22.06.17 // Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios), Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

La lucha contra la corrupción: en veinte años, sólo cinco condenas firmes

En la Argentina se dictan muy pocas condenas en causas de corrupción contra funcionarios que hayan sido secretarios de Estado, ministros, jefes de Gabinete, vicepresidentes o presidentes. Además, las causas de corrupción demoran un promedio de 14 años y, por lo general, prescriben los delitos investigados.

Todavía no hay datos oficiales, pero los especialistas estiman que en los últimos 20 años hubo sólo cinco condenas firmes de funcionarios de alta jerarquía por delitos de corrupción, entre los que se destacan el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; la ex titular de ENTel, María Julia Alsogaray; y la ex ministra de Economía, Felisa Miceli.

Según Fernando Bracaccini, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), hay muchos otros funcionarios que están libres, porque la condena no está firme, como los culpables de la tragedia de Once.

 

También sigue libre el ex presidente Carlos Menem, pese a que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esta semana su condena a siete años y medio de prisión por “contrabando agravado” de armas, que le había sido impuesta en 2013. Es que Menem tiene fueros del Senado y planea apelar su condena ante la Corte Suprema de Justicia.

En el Observatorio de Causas de Corrupción de ACIJ sostienen que el promedio de duración de las causas de corrupción es de 14 años; y que, en los últimos 20 años, hubo solo cinco condenas firmes que involucraron a “funcionarios de alto rango” en las 68 principales causas de corrupción. Por ejemplo, el ex vicepresidente Amado Boudou logró que desplacen al ex procurador general de la Nación, al juez y al fiscal que llevaban la causa Ciccone; aunque no pudo evitar que lo procesen por negociaciones incompatibles con la función pública, al haber comprado mediante testaferros esa imprenta.

 

Para determinar las causas de semejante desastre, el Consejo de la Magistratura está procesando los datos de una auditoría sobre las causas de corrupción concluidas y en trámite de los últimos 20 años.

Además, la Asociación de Jueces Federales difundió la semana pasada un documento con propuestas técnicas para avanzar en causas de corrupción. Para los magistrados “la falta de recursos materiales y tecnológicos, la gran cantidad de juzgados vacantes en el Poder Judicial de la Nación y la demora en la designación de magistrados, así como también la ausencia de legislación actualizada que brinde herramientas rápidas y efectivas para combatir la corrupción, obstaculizan el logro del objetivo propuesto”.

 

Sin embargo, para ACIJ, eso ocurre sobre todo porque “muchos de los jueces y fiscales se encuentran demasiado comprometidos con el poder político y económico, y son susceptibles de ser presionados por su labor”.

La especialista en criminalidad económica Natalia Volosin coincide con ACIJ, y afirma que “el mayor problema lo tenemos con los jueces y fiscales, que no tienen voluntad de avanzar en las causas de corrupción, más allá de los problemas técnicos”. Y pone como ejemplo, el caso que lleva adelante el juez Julián Ercolini, que tardó ocho años para procesar a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez, entre otros, por una denuncia que hizo la diputada Elisa Carrió en el año 2008. “Lo hizo recién cuando los funcionarios dejaron el poder”, añade.

Volosin, que participó en la protesta que se hizo el martes en los tribunales de Comodoro Py, también cuestiona el rápido sobreseimiento que hizo el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en la causa contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, “sin esperar que le respondan los exhortos que había enviado” a otros países.

 

Los jueces y fiscales son parte del problema. Muchos de ellos tienen patrimonios que no pueden explicar y, entonces, son pasibles de presiones”, dice Volosin. Es el caso del camarista Eduardo Freiler, cuyo juicio político por enriquecimiento ilícito está trabado por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura.

 

La actitud de la Justicia para no avanzar en causas de corrupción queda al descubierto en el caso Odebrecht, donde la Argentina es de los pocos países sin funcionarios presos, pese a que la empresa brasileña aceptó que pagó por lo menos US$ 35 millones en coimas para que el gobierno kirchnerista le dé tres contratos de obra pública, entre los años 2007 y 2014.