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La salud de la población y la vivienda, en el debe

Las relocalizaciones de las familias que viven a la orilla del Riachuelo y la falta de participación de los vecinos en ese proceso quedaron claros ayer luego de las presentaciones de la Acumar y de los estados bonaerense y porteño.

A pesar de que los funcionarios mostraron avances en la reubicación de 408 familias, el trabajo sigue incompleto y con un horizonte que demandará, al menos, dos años más. Mientras los funcionarios mostraban los trabajos realizados hasta el momento, fuera de la sala de audiencias de la Corte un grupo de vecinos de las villas 21-24 y de la Villa Inflamable, del Polo Petroquímico de Dock Sud, reclamaban -a los gritos- ser escuchados y acusaban a los funcionarios que exponían de faltar a la verdad.

“En el caso de la ciudad de Buenos Aires deberán ser relocalizadas 1824 familias. Y se advierten irregularidades en los procesos de participación social”, indicó la Asesoría Tutelar porteña. En ese sentido, los representantes del gobierno porteño indicaron que se suspendieron las reuniones con los vecinos porque no se cumplen los “protocolos de asistencia a las mismas establecido por el juzgado” que determina los representantes de cada barrio que pueden asistir.

Respecto de la Villa Inflamable, se indicó oficialmente que el proceso de relocalización está en marcha. Sin embargo, la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, que representa a los vecinos de ese asentamiento, indicaron que no hay diálogo con ellos y que no censaron en 2009 a unas 300 familias que residen allí.

Otro de los puntos flacos de la presentación fue el del relevamiento de la salud de la población de la cuenca. La jueza Elena Highton de Nolasco inquirió al secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi: “¿Estamos como cuando llegamos de España o se avanzó?”.

Mussi aseguró que se avanzó. Y sostuvo que una misma encuesta epidemiológica que se realizó en un partido de la cuenca y en otro, fuera de ella, obtuvo los mismos resultados. “Eso quiere decir que depende de cómo viva la gente y no su ubicación geográfica”, indicó el funcionario. La encuesta es parte de informe del que pidió precisiones la Corte.

La Nación