18.06.11 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Villas e Integración Urbana (medios)

La responsabilidad del Estado y la necesidad de tomar medidas urgentes (Perfil)

El caso de las irregularidades en la construcción de viviendas sociales presenta claramente las falencias estatales para prevenir y sancionar internamente hechos de corrupción. Representa, a la vez, un contexto de oportunidad para que las reformas estructurales en esta materia, que viene solicitando la sociedad civil organizada desde hace tiempo, puedan convertirse en realidad.

 

En primer lugar, existe un descontrol notorio en materia de subsidios a personas privadas sin fines de lucro. No existen criterios objetivos de asignación, ninguna forma regulada de rendición de cuentas ni mecanismos de control por parte del Estado sobre el uso de los fondos. Se trata de miles de millones de pesos que no están detallados en el presupuesto ni pasan por la mira de la Sigen ni de la AGN.

 

Sobre estos fondos, no hay siquiera información pública disponible y el Estado se niega a darla cuando se la requiere específicamente. Hace poco tiempo, el juez federal Ernesto Marinelli ordenó que el Estado brinde información sobre la asignación de fondos a dos organizaciones civiles lideradas por ex legisladores pero aún no se la ha otorgado. Además, actualmente la Corte Suprema tiene a estudio una causa en la que se solicitó información sobre planes sociales pues el Poder Ejecutivo se negó a brindarla.

 

Por otra parte, existen numerosas formas para evadir las obligaciones de realizar licitaciones públicas. Aparte del caso de los subsidios a fundaciones, como el que se discute públicamente durante estos días, no hay obligación de realizar procesos competitivos si la compra o contratación la hace una sociedad comercial estatal. Por brindar un ejemplo, la compañía Arsat pudo comprar miles de decodificadores para televisión digital (pese a que estrictamente no es parte de su objeto social) sin pasar por los mecanismos regulados de licitaciones competitivas. Por el monto involucrado, debería haberse realizado a través de una licitación pública internacional y se podrían haberse ahorrado millones de pesos.

 

Otra excepción es la compra realizada a compañías estatales de otros países. Así, se adquirieron decenas de vagones ferroviarios a España y Portugal (caso Jaime) sin ningún mecanismo de competencia y sin transparencia. Algo similar ocurrió con la compra de aviones a Embraer por parte de Aerolíneas Argentinas. Hubiera habido muchas empresas dispuestas a competir por esos contratos pero no pudieron hacerlo.

 

En los casos en que se realizan licitaciones públicas, no se cumple con muchos de los recaudos previstos. Entre otros ejemplos, no se efectúan las publicaciones masivas previstas ni se brinda el tiempo suficiente para que los potenciales competidores presenten las respectivas propuestas.

 

Sin cambios estructurales en estas materias, se seguirán produciendo escándalos de este tipo y estaremos siempre detrás de los acontecimientos. Todos los poderes del Estado tienen responsabilidad y deben actuar con urgencia.

 

 

Por Ezequiel Nino

 

Co director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

 

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