20.12.05 // Novedades, NOVEDADES

Las ONG llevarán sus quejas al Senado (La Nación)

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, recibirá hoy a un grupo de organizaciones no gubernamentales para escuchar su opinión sobre el controvertido proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que el oficialismo pretende que el Senado apruebe mañana.

Tal como ya lo anunció el jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto, la intención del kirchnerismo es aprobar el proyecto antes de fin de año. “No hay marcha atrás”, afirmó la semana pasada.

En este contexto, la convocatoria a las organizaciones civiles es extraña, ya que en ella se admite que el objetivo de la reunión, que fue convocada para las 16.30, es que “diversas organizaciones expresen su opinión respecto del dictamen producido sobre la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura”.

Es decir que los convocados concurrirán a exponer sus puntos de vista sobre un proyecto ya redactado y aprobado por la comisión que preside la ex senadora por Santa Cruz y actual representante de Buenos Aires.

Las organizaciones citadas son Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

También fueron invitadas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que dirige el constitucionalista Daniel Sabsay, y el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (Fores).

Adelanto de críticas

En su mayoría, estas organizaciones ya han manifestado su oposición al proyecto de modificación redactado por la primera dama, que reduce de 20 a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar a los jueces, de acusarlos por mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de administrar el Poder Judicial.

La reforma es cuestionada porque, según el esquema pergeñado por Cristina Fernández de Kirchner, 5 de los 13 integrantes responderán al partido de gobierno, una proporción que le permitirá al oficialismo bloquear designaciones y acusaciones por igual.

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