La Oficina Anticorrupción presenta cada vez menos denuncias (El Cronista)

La Argentina figura como uno de los países con mayores niveles de corrupción en el mundo según la organización de Transparencia Internacional. El país aparece en el lugar 105 sobre un total de 180 naciones relevadas y se ubica entre los países con mayor corrupción incluso de América latina. Pese a ello, en los últimos años se observa una notoria disminución de las investigaciones por corrupción en el órgano de control oficial de la Argentina, creado en diciembre de 1999 para ‘elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción’, que es en la Oficina Anticorrupción (OA). Según los datos publicados hasta hoy por la propia OA, la baja en la cantidad de expedientes iniciados en el primer semestre de 2009 marcó un récord histórico en la vida de la OA con apenas 126 aperturas de carpetas (ver gráfico).

La cifra reproduce la tendencia de 2008, cuando se abrieron sólo 296 expedientes, y muestra la caída con respecto a años anteriores. Por ejemplo, hubo 1144 presentaciones en el año debut de la OA, 671 en 2001, y en 2004 se batió el record con 1369 causas. En los inicios del gobierno de Néstor Kirchner, la OA se dedicó a denunciar a los funcionarios de gobiernos anteriores, y por eso se explica el crecimiento en el número de expedientes. A partir de 2005 arrancó un fuerte declive que se observa hasta la fecha. Desde organismos de transparencia y lucha contra la corrupción consideraron que la OA perdió presencia pública e independencia y que entró en una suerte de incompetencia. Desde la OA se defendieron: “No trabajamos en función de abrir una cantidad determinada de expedientes por año, sino en lograr resoluciones fundadas que tengan como fruto causas penales que avancen en la Justicia”, dijo un vocero del organismo.

La actividad de la Oficina Anticorrupción es notablemente inferior a lo que fue en sus primeros años. En la actualidad, el organismo perdió prestigio y presencia pública, cada vez se denuncia menos, no se conocen denuncias que se estén efectuando sobre casos resonantes” sostuvo en diálogo con este diario el Coordinador del programa de Fortalecimiento Institucional de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Luis Villanueva.

En cambio, desde la OA justificaron a El Cronista que “dar a conocer una investigación cuya reserva y confidencialidad es dispuesta normativamente, no sólo constituye una irresponsabilidad porque se puede afectar la estrategia procesal, sino además, se incurre en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto”.

Según el Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, Hernán Charosky, la baja en la actividad de la OA se debe también “a un problema estructural” que es su dependencia directa al Poder Ejecutivo: “los funcionarios que encabezan la institución son designados por el Ejecutivo no existiendo ningún tipo de garantías institucionales de independencia”, evaluó.

En sintonía con esa afirmación, Villanueva marcó que el factor fundamental de la parálisis en la OA se debe a la “influencia de factores políticos” que se acentuó “durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Así, recordó una resolución del 24 de diciembre de 2007 cuando el entonces Ministro del Interior, Aníbal Fernández, anuló los concursos ganados por cinco principales investigadores de la OA. “Esa resolución sin precedentes quebró la garantía de estabilidad de quienes concursaron, pasando a depender de la voluntad del ministro, quien con su propia firma puede sellar la suerte de la OA”, sostuvo el especialista. Asimismo, Villanueva recordó que otra “resolución de enero de 2008, también del ministro Fernández, establece que los requerimientos de informes que deba cursar la OA debían ser notificados previamente al ministro del Interior”.

En cuanto al origen de las denuncias iniciadas, en el primer semestre de 2009 sólo 4, esto es el 3%, fueron impulsadas por organismos públicos; el 59% (74) por denuncias de particulares y 38% (48) de oficio. “Es bajísimo que solo un 3% sea de organismos públicos, esto da cuenta que el resto de los organismos no toman en cuenta a la OA como un órgano de control”, disparó Charosky.

En la OA rechazaron la “presunta inactividad” y marcaron que “la cantidad de expedientes iniciados en el segundo semestre de 2009 representa el 153% de aquellos iniciados en el primer semestre de ese año” (ver aparte), y aunque no hicieron comparación con los años anteriores reconocieron que las posibles “demoras en el trámite de expedientes se ha debido a la larga enfermedad que atravesó el anterior Fiscal de Control Administrativo y al tiempo que transcurrió entre el fallecimiento del mismo y el nombramiento de las nuevas autoridades”. Abel Fleitas Ortiz de Rosas murió a principios de diciembre de 2008 a causa de una larga enfermedad, por lo que prácticamente todo ese año lo obligó a permanecer de licencia, y el nuevo titular de la OA, Julio Vitobello, fue nombrado por la Presidenta a fines de enero de 2009. En la OA no explicaron qué precauciones se tomaron para mantener el nivel de actividad de la OA durante la enfermedad de su titular.

Voceros de la Oficina desmintieron además que el organismo no investigue a funcionarios del actual gobierno. “Desde inicios de 2009, la OA está investigando e incluso ya ha denunciado -en algunos casos presentando querellas- a cerca de 100 funcionarios de la actual gestión, entre los cuales se encuentran 30 de alta jerarquía”, dijo el vocero.

Por Victoria Urdinez

El Cronista