31.01.11 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Igualdad Educativa (medios)

La niñez de emergencia (Educación y Sexualidad, BLOG)

Hace poco más de diez años, la Ciudad de Buenos Aires sancionó una ley fundamental para la protección de los derechos de la infancia. La norma, pionera en el país, basó su contenido en la Convención Internacional de los derechos del niño e incorporó principios, tal vez impensados, como la “desjudicialización de la pobreza”. Una década después, el Consejo y las defensorías zonales creadas por aquella ley no pueden poner en práctica lo que de manera tan clara dispone el texto. Los equipos técnicos y profesionales del organismo denuncian que el Consejo está en emergencia. No sólo eso. Luciana Pandullo y Romina Piccirillo, delegadas de ATE, van más allá y aseguran que “el Gobierno de Macri quiere vaciar el organismo”. Y lo sostienen con ejemplos: sueldos que no superan los 2100 pesos en promedio, contratos en negro y la consecuente falta de personal: en los últimos dos años renunciaron más de la mitad de los trabajadores. La mayoría no fue reemplazada.

 En esta entrevista, las representantes de la Comisión Interna del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes también ponen la lupa sobre la desigualdad entre las condiciones de trabajo de quienes atienden en las defensorías del norte porteño y quienes lo hacen en los barrios del sur. Además, denuncian persecución gremial y política contra la coordinadora de la Defensoría de La Boca Barracas, a quien le iniciaron dos sumarios administrativos poco después de que los trabajadores realizaran un abrazo simbólico a su sede, la que recibe la mayor cantidad de denuncias de toda la Ciudad.

 – ¿Por qué desde ATE denuncian que el Gobierno porteño busca vaciar el organismo?

– El presupuesto para atender a la población con la que trabajamos es insuficiente, faltan personal e insumos. Sufrimos desde no tener un lugar en condiciones para hacer una entrevista –con lo que no se garantiza ni siquiera el derecho a la privacidad-, hasta que el profesional que está atendiendo tenga que tener más de un trabajo para poder vivir porque gana 2100 pesos y está contratado en negro. Estas pésimas condiciones hacen que haya una permanente rotación de personal. Desde 2008 hasta ahora renunció más de la mitad del personal del Consejo. Otra cara del vaciamiento es el corrimiento de funciones que debe cumplir el Consejo y que son tercerizadas a ONGs con las que se firman convenios por tareas que se podrían realizar si se reforzaran los recursos propios. Detrás de esos convenios encontramos no sólo transferencia de funciones sino que también lo que se transfiere es mucho dinero.

 – ¿Cómo era la situación cuando en la jefatura estaban Telerman e Ibarra?

 – Lo primero que habría que decir es que el tema de la precarización laboral ya existía, también había contratados y sueldos bajos. Nuestro organismo se creó en el año 2000 y siempre tuvo un presupuesto menor al necesario. Pero nunca fue tan bajo como ahora. Yo creo que había un mayor interés por las políticas sociales y por los organismos de Derechos Humanos, de hecho el Consejo fue creado en la gestión Ibarra, aunque nunca tuvo la estructura necesaria para su óptimo funcionamiento. Desde que asumió el macrismo, ya estamos por el tercer cambio de autoridades. La actual responsable es Beatriz Orlowski de Amadeo. Y subrayamos “de Amadeo” porque casualmente su marido Eduardo Amadeo es diputado nacional por el Peronismo Federal y fue ministro de Carlos Menem. Ahora su mujer aplica similares políticas a las que aplicó su marido en los noventa. Estos cambios de autoridades demuestran la incapacidad de colocar al Consejo en el rol que le corresponde cumplir por ley y el desinterés que tiene esta gestión por los derechos de los niños. Salen con un cartel de que los niños son Prioridad 1 y al mismo tiempo te cierran un programa sin ninguna explicación o la Línea 102, dedicada a la atención a los niños, está sin funcionar hace varios meses. La decisión del gobierno macrista es designar esos recursos a otras áreas como la seguridad, la Policía Metropolitana, el medio ambiente y el maquillaje de la ciudad.

 – ¿Concretamente, en qué perjudica todo esto a los niños?

 – La precarización de las condiciones de trabajo y la falta de personal repercute directamente en la atención a niños, niñas y adolescentes. Actualmente en las defensorías zonales se está produciendo un colapso porque cada vez se atienden más niños y no se les puede dar respuesta. Por ejemplo, si viene una familia porque se le viola el derecho a una vivienda digna, la Defensoría tiene que exigir a otros ministerios que se cumpla ese derecho. Sin embargo, nadie da respuesta ya que todos los organismos que tienen que ver con lo social están siendo vaciados. Por eso, lo que nosotros denunciamos es que directamente lo que no se cumple es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños/as y Adolescentes, que a su vez es la creadora de nuestro organismo.

 Las Defensorías son la parte descentralizada del Consejo y deben exigir el cumplimiento de los derechos de los niños. Pero es imposible realizar el abordaje adecuado si el 30 por ciento del personal trabaja en negro, tiene salarios promedio de 2100 pesos y, como ocurre en las Defensorías de la zona sur, cada profesional atiende alrededor de 800 chicos.

 – A mitad de 2010, desde el gremio declararon al Consejo en estado de emergencia e hicieron un abrazo a la Defensoría de La Boca-Barracas. Poco después, se le iniciaron sumarios a la coordinadora de esa sede. ¿Fue casual?

 – No. Consideramos que hay persecución política y gremial. Los sumarios cuestionan el trabajo que realizó esa Defensoría en la atención a dos niños. Es importante que quede claro que quienes inician los sumarios son los funcionarios del Consejo, quienes obviamente tienen muy clara la situación de las defensorías en general y de Boca-Barracas en particular. Los trabajadores venimos denunciando justamente esto, que no estamos en condiciones de cumplir los derechos de los niños y niñas por la situación que atraviesa el Consejo y por la falta de recursos y de políticas sociales serias. Como respuesta a esto, el funcionario responsable de esta situación le inicia sumarios a la Defensoría que se encuentra en peores condiciones. La idea de los funcionarios al perseguir trabajadores es desgastar a los compañeros más valiosos, a los que se animan a denunciar la situación, a los que no agachan la cabeza. Pero nosotros seguiremos luchando aunque nos persigan, porque somos trabajadores comprometidos con nuestra tarea, tenemos convicciones y defendemos los derechos humanos de los niños y de los trabajadores.

Como siempre, el Sur

La situación de vulnerabilidad económica y social de los barrios del sur de la Ciudad también queda en evidencia en las estadísticas del Consejo. Las Defensorías ubicadas en esta zona recibieron el 35 por ciento del total de las denuncias: Aunque la cantidad de casos atendidos es claramente superior a los de otros barrios, los equipos de profesionales son iguales o hasta tienen menor cantidad de integrantes, lo que hace imposible una atención apropiada.

Los números que figuran a continuación los aportaron las delegadas y corresponden a 2009. Aseguran que actualmente los casos son casi el doble.

 Defensoría Boca Barracas: 2.569 casos

Defensoría Lugano 2.157 casos

Defensoría Flores: 1856 casos

Defensoría Plaza Lavalle 1.546 casos

Defensoría Once: 1.504 casos

Defensoría Nueva Pompeya 1.169 casos

Defensoría Mataderos 1.122 casos

Por Martina Noailles

Educación y Sexualidad

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