momento para definir su voto.

Desde entonces, la guerra es fría. Salvo por las críticas del CELS y ADC a la reforma de los códigos Civil y Procesal Penal, las ONG han perdido presencia y peso en los debates legislativos. Quedó claro que el Gobierno les recortó el espacio y dejó de considerarlas interlocutoras válidas. Fuera del enfrentamiento quedó el CELS, cuya sintonía con la Casa Rosada está firme pese a los cuestionamientos a algunas de sus últimas iniciativas en el Congreso y a la designación de César Milani al frente del Ejército. “Si antes el objetivo era conseguir la sanción de una ley, hoy es convencer a un grupo de diputados o armar encuentros para difundir nuestro trabajo”, sintetizó María Barón, directora ejecutiva de Directorio Legislativo.

Renzo Lavín, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), circunscribió el enfrentamiento entre el Gobierno y las ONG a la esfera nacional. “En temas vinculados con la Ciudad, sobre todo vivienda, urbanización de villas y vacantes en las escuelas, el kirchnerismo es oposición y tiene canales abiertos con nosotros y acepta nuestros aportes”, diferenció.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) reaccionó al “freezer” de la Casa Rosada estrechando el vínculo con los gobiernos provinciales. Desde 2006 la ONG trabaja en proyectos sobre educación, transparencia presupuestaria y boleta electrónica, financiados por las provincias.

“Es cierto que interactuar con el gobierno nacional se volvió más difícil, pero no fue una posición monolítica”, intentó matizar Fernando Straface, director ejecutivo del Cippec, tras destacar que la ONG hoy trabaja “incluso con provincias de signo oficialista”, como Buenos Aires, Mendoza, Salta, Misiones, Chaco y San Juan.

Straface concedió, en cambio, que el distanciamiento con el Gobierno impactó de lleno en el financiamiento de las ONG. Las donaciones que las sostienen provienen en su mayoría de organismos internacionales y entidades del exterior, como la Fundación Ford; la National Endowment for Democracy (NED), una organización de fomento de la democracia en América latina financiada por el Congreso de los Estados Unidos; Tinker, y la Open Society Institute (OSI), de George Soros. También de embajadas de países como Finlandia, Noruega, Suiza y Canadá. Cualquiera que sea la fuente, el acceso a fondos se torna más difícil si el interés del Gobierno no está detrás.

“Cuando vas a pedir financiamiento para un proyecto cualquiera, miden tu capacidad de incidencia y piden que en la mesa esté sentado el Gobierno”, graficó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. “Además, hay una cuestión de historia que los donantes tienen en cuenta. El Gobierno no mostró interés en luchar contra la corrupción ni en fortalecer las instituciones en casi 10 años, ¿por qué lo haría ahora?”, añadió.

Al cuadro Secchi sumó un tercer factor geopolítico. “Los financiadores grandes son más o menos siempre los mismos, y en los últimos años se fueron a países más pobres y no de media renta y con democracia consolidada, como la Argentina. Priorizan países de Centroamérica, Medio Oriente y África, que están en vías de democratización”, completó.

También Straface apuntó a las pérdidas. “Podríamos haber conseguido más financiamiento y más oportunidades. La sociedad civil y el Estado podríamos haber tenido un papel mucho más destacado en iniciativas como gobierno abierto u otras del Banco Mundial y del BID, pero quedamos afuera por falta de acompañamiento del Estado”, se lamentó.

DE SALTOS Y LÓGICAS

Que activistas de las ONG cambien el tercer sector por la política es cada vez más común, tanto en la Argentina como en el mundo. Pero no por eso deja de ser polémico.

El caso local más resonante fue el de Laura Alonso, que en 2009 pasó de la dirección de Poder Ciudadano a la lista de candidatos a diputados de Pro. En las ONG admiten que el pase fue por lo menos desprolijo, sobre todo porque el arreglo con Mauricio Macri trascendió cuando Alonso todavía estaba al frente de Poder Ciudadano. Además, fue un salto de extremos: de la cúspide de una ONG a un cargo electivo. Destacan sin embargo que en la función pública Alonso nunca abandonó la agenda de las ONG y la llevó al Congreso. Desde entonces, los casos se apilan. Nicolás Ducoté dejó Cippec y es concejal de Pilar por Pro; Miguel Braun emigró desde la misma ONG y hacia el mismo partido; Manuel Garrido dejó el Cippec para asumir en 2011 como diputado nacional por la UCR.

Distinto es el caso de Graciela Ocaña, que en 2010 cambió la política por una ONG y terminó reincidiendo en su primer amor. Después de su paso por la función pública (primero en el PAMI y luego en el Ministerio de Salud) creó la Fundación Confianza Pública, que el año pasado devino en partido político para impulsar su candidatura a legisladora porteña.

“Valoro mucho el trabajo del tercer sector, pero si querés cambiar la lógica de un país o de una ciudad tenés que involucrarte en política. Desde una ONG podés señalar, analizar, denunciar, sugerir, pero no transformar”, sopesó ante LA NACION.

Ocaña se ilusionó con más mudanzas. “Si la gran energía que tiene la gente de las ONG se canalizara en la política a través de los partidos se terminaría con viejas estructuras oligárquicas”, planteó. Sin embargo, apuntó que el “choque de lógicas” no es fácil y pocas veces da buenos resultados. “Los partidos son muy refractarios al ingreso de cualquiera que no comparta su lógica. Muchos de los que han intentado el salto han terminado perdidos, devorados por la lógica de la política.”

El caso más reciente es el de Álvaro Herrero, hasta el año pasado director ejecutivo de ADC y hoy asesor de Sergio Massa en temas de justicia. “Después de años de trabajo en políticas públicas es natural querer pasar al Estado. Más que como un ascenso o un progreso, lo veo como una continuidad”, opinó sobre su pase y los de sus pares.

Herrero admitió que los saltos, sobre todo a la oposición, generan “cierto halo de sospecha”. Lo atribuyó al discurso del kirchnerismo contra las ONG, pero también a que las organizaciones “deberían mejorar sus reglas de ética y transparencia” para eventuales conflictos de interés. “Es una deuda de las ONG”, opinó.

Para Lucas Luna, ex director de Comunicación de Poder Ciudadano y de ACIJ, los pases se explican por la dinámica de trabajo de las ONG. “El riesgo de convertirte en un burócrata es alto. La agenda de temas es reiterativa y genera poco interés en la sociedad civil y en el Estado, por lo que muchas veces te quedás gritando solo”, describió en diálogo con LA NACION. Convencido de que “para cambiar hay que hacer ruido”, Luna cree que la conexión con “las bases” es crucial. Y desde esa óptica casi celebra los pases de las ONG al Estado. “Son profesionales muy valiosos. Es mejor que vayan al Estado y no que se queden detrás de un escritorio”, remató. “Si te gana la estrategia del zapatito blanco, estás perdido”, coincidió otro “ex” que conoce bien los pasillos del poder de las ONG.

LEGITIMIDADES EN PUGNA

En este contexto, ¿qué papel juegan los espacios de formación política de los partidos? La experiencia de los últimos años sugiere que el think tank propio es requisito casi inherente a casi cualquier proyecto político que se precie. Creados en su mayoría en la última década, los tienen los partidos tradicionales y los frentes y espacios nacidos de la crisis de principios de siglo.

“Son dos legitimidades absolutamente distintas. Una, la de los votos, que manejan los partidos, vinculada al ejercicio del poder y la gestión de gobierno; y otra, la societal, la de la ciudadanía activa y sin pertenencia partidaria, que es el capital de las ONG”, distinguió la socióloga e investigadora del Conicet Liliana De Riz.

El Instituto Moisés Lebensohn, de la UCR; el Instituto Gestar, del kirchnerismo (integrado al PJ); la Fundación Pensar, de Pro; el Instituto Hannah Arendt, de Elisa Carrió; el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro), del Partido Socialista; el Instituto de Estudios para una Nueva Generación (IGEN), y la más reciente Escuela de Gobierno, del Frente Renovador, cubren buena parte de la oferta electoral de este año.

¿A qué obedece la proliferación? Para los propios impulsores, a la necesidad de “alimentar la legitimidad” de los candidatos con un aparato académico que dé forma y credibilidad a sus propuestas de políticas públicas, aunque en la mayoría de los casos, los programas de gobierno son hasta hoy un misterio.

Unos y otros, ONG de un lado y think tanks del otro, se preparan para un año clave. Sobre todo, las organizaciones del tercer sector que se ilusionan con un “barajar y dar de nuevo” que les permita reconstruir el vínculo con el Estado. Hasta ahora, la agenda de las ONG está bien lejos de las campañas, aunque en las organizaciones creen que el avance de causas judiciales contra funcionarios podría cambiar el viento y habilitarles más espacio.

Sólo el tiempo traerá las (primeras) respuestas.

La Nación