10.09.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (medios)

La Justicia tarda más de 11 años en tramitar los casos de corrupción (IProfesional)

Un estudio determinó que sobre 21 causas, el promedio de duración es de 137 meses, y de los casos que llegan a juicio la gran mayoría no han sido resueltos. El informe advirtió que los abogados defensores “dilatan” trámites, lo que les permite pedir la prescripción de los procesos

El trámite judicial de las causas por corrupción lleva en promedio unos 11 años y un 60% de los casos que llegó a juicio aún no fueron resueltos, según un informe sobre elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro para la Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), dependiente del Ministerio Público.

El estudio sobre el estado de las causas penales por corrupción mostró que sobre el total de 21 expedientes relevados, se desprende que el promedio de duración es de 137 meses, es decir, más de 11 años.

“Aunque un panorama así ya es alarmante, la situación todavía es más grave pues ese promedio está compuesto por 21 expedientes de los cuales sólo 15 llegaron a la etapa de juicio -que es aquella comprendida desde el momento de radicación de la causa en tribunal oral hasta su finalización por cualquier causa”, indicó la investigación.

Entre los casos que llegaron a juicio, la gran mayoría no tuvieron ninguna resolución al momento de finalizar el relevamiento, 3 fueron declaradas prescriptas por violación al plazo razonable, y en sólo 3 casos en los que se realizó juicio oral o abreviado.

El relevamiento también determinó que el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y su judicialización fue en promedio de 40 meses, lo que supera el promedio en el que, generalmente, hay una inmediatez entre el hecho y su denuncia.

En este sentido, el informe advirtió que “los primeros momentos posteriores a la comisión de un delito son fundamentales a la hora de efectuar la recolección de elementos probatorios”.

“Cuanto más tiempo pasa, más posibilidades existen de modificar el cuadro probatorio o de que elementos relevantes para la acreditación del hecho desaparezcan”, indicó el estudio.

La judicialización de la causa contra María Julia Alsogaray sobre negociaciones incompatiblesse llevó a cabo casi cinco años después y el caso Riccillo sobre malversación de caudales públicos, que fue cometido en diciembre de 1994, recién fue judicializado en febrero de 2000.

Por otro lado, en casos de administración fraudulenta en los que se investiga un contrato que tiene vigencia por varios años se encontraron supuestos en los que el contrato empezó a regir en el año 1997 y la denuncia fue efectuada en el año 2004 (caso Foncap).

La investigación se centró en el análisis detallado de 21 expedientes de corrupción, que fueron evaluados en torno a la actividad de las defensas de los diputados, las querellas, los fiscales y la actitud de los tribunales para resolver los planteos.

Asimismo, se estudiaron las demoras que se producen en el proceso, ciertas deficiencias en las formas de la investigación y la actitud de los abogados defensores que, según el informe “consiguen dilatar los trámites a partir de reiterados planteos, lo que les permite finalmentepedir la prescripción de los procesos”.

IProfesional

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