Sin categoría25.04.06
ACIJ / Sin categoríaLas causas contra la reforma del Consejo deambulan sin juez (La Nación)
25/04/06
La reforma al Consejo de la Magistratura, que despertó una fuerte polémica entre el Gobierno, políticos opositores, asociaciones de abogados y organizaciones civiles, cumplió dos meses. En ese tiempo, el avance en las intenciones de impugnar la ley en la Justicia fue casi nulo.
Como una madeja de lana enredada aún sin ovillar, las presentaciones que se hicieron boyaron a través de distintos juzgados que se fueron excusando de tratarlas.
La reforma que impulsó el presidente Néstor Kirchner y la primera dama y senadora Cristina Fernández posibilitó que el oficialismo tenga más poder en el órgano que designa y acusa a los jueces.
Los planteos judiciales, y como consecuencia de ello un fallo contrario a la reforma, podría entonces echar por tierra la nueva ley impulsada con ahínco desde la Casa Rosada.
Desde la sanción de la reforma que redujo de 20 a 13 el número de integrantes del cuerpo, los abogados encabezaron las más fuertes promesas de presentarse ante la Justicia. Y de hecho, todavía mantienen en pie la amenaza de no integrar el Consejo. De todas maneras, según indicaron distintas fuentes entre los letrados, una decisión en ese sentido estará sujeta a las resoluciones que tomen los tribunales sobre los planteos de inconstitucionalidad de ley.
A partir de la sanción de la nueva norma el 22 de febrero pasado, hubo, al menos, cinco presentaciones contra la reforma. Pero hasta el momento, la más avanzada de las causas es la promovida por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), a pesar de que todavía no goza de un juez definitivo.
La entidad presentó una demanda el último 9 de marzo que por sorteo cayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 12, a cargo de Guillermo Rossi. Este magistrado se declaró incompetente, circunstancia por la que el pedido pasó entonces a la actual jueza de esa causa, Claudia Rodríguez Vidal. Pero la mujer rechazó esa excusación y elevó el caso a la Cámara de Apelaciones, que aún no determinó al nuevo magistrado.
Mientras tanto, aunque a paso lento, la causa avanza. Rodríguez Vidal ya recibió la respuesta del Poder Ejecutivo a la demanda y ahora es la AABA la que debe responder. “Estamos interesados en darle la mayor celeridad posible”, sostuvo el presidente de esa entidad, Horacio Acebedo, a LANACION.com, y anunció que mañana contestarán a la defensa que hizo la Casa Rosada.
La primera. Algo similar sucedió con la primera impugnación que llegó a los tribunales en contra de la reforma. A pocas horas de haberse aprobado la nueva ley, el abogado Ricardo Monner Sans presentó un amparo. Pero las jueces sobre quienes recayó el planteo también se fueron excusando. Primero lo hizo la magistrada Clara Do Pico, después, y como en el caso anterior, Claudia Rodríguez Vidal. Lo resolvió un fallo de la sala III de la Cámara que devolvió la causa a la primera jueza.
De hecho, Do Pico ordenó el jueves pasado el traslado de la demanda -ampliada por Monner Sans- a la secretaría general de la Presidencia, que desde ayer tiene cinco días hábiles para contestar el pedido.
Demandas estancadas. Pero el enredo judicial se multiplicó en casi todas las presentaciones. Todavía está estancado el amparo que presentó el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI). La entidad elevó el 15 de marzo último una demanda que cayó en el juzgado federal número 1 de San Martín. Pero el juez Carlos Luft también se declaró incompetente y envió el caso para que se resuelva en Capital Federal. Todavía ese juzgado no se sorteó, según informaron a este medio desde el Colegio.
Las diputadas del ARI Elisa Carrió y Marcela Rodríguez también hicieron lo suyo en la Justicia y ahora su demanda padece de la misma enfermedad que las anteriores: no tener juez.
El escrito llegó a los tribunales el 21 de marzo. Por sorteo, fue otra vez favorecido (o no) el juzgado de Do Pico, pero la magistrada, como en las anteriores ocasiones, optó por excusarse. Una resolución de la Cámara envió la causa al juez Sergio Fernández, éste también la rechazó y pasó al juzgado de Rossi, que ya se declaró incompetente en otras dos presentaciones.
Justamente uno de los casos en los que Rossi se excusó fue en la demanda presentada en conjunto por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El amparo pasó por sorteo al juzgado número 5, a cargo de Susana Córdoba y desde ambas entidades ahora esperan una respuesta de esta jueza. Por el momento debieron abocarse a un indeseable compás de espera.
En preparación. Además de las demandas que deambulan de juzgado en juzgado, existen otras que todavía están en estudio. Es el caso de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que agrupa a 78 entidades de todo el país, que tiene previsto que en los primeros días del mes próximo su impugnación llegue a la Justicia.
La misma situación refleja el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. “Estamos elaborando la acción declarativa de inconstitucionalidad. Creemos que para los primeros días de mayo llegaremos a presentarla”, sostuvo su titular, Lucio Ibáñez, a LANACION.com.
A esta presentación se sumará Poder Ciudadano mediante un amicus curiae. Esta es una herramienta que pueden utilizar terceros ajenos a la disputa judicial con interés en el resultado de ese litigio, según explicó a este medio Julia Pérez Tort, especialista en temas de Justicia de esa ONG.
Con la mayoría de las causas rehenes de las excusaciones, a ellos también les espera un duro derrotero judicial.
Como una madeja de lana enredada aún sin ovillar, las presentaciones que se hicieron boyaron a través de distintos juzgados que se fueron excusando de tratarlas.
La reforma que impulsó el presidente Néstor Kirchner y la primera dama y senadora Cristina Fernández posibilitó que el oficialismo tenga más poder en el órgano que designa y acusa a los jueces.
Los planteos judiciales, y como consecuencia de ello un fallo contrario a la reforma, podría entonces echar por tierra la nueva ley impulsada con ahínco desde la Casa Rosada.
Desde la sanción de la reforma que redujo de 20 a 13 el número de integrantes del cuerpo, los abogados encabezaron las más fuertes promesas de presentarse ante la Justicia. Y de hecho, todavía mantienen en pie la amenaza de no integrar el Consejo. De todas maneras, según indicaron distintas fuentes entre los letrados, una decisión en ese sentido estará sujeta a las resoluciones que tomen los tribunales sobre los planteos de inconstitucionalidad de ley.
A partir de la sanción de la nueva norma el 22 de febrero pasado, hubo, al menos, cinco presentaciones contra la reforma. Pero hasta el momento, la más avanzada de las causas es la promovida por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), a pesar de que todavía no goza de un juez definitivo.
La entidad presentó una demanda el último 9 de marzo que por sorteo cayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 12, a cargo de Guillermo Rossi. Este magistrado se declaró incompetente, circunstancia por la que el pedido pasó entonces a la actual jueza de esa causa, Claudia Rodríguez Vidal. Pero la mujer rechazó esa excusación y elevó el caso a la Cámara de Apelaciones, que aún no determinó al nuevo magistrado.
Mientras tanto, aunque a paso lento, la causa avanza. Rodríguez Vidal ya recibió la respuesta del Poder Ejecutivo a la demanda y ahora es la AABA la que debe responder. “Estamos interesados en darle la mayor celeridad posible”, sostuvo el presidente de esa entidad, Horacio Acebedo, a LANACION.com, y anunció que mañana contestarán a la defensa que hizo la Casa Rosada.
La primera. Algo similar sucedió con la primera impugnación que llegó a los tribunales en contra de la reforma. A pocas horas de haberse aprobado la nueva ley, el abogado Ricardo Monner Sans presentó un amparo. Pero las jueces sobre quienes recayó el planteo también se fueron excusando. Primero lo hizo la magistrada Clara Do Pico, después, y como en el caso anterior, Claudia Rodríguez Vidal. Lo resolvió un fallo de la sala III de la Cámara que devolvió la causa a la primera jueza.
De hecho, Do Pico ordenó el jueves pasado el traslado de la demanda -ampliada por Monner Sans- a la secretaría general de la Presidencia, que desde ayer tiene cinco días hábiles para contestar el pedido.
Demandas estancadas. Pero el enredo judicial se multiplicó en casi todas las presentaciones. Todavía está estancado el amparo que presentó el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI). La entidad elevó el 15 de marzo último una demanda que cayó en el juzgado federal número 1 de San Martín. Pero el juez Carlos Luft también se declaró incompetente y envió el caso para que se resuelva en Capital Federal. Todavía ese juzgado no se sorteó, según informaron a este medio desde el Colegio.
Las diputadas del ARI Elisa Carrió y Marcela Rodríguez también hicieron lo suyo en la Justicia y ahora su demanda padece de la misma enfermedad que las anteriores: no tener juez.
El escrito llegó a los tribunales el 21 de marzo. Por sorteo, fue otra vez favorecido (o no) el juzgado de Do Pico, pero la magistrada, como en las anteriores ocasiones, optó por excusarse. Una resolución de la Cámara envió la causa al juez Sergio Fernández, éste también la rechazó y pasó al juzgado de Rossi, que ya se declaró incompetente en otras dos presentaciones.
Justamente uno de los casos en los que Rossi se excusó fue en la demanda presentada en conjunto por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El amparo pasó por sorteo al juzgado número 5, a cargo de Susana Córdoba y desde ambas entidades ahora esperan una respuesta de esta jueza. Por el momento debieron abocarse a un indeseable compás de espera.
En preparación. Además de las demandas que deambulan de juzgado en juzgado, existen otras que todavía están en estudio. Es el caso de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que agrupa a 78 entidades de todo el país, que tiene previsto que en los primeros días del mes próximo su impugnación llegue a la Justicia.
La misma situación refleja el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. “Estamos elaborando la acción declarativa de inconstitucionalidad. Creemos que para los primeros días de mayo llegaremos a presentarla”, sostuvo su titular, Lucio Ibáñez, a LANACION.com.
A esta presentación se sumará Poder Ciudadano mediante un amicus curiae. Esta es una herramienta que pueden utilizar terceros ajenos a la disputa judicial con interés en el resultado de ese litigio, según explicó a este medio Julia Pérez Tort, especialista en temas de Justicia de esa ONG.
Con la mayoría de las causas rehenes de las excusaciones, a ellos también les espera un duro derrotero judicial.