04.09.07 // Novedades, NOVEDADES

La virtud del autocontrol (Página/12)

Tras la realización de una audiencia pública, quedó allanado el camino para que cuatro diputados porteños se conviertan en miembros de la Auditoría General de la ciudad, el organismo encargado de controlar el desempeño de los distintos organismos del Estado porteño, incluida la propia Legislatura. Antes del 30 de septiembre deben estar elegidos los candidatos a cubrir las siete vacantes del organismo y todo hace prever que tres cargos serán ocupados por el macrismo, otros tres por kirchneristas, mientras que el séptimo lugar quedará para un integrante de la coalición que apoyó a Jorge Telerman. Uno de los cargos le correspondería al actual presidente de la Legislatura, el macrista Santiago de Estrada. Curiosamente, en la audiencia pública no hubo impugnaciones a los candidatos, ya que la Junta de Etica las había rechazado previamente, por mayoría, por lo que el público no las pudo conocer.

De todos modos, la principal objeción fue expuesta en el recinto por el diputado Martín Hourest (Bloque Buenos Aires para Todos): que los diputados no puedan acceder a un cargo de contralor cuando terminen su mandato o, como podría ocurrir en este caso, incluso antes, ya que de ser elegidos auditores asumirían antes del 10 de diciembre, por lo que deberían renunciar antes de completar los cuatro años como legisladores.

Tal objeción fue desestimada ya que, como argumentó el diputado kirchnerista Juan Manuel Olmos, vicepresidente de la Junta de Etica, la ley no le impide a un diputado saliente ocupar el cargo de auditor. El propio Hourest reconoció la legalidad de la elección, al recordar que presentó un proyecto para que los diputados no puedan ser designados como auditores en los primeros cuatro años después de abandonar el cargo legislativo. “Integrar el órgano que ejerce el control sobre una gestión de la que se formó parte atenta contra la separación de poderes y entorpece la transparencia”, argumentó el legislador.

Los diputados que aspiran a ser auditores son, además de De Estrada, la kirchnerista Sandra Bergenfeld, Jorge San Martino (Recrear) y Helio Rebot (telermanista). Otros dos candidatos ya son auditores y van por la reelección: son Josefa Prada (Frente para la Victoria), quien es la esposa del secretario de Culto de la Nación, Guillermo Olivieri, y Juan Carlos Toso, de Recrear.

La audiencia pública se llevó a cabo ayer, después de las 11, en el Salón Dorado de la Legislatura. Primero se presentaron los catorce candidatos propuestos por legisladores y cada uno dijo brevemente qué haría si resulta elegido como auditor. La presentación se hizo frente a los integrantes de la Junta de Etica del cuerpo, quienes ahora tienen la responsabilidad de elegir a los siete futuros auditores.

En el encuentro se leyeron dos notas enviadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la que cuestiona que en un órgano dedicado a controlar las cuentas públicas, de los catorce candidatos sólo dos sean contadores públicos.

La selección no será sólo por idoneidad: principalmente, debe respetar la correlación de fuerzas políticas en la Legislatura. Con ese criterio, los que tienen más chances de resultar electos son: por el macrismo, Santiago de Estrada, Juan Carlos Toso y Claudio Niño (radical); por el kirchnerismo, Sandra Bergenfeld, Josefa Prada y el ingeniero Adriano Jaichenko, vinculado con la Unión del Personal Civil de la Nación; el espacio destinado al telermanismo, en el que aparecía como candidato el diputado Helio Rebot, surgió como favorita Paula Oliveto Lago, apoyada por Elisa Carrió.

La presidencia de la Auditoría, según la ley, le corresponde a un representante designado por el principal partido de la oposición, en este caso el Frente para la Victoria. Los otros candidatos son Lisandro Ferraris, Ricardo García, Patricia Renó, Alejandro Fernandez, Lucía Bottaro Blasco y Gladys González.

La lista de los siete, armada por la Junta de Etica, debe ser ratificada en la Legislatura con 31 votos de los 60 que componen el cuerpo. Por ese motivo, el dictamen de esa Junta –donde están representados los bloques mayoritarios– debe contar con el mayor consenso posible.

El presidente de la Junta de Etica, Pablo Failde, dijo a Página/12 que se presentaron varias impugnaciones a los candidatos. “Las principales fueron por la supuesta incompatibilidad de cargos de legisladores y auditores”, detalló. Desde la Asociación Civil Igualdad y Justicia se cuestionó a De Estrada por haber sido presidente del PAMI durante la dictadura, pero esta objeción fue rechazada.

Las impugnaciones fueron desestimadas por la Junta, aunque Failde aclaró que presentó “un dictamen en disidencia, ya que las personas que las presentaron tenían el derecho de hacerlo en la audiencia pública”.

Por Eduardo Videla

Página/12

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