11.10.05 // Novedades, NOVEDADES

La revisión del Presupuesto nacional, una cuenta pendiente (El Cronista)

La cuenta de inversión –la contracara del diseño del presupuesto- genera información relevante, confiable y oportuna y constituye una herramienta primordial para el análisis y evaluación de la gestión gubernamental. En ella se analiza si el presupuesto ha sido ejecutado de conformidad a las metas y pautas por las que fue asignado y es la única herramienta prevista para evaluar la forma en que se utilizan y ejecutan los recursos públicos.

A fin de efectuar ese análisis, el Poder Legislativo cuenta con información relacionada con los estados de ejecución del presupuesto, los movimientos y situación del tesoro de la administración central, el estado de la deuda pública, la gestión financiera del sector público nacional, comentarios sobre el grado de cumplimiento de objetivos y fines y el comportamiento de costos e indicadores de eficiencia de la producción pública.

No obstante la relevancia institucional que posee, la última cuenta de inversión aprobada por el Congreso Nacional es la correspondiente al año 1993 (aprobada en el año 1998), lo que genera un gran déficit a la hora de realizar un control inmediato en la gestión de la cosa pública.

En el circuito de análisis y examen intervienen necesariamente el Poder Ejecutivo (a través de la Contaduría General de la Nación), el Poder Legislativo (por medio de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración) y la Auditoria General de la Nación.

La omisión en el tratamiento obedece a diversas causas tales como cuestiones técnicas ligadas a la complejidad y volumen en el análisis de la información, y fundamentalmente, al costo político que implicaría aprobar cuentas de gestiones manchadas de irregularidades como las de los años noventa. Más allá de las culpas y responsabilidades que puedan atribuírsele a cada uno de los actores involucrados, lo cierto es que desde hace más de una década los argentinos no sabemos si se ha ejecutado el presupuesto conforme fuera previsto.

La ejecución y control de los recursos públicos juega un rol clave en el sistema democrático. La deficiencia actual genera profundas grietas en el andamiaje institucional argentino al incumplirse un expreso mandato constitucional.

Por ello, se requiere tomar acciones positivas concretas a fin de cerrar un capítulo oscuro para el sistema de control externo de la administración en procura de instituciones robustas y transparentes. Los ciudadanos tenemos el derecho constitucional a acceder a esa información relevante y a que los organismos de gobierno actúen con moralidad administrativa.

Por Juan Antoniassi
Abogado. Coordinador en la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

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