19.01.13 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Destacadas (medios), Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

La otra democratización del Poder Judicial

Las reformas en la Justicia que reclamó la Presidenta no deben apuntar a aumentar la intervención de los poderes políticos, sino a aspectos como la rendición de cuentas y el acceso a la información; algo que cabe también a los otros poderes del Estado.

Por Ezequiel Nino

 Aún examinada bajo el mejor prisma, la expresión de la presidenta de la Nación sobre la necesidad de democratizar la Justicia resulta parcializada. Cada uno de los poderes del Estado requiere una refuncionalización para acercarlos a la ciudadanía. Todos ellos necesitan mejorar intensamente la manera de rendir cuentas, de permitir la participación popular, de facilitar el acceso a la información pública y de acceder a empleos y a cargos públicos.

El propio Poder Ejecutivo incumple, entre otras cosas, normas dictadas por sí mismo para posibilitar una democracia más deliberativa. Así, por ejemplo, hace mucho tiempo que no se realizan audiencias públicas en ese ámbito, no se utilizan los mecanismos participativos de elaboración de normas, el sistema de acceso a la información pública está en franca decadencia y no hay mecanismos igualitarios para solicitar reuniones con los funcionarios públicos (la forma más eficaz sigue siendo concurrir a un acto público y requerir una tarjeta personal). Las designaciones de nuevo personal se realizan casi exclusivamente por una relación personal o política partidaria previa y existen pocas políticas para mejorar el acceso al empleo público de las minorías, como las hay en países como Brasil, Sudáfrica y la India.

De acuerdo con recientes mediciones, el Poder Legislativo argentino es uno de los Parlamentos latinoamericanos con más bajos índices de transparencia. Con sólo observar los sitios online de ambas Cámaras es fácil darse cuenta de la gran distancia que existe entre representantes y representados. Otros Congresos cuentan con formas cada vez más modernas que permiten mayor participación presencial y a distancia. En cambio, en el nuestro, no hay posibilidad de realizar comentarios sobre los proyectos de ley, casi no se publica información personal sobre los diputados y senadores, y no existen formas claras y equitativas de efectuarles solicitudes de manera personal. A su vez, resulta muy difícil acceder a información sobre los gastos de las Cámaras (por ejemplo, jamás se ha podido acceder a detalles sobre los gastos en viajes al exterior de los legisladores). Algunos avances que se habían logrado en la anterior gestión de la Cámara de Senadores se diluyeron con la asunción del actual titular, Amado Boudou.

El Ministerio Público se caracteriza por una ausencia casi absoluta de vínculo con la ciudadanía. En otros países, en atención al rol que desempeñan y que implica la persecución activa de los crímenes, los fiscales mantienen reuniones periódicas con los vecinos interesados en temas de política criminal. En cambio aquí tienen un perfil muy bajo y no efectúan ninguna actividad de rendición de cuentas. No hay ningún reglamento de acceso a la información pública y, de todos los poderes, es el único que no ha brindado hasta ahora acceso a las declaraciones juradas de sus integrantes. La asunción de la nueva procuradora general aún es muy reciente para determinar si existe alguna voluntad de modificar este cuadro.

Por último, tal como lo explicitó la Presidenta, el Poder Judicial también requiere democratizarse. Entre otras razones, los ingresos de nuevos empleados se realizan puramente por recomendaciones y la composición social de sus integrantes es muy homogénea, el acceso a la información pública está ausente, el lenguaje que se utiliza en las resoluciones es incomprensible y la rendición de cuentas es muy exigua (prácticamente, no se difunden estadísticas de los expedientes que tramitan).

A su vez, salvo la Corte Suprema, que implementó hace poco tiempo audiencias públicas, la posibilidad de participar en los procesos, para terceros interesados, es muy escasa. La mayor parte de los procesos se desarrolla en forma escrita, y eso dificulta el acceso a ellos.

En consecuencia, si queremos profundizar el sistema democrático hacen falta cambios estructurales en cada estamento. Pero, en cualquiera de los casos, las reformas no debieran ser motorizadas por una sentencia judicial en contra en un litigio en el que el Poder Ejecutivo es parte. Ninguna política pública debiera estar basada en una voluntad reivindicativa y menos aún sobre una decisión de otro poder estatal que tiene, entre sus fines, la potestad de controlar la legalidad y constitucionalidad de las decisiones de los poderes políticos.

A su vez, no puede desconocerse que muchas de las políticas que podrían promoverse para ampliar la representatividad son comunes a cada uno de los estamentos, por lo que no sería sensato ni eficiente emprenderlas solamente en uno solo de ellos.

Pero, además, las reformas al Poder Judicial no deben estar basadas en aumentar la intervención de los poderes políticos, tal como se viene haciendo, sin buenos resultados, desde la reforma del Consejo de la Magistratura, impulsada por la entonces senadora Fernández de Kirchner.

Es más, tal como lo hemos advertido numerosas organizaciones civiles (como la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Poder Ciudadano, entre otras), los cambios introducidos en aquel entonces sirvieron para disminuir la independencia de los jueces por quedar ceñidos a la voluntad del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a los cuales deben, a su vez, monitorear.

El Poder Judicial tiene la potestad de resguardar los derechos de las minorías y controlar los excesos de los poderes políticos. Si se reduce esa división de poderes, aumentan los riesgos de caer en un escenario autoritario, pues no hay quien pueda evitar sus excesos. Frente al argumento de que muchos de los actuales jueces defienden intereses corporativos, debe advertirse que el riesgo de limitar excesivamente las facultades de los magistrados es más grave porque los poderes políticos, cuando actúan de manera abusiva, tienen una capacidad de dañar más alta que la de cualquier otro actor, tal como ha quedado demostrado a lo largo de nuestra historia.

Quienes defienden medidas de este tipo porque desean que las decisiones de los poderes políticos que se vienen sancionando en los últimos tiempos no se vean limitadas por los magistrados, deberían tener en cuenta que restringir la acción de los jueces tendrá consecuencias no sólo inmediatas (con las cuales podrían estar ahora de acuerdo), sino también en el largo plazo. Por esto, en el futuro podrían sentir el desamparo de no contar con un Poder Judicial autónomo que pueda examinar la legalidad y constitucionalidad de las decisiones de ese momento. En definitiva, el anhelo ciudadano tan añorado y compartido de justicia representa, entre otras cosas, la necesidad vital de contar con formas efectivas de protección ante los excesos de nuestros representantes.

La Nación

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