21.07.11 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

La sociedad indiferente (Diario de Cuyo)

Los reiterados escándalos de corrupción pública y privada, que se han sucedido desde la reinstauración de la democracia en la Argentina, han tenido amplia repercusión mediática pero el papel que ha desempeñado la Justicia en cada caso ha sido prácticamente insuficiente, y por ello la inquietud social frente al tema roza con la indiferencia.

Esta podría ser la síntesis de un estudio tituladoAcciones colectivas para reducir la corrupción en Argentina” que ha sido elaborado por cinco de los máximos especialistas en el tema, Sergio Berenzstein, Martín Böhmer, Guillermo Jorge, Alberto Föhring y Ezequiel Nino, analistas y sociólogos, cuyas conclusiones fueron publicadas recientemente por la Universidad de San Andrés, la Asociación civil por la Igualdad y la Justicia y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC): sugieren que hay una indiferencia social en el problema. El trabajo analiza el financiamiento de la actividad política y las compras públicas en el mercado de medicamentos y equipamiento médico, dos ámbitos donde interactúan la corrupción y pública y la privada.

Observan que hay una indiferencia social en el problema, debido a que la premisa según la cual los ciudadanos castigan con su voto a los candidatos asociados con la corrupción pública no parece, salvo casos extremos, ser válida en el estado actual de desarrollo de la democracia argentina. Los incentivos políticos para tomar en serio los problemas de corrupción disminuyeron aún más en el contexto en el que, por un lado, la actividad asistencial requiere cada vez más capital y, por otro, el debilitamiento de los controles y el manejo de hecho de los fondos públicos no se aclaran porque las partes no participan activamente en las cuestiones públicas.

El rol del Poder Judicial en controlar la corrupción ha sido, desde el advenimiento de la democracia, en 1983, prácticamente lento. Los procesos duran, en promedio, más de una década -lo que virtualmente neutraliza el efecto simbólico que debieron tener– y, las excepcionales veces que acaban en condena, castigan selectivamente.

En definitiva, las instituciones formales, por su debilidad, imponen costos extremadamente bajos a quienes participan de actos de corrupción. En cambio, los costos por denunciar pueden acarrear un abanico de represalias, según se ha comprobado en la investigación efectuada por los estudiosos del tema en nuestro país.

 

Diario de Cuyo

 

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