17.12.18 // Destacadas (medios), Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

La respuesta que Alonso no da

Hace más de un año y medio, la Oficina Anticorrupción tramita una denuncia por el uso electoralista de la publicidad oficial que hizo el Presidente. Ante la inacción de Laura Alonso, ACIJ y Poder Ciudadano reclaman que se pronuncie y siente un precedente antes de las elecciones.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la fundación Poder Ciudadano exigieron a la Oficina Anticorrupción que se expida sobre una denuncia presentada hace más de un año y medio por el uso electoralista de publicidad oficial que hizo el gobierno nacional, violando la Ley de Ética Pública. “Es fundamental que la OA se pronuncie al respecto, porque estamos entrando en un año electoral y este es, claramente, un antecedente muy grave del uso de recursos públicos para la promoción de autoridades que están en este momento en cargos de gestión”, explicó el coordinador de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la ACIJ, Joaquín Caprarulo, en relación con un spot emitido en 2017 en medios públicos, redes sociales oficiales y durante el ciclo Fútbol para Todos, donde el presidente Mauricio Macri enunciaba una frase casi idéntica a los slogans de la campaña de Cambiemos para las últimas elecciones legislativas.

“Lo estamos haciendo juntos”, se lo ve decir a Macri en el video que aún siguen publicado las redes sociales de Casa Rosada. Su frase –de marcada similitud con los slogans de campaña que el oficialismo utilizó para las elecciones de ese año– corona una seguidilla de testimonios de ciudadanos enumerando obras de infraestructura que durarían “para siempre”: puentes, caminos, redes de cloacas, trenes y puertos, entre otros. 

Inmediatamente, la publicidad fue denunciada ante el organismo que conduce Laura Alonso por la asociación Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, en base a la violación del artículo 42 de la Ley de Ética Pública, que establece que “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. “El spot es ilegal porque no informa sobre ninguna obra en particular y no es educativo en ningún sentido, sino básicamente un mensaje del Gobierno, y además hace una promoción directa del Presidente y del partido gobernante”, explicó Caprarulo a este diario.

Tras aquella denuncia, la Oficina Anticorrupción no hizo demasiado y en mayo –un año después– un ciudadano presentó un pedido de acceso a la información. La respuesta fue una carilla de explicaciones: que la denuncia estaba siendo tramitada, que todavía estaba en etapa de investigación y que se estaba redactando un informe final, en base al cual se firmaría una resolución. “Actualmente, las actuaciones se encuentran en la Subsecretaría de Integridad y Transparencia a fin de elaborar el mencionado informe final y el pertinente proyecto de resolución”, dice la nota firmada por el organismo en junio de este año. En octubre pasado, la ACIJ insistió con un nuevo pedido. Esta vez, la Subsecretaría de Integridad y Transparencia envió una nota muy similar a la anterior en la que, sin embargo, aseguró que ya se había iniciado la etapa de elaboración de la resolución. “No hay ningún tipo de explicación para que se hayan demorado un año y medio, porque la prueba que hay que realizar para comprobar que existe una violación del artículo 42 no es tan compleja. Es una simple constatación de lo que dice el artículo y mirar el spot, básicamente”, señaló Caprarulo. “Redactar una resolución de estas características no es algo que pueda demorar cinco meses”, agregó.

La declaración conjunta de la ACIJ y Poder Ciudadano señala que el uso de publicidad oficial para promover la imagen de funcionarios en contextos electorales “implica una desviación de fondos públicos con fines ilegítimos y evidencia una confusión entre Estado y partido gobernante contraria a los ideales democráticos y al principio republicano de gobierno”, al tiempo que genera “un impacto desigual en el proceso electoral, ya que otorga ventajas a los candidatos del partido oficialista frente a quienes no administran recursos estatales”. En ese sentido, Caprarulo subrayó que la demora excesiva en la respuesta adquiere gravedad por “el peso institucional que tiene una denuncia de estas características” y consideró que “la OA se tiene que pronunciar cuanto antes para sentar un precedente que se aplique a lo que pase en el 2019”.

La falta de pronunciamiento deriva en una crítica más profunda al ente encargado de hacer cumplir la Ley de Ética Pública, que bajo la conducción de Alonso se caracteriza por una notoria inacción ante episodios que podrían perjudicar los intereses de funcionarios de Cambiemos. “Noso- tros tenemos una crítica a nivel estructural de la OA, porque su diseño institucional hace que no sea una oficina lo suficientemente independiente, como debería ser, para poder criticar decisiones del Poder Ejecutivo”, destacó al respecto Caprarulo.

Por otro lado, indicó que “los procedimientos que tiene la OA para resolver este tipo de casos no tienen plazos estipulados, con lo cual tienen cierto grado de discrecionalidad” y agregó: “El problema, justamente, es que no existan reglamentaciones que contemplen cuáles son las consecuencias de no pronunciarse o de pronunciarse con una demora excesiva, y eso hace difícil definir los efectos de esta denuncia desde el punto de vista político”.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.

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