Están los que son elegidos a dedo, los que quedan en comisión y sin estabilidad hasta el infinito, los amigos directos del gobernador, los jubilados por la fuerza, los que han aceptado firmar una renuncia anticipada o los que terminan destituidos por investigar. Y es sólo un pequeño muestrario: al menos en siete provincias, los jueces no gozan de la más mínima independencia en su cargo según una investigación realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras organizaciones del ámbito judicial. Así lo denunciaron ayer ante la Corte Suprema y el relator especial para la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas, Leandro Despouy.
La génesis de esta intromisión política en la Justicia, según el informe, suele situarse en una cadena donde los organismos encargados de elegir y sancionar a los jueces están conformados por personajes bien cercanos a los gobiernos locales y dominados por mayorías leales al poder de turno. Pasa con las cortes supremas provinciales, con los consejos de la magistratura y los jurados de enjuiciamiento. Las maniobras son burdas y a menudo a la vista de todo el mundo. Con frecuencia, dice el documento, también son protagonizadas por las corporaciones económicas.
El estudio se basó en un muestreo en Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Recorre los noventa y los últimos años. Estuvo coordinado por ACIJ y participaron la Fundación Crecer San Luis, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y Convocatoria Neuquina por la Libertad de Expresión.
“Elegimos casos paradigmáticos, pero la falta de independencia judicial se repite con consistencia en otras provincias, es un problema general en la Argentina”, dice Ezequiel Nino, codirector de ACIJ. “Afecta la división de poderes, el acceso a la Justicia, la transparencia, la independencia, la autonomía, la imparcialidad y la inamovilidad”, advierte.
Jujuy
Tres de los cuatro jueces supremos nombrados por el gobernador K Eduardo Fellner con acuerdo de Legislatura (controlada por el oficialismo) están ligados a él: uno fue su socio de estudio jurídico; otro conducía el Tribunal de Cuentas y una jueza fue su asesora y fiscal de Estado. Ellos, a su vez, proponen a los jueces inferiores, que aprueba el Ejecutivo con acuerdo legislativo. No hay concursos, ni audiencias públicas ni participación civil alguna. Los antecedentes de los postulantes no son públicos. Hay un 20 por ciento de puestos judiciales vacantes y el sistema, dice el informe, se encuentra “colapsado”. El “vaciamiento” del Poder Judicial podría agravarse con una nueva ley de jubilaciones.
Neuquén
La Justicia neuquina, dicen los investigadores, fue “colonizada” por el gobierno de Jorge Sobisch. En 2001 un diputado de la Alianza lo filmó y grabó ofreciéndole “contraprestaciones” a cambio de dar quórum en la sesión que aprobaría a sus candidatos favoritos, incluido su abogado personal. Fue denunciado por la fiscalía de delitos contra la administración pública, pero después hizo lo que quiso. El juez Roberto Abelleira, que lo sobreseyó sin llamarlo a declarar, fue ascendido. Los camaristas que también los exculparon (Roberto Fernández y Jorge Sommariva) fueron convertidos en jueces supremos y el fiscal Ricardo Mendaña, que pidió la reapertura del caso, terminó destituido en un cuestionado juicio político. La nueva corte local, además de confirmar la inocencia de Sobisch, reformó la fiscalía que lo había denunciado. Su nuevo titular, un deudor incobrable del banco provincial, pidió el traslado de tres fiscales que seguían los casos de corrupción porque “no tenía química” con ellos. La reforma constitucional de 2006 creó un Consejo de la Magistratura con cuatro de siete miembros que responden al gobernador.
Tucumán
El trabajo responsabiliza a la gestión de José Alperovich de motorizar un “avasallamiento del Poder Judicial” con una reforma constitucional. Para nombrar jueces creó un Consejo Asesor de la Magistratura con mayoría de representantes políticos que le responden. El Colegio de Abogados, que cuestionó los cambios, quedó excluido de integrarlo. El jurado de enjuiciamiento también quedó formado “por una abrumadora mayoría política que es una amenaza permanente para los jueces que persigan penalmente a funcionarios”, dice el informe. La Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a un amparo y frenó la reforma. La Legislatura retrucó: creó una “Super Cámara Administrativa” para revisar sus fallos. Está todo paralizado. En diciembre último una ley invitó a los jueces a jubilarse con el 85 por ciento móvil: podrían quedar 50 vacantes disponibles. Alperovich ha dicho, resalta ASIJ, que va “a poner a los mejores jueces”.
Santiago del Estero
Después de la intervención federal, en 2004, todos los jueces fueron puestos en comisión y carecen de estabilidad. “Los 74 jueces tienen carácter provisorio”, dice ACIJ. Esto duraría hasta que pasen por exámenes en el Consejo de la Magistratura local, pero no hay plazos. La mayoría de los consejeros le deben sus cargos al gobernador Gerardo Zamora (radical) o son referentes de su partido. A los jueces del superior tribunal los nombró Zamora sin habilitar impugnaciones. Sólo dos de ellos tienen con carrera judicial, uno viene del ámbito privado y el resto tuvo cargos políticos. El fiscal general Luis de la Rúa fue funcionario municipal.
San Luis
En la historia de la dinastía de los Rodríguez Saá que reseña el texto abundan los huracanes por tribunales. En 1996 una campaña de desprestigio desde el diario de la familia gobernante llevó a la renuncia de cinco jueces supremos. Todos sus reemplazantes venían de cargos políticos. En 1998 fueron destituidas e inhabilitadas las juezas Adriana Gallo, Ana María Careaga (investigaba corrupción) y Silvia Maluf de Christin por adherir a una denuncia del Colegio de Abogados contra la administración provincial. Todavía reclaman ante la Corte Suprema.
En 2005, el Ejecutivo modificó las leyes del Consejo de la Magistratura y el jury para evitar una intervención federal. Pero, dicen las ONG, continuaron “la falta de garantías y la discrecionalidad en la selección” de jueces y fiscales y ya casi nadie se postula. El 30 por ciento de los funcionarios judiciales son provisorios. Pero no es todo. La fiscal Gretel Diamante denunció ante la Procuración General de la Nación que desde 2004 las personas nombradas en cargos judiciales eran obligados a firmar su renuncia en forma anticipada antes de obtener acuerdo del Senado. Diamante fue, a su vez, denunciada. Después de idas y vueltas, fueron procesados el ex ministro de Legalidad, Sergio Freixes y su vice, Mario Zavala.
Santa Cruz
Como “caso paradigmático” de violación de la inamovilidad de los jueces, el informe cita el del ex Procurador General de Santa Cruz, Eduardo Sosa, a quien una ley provincial en 1995 –con Néstor Kirchner de gobernador– despojó de sus funciones. Fue, dicen las ONG, una destitución de hecho pero sin el procedimiento legal de jury de enjuiciamiento. En su derrotero judicial, Sosa logró que la Corte Suprema de la Nación ordenara tres veces restituirlo: la resolución nunca fue acatada. La corte local le ofreció una indemnización a cambio de dejar el cargo, algo que Sosa rechazó.
Tierra del Fuego
En 2000, el ex gobernador Carlos Manfredotti (PJ) impuso la jubilación obligatoria y anticipada de funcionarios judiciales: bastaban cinco años de aporte y 50 de edad. Vació íntegro el superior tribunal y el 83 ciento de las cámaras. Hasta los nombramientos de la Corte quedaron en manos del Consejo de la Magistratura, dominado por el oficialismo, que aprobaba jueces con sólo una entrevista y un escrito. El superior tribunal llegó a tener 17 conformaciones distintas desde 1994 y quedó acéfalo en 2002. Asumieron Ricardo Klass, ex abogado de Carlos Menem, y Mario Robbio, cuestionado por su participación en la última dictadura. Se sumó María del Carmen Battaini. Klass renunció, con más de 100 denuncias penales.
Por Irina Hauser
Página/12