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La Justicia sancionó a Schiavi (Noticias Urbanas)

El ministro de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires Juan Pablo Schiavi deberá pagar, en forma personal, una multa de 100 pesos diarios hasta que restablezca el correcto servicio de provisión de agua potable a los vecinos de la villa 31 bis del barrio de Retiro.

La sanción fue resuelta por el juez Osvaldo Otheguy ante una causa iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que en representación de los vecinos de la villa había pedido que se ordene al Gobierno de la Ciudad garantizar de forma urgente y por los mecanismos que correspondan el acceso al agua potable de las manzanas 11 a 14 de la villa 31 bis.

El servicio de provisión de agua potable se realiza mediante camiones cisterna que entran al barrio y depositan el agua en tanques de reserva a los que luego recurren los vecinos. De acuerdo al fallo del juez, este servicio es prestado de modo deficiente ya que los camiones van unas pocas veces al día, de manera discrecional, lo cual genera que manzanas enteras pueden quedarse varios días sin agua potable, elemento vital para la higiene, la salud y la cocina.

En su fallo el juez Otheguy sostiene que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá proveer el servicio de agua potable a los habitantes de la villa 31 bis los días domingos y en el horario que deberá extenderse hasta las 22 horas, en la medida en que ello resulte necesario para asegurar el derecho a la salud de la población que allí habita”.

Este problema afecta a más de 300 familias que no tienen acceso a la red de agua potable, ni tampoco a conexiones informales, y deben recurrir a este precario modo de conseguir agua lo que expone cotidianamente su salud y la integridad física de niños y adultos.

Para el abogado Luis Villanueva, de la ACIJ “la manera en que se presta este servicio genera situaciones extremas entre los vecinos que padecen sed y promueve el clientelismo político por el manejo de un bien tan necesario como es el agua potable”.

Y agregó que “resulta increíble que el Gobierno de la Ciudad se niegue a cumplir con una orden judicial de garantizar un servicio tan esencial como este y se tenga que llegar a la aplicación de una sanción judicial a un funcionario del Ejecutivo para obligarlo a que se asegure este derecho”.

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