13.12.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

La lucha contra la corrupción

Ética y Desarrollo: Definida por la ONU como “la contracara del progreso”, la corrupción es un flagelo que vulnera derechos humanos y acentúa la desigualdad social. Las asignaturas pendientes y el rol de la participación ciudadana.:

Organismos de control debilitados, causas judiciales paralizadas, ausencia de políticas para combatir delitos contra la administración y trabas para acceder a la información pública. Éstas son algunas de las asignaturas pendientes que nuestro país enfrenta en materia de lucha contra la corrupción, una lucha que, lejos de ser abstracta, representa un desafío real para la salud de la democracia y el desarrollo de la población.

Definida por las Naciones Unidas como “la contracara del progreso”, la corrupción es un flagelo que vulnera derechos humanos y acentúa la desigualdad social. Por eso, la Asamblea General designó el 9 de diciembre como “Día Internacional contra la Corrupción”, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de involucrarse activamente para prevenirla en todos los niveles y en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.

En nuestro país, sin embargo, la situación parece haberse agravado. “En los últimos años no se ha adoptado ninguna política pública para combatir la corrupción y se han producido retrocesos en numerosos temas: se han desmantelado numerosos organismos de control y se incumple cada vez más con las obligaciones de acceso a la información pública”, señala Ezequiel Niño, co-director de la Asociación Civil Por la igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y al fortalecimiento de la democracia.

Las causas judiciales por delitos de corrupción, apunta Nino, demoran en el país un promedio de 14 años, y muchas prescriben por el paso del tiempo. Y agrega: “La Argentina viene incumpliendo mandatos concretos que surgen de las convenciones de Naciones Unidas y la OEA contra la corrupción, como por ejemplo, el requisito de tener una ley de denunciantes y testigos, o un organismo autárquico de lucha contra este flagelo”. Frente a esto, la participación ciudadana se torna una condición dispensable para tener más y mejor democracia.

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