25.09.07 // Novedades, NOVEDADES

La pelea por los auditores (La Nación)

Según la Constitución de la ciudad, “ejerce el control externo del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad”. En cuanto a su composición, la Carta Magna porteña establece que la integran siete miembros designados por la Legislatura; que el presidente es designado a propuesta de la primera minoría opositora y, los restantes, a propuesta de las otras fuerzas, de manera proporcional a la composición del cuerpo.

Además, por la ley 70 de la ciudad, los auditores deben “contar con probada experiencia en temas jurídicos, económicos, contables, financieros o de gestión, vinculados al sector público”.

El primer escollo surgió en junio, cuando vencía originalmente el mandato de los actuales auditores y Mauricio Macri ya había sido elegido jefe de gobierno de la Capital. Los diputados comprendieron pronto que estaban entre la espada y la pared. Si la nueva Auditoría era designada en ese momento, la presidencia del cuerpo hubiera quedado en manos de Pro. Y, al asumir Macri, tendría el mismo signo político que el jefe de gobierno, cuando el espíritu de la Constitución dice que debe ocuparla la oposición, precisamente para apuntalar el despliegue del mentado control sobre la gestión del gobierno porteño.

Los diputados optaron por prolongar el mandato de los auditores hasta el 30 de este mes, cuando, según estimaban, tendrían un acuerdo político para zanjar la cuestión. Pero, a cinco días del límite, las negociaciones no concluyeron.

La situación derivaría, pasado mañana, en la sanción de una ley que prorrogará otra vez los mandatos por algunas semanas y en que los nuevos auditores, tras ser seleccionados a la brevedad, asuman el 10 de diciembre próximo.

También el trámite de selección de los candidatos encontró severas objeciones. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sostuvieron que la mayoría de los postulantes no cumple con los requisitos exigidos por la ley 70 y que, en cambio, tienen un marcado perfil político.

Los diputados Martín Hourest y Facundo Di Filippo objetaron que varios candidatos son hoy funcionarios públicos (los legisladores Sandra Bergenfeld, Helio Rebot, Jorge San Martino y Santiago de Estrada; la directora del Banco Ciudad, Gladys González, y los ya auditores Josefa Prada y Juan Carlos Tosso), por lo que auditarían su propia gestión.

Todas las impugnaciones fueron rechazadas por la Junta de Etica de la Legislatura. Igualmente, aún se discute cuántos miembros representarán a cada fuerza. El macrismo quiere cuatro para su espacio: dos para el kirchnerismo y uno para la Coalición Cívica. El kirchnerismo pide tres para ellos y tres para Pro. Y CC aún discute si el único lugar lo ocupará alguien de ARI o un telermanista. Queda probado: un proceso confuso y rebuscado.

Por Angeles Castro

La Nación

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