22.03.17 // Educación inclusiva (medios), Educación Inclusiva (novedades)

La Justicia ratificó el derecho a la educación inclusiva, en el día mundial del síndrome de down

Alan Rodríguez exige que le entreguen su título secundario desde que terminó la escuela secundaria en 2013. Ayer, en el día internacional del síndrome de down -que desde hoy será también un día histórico para la educación- fue notificado de la decisión judicial que ratifica su derecho a una educación inclusiva y, con ello, la condena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregarle su título secundario en igualdad de condiciones que el que recibieron sus compañeros/as.

 

Alan Rodríguez fue a la misma escuela -una escuela común, privada de la CABA- desde los 3 años y cursó toda su primaria y secundaria con un proyecto pedagógico individual. Cumplió año a año sus objetivos, pero al finalizar, le indicaron que su título no podía ser entregado porque, según el Ministerio de Educación, no había cumplido ciertos contenidos considerados mínimos por la normativa local. Con el patrocinio jurídico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y el apoyo del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, el INADI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Asociación por los Derechos Civiles y expertos en materia de educación y discapacidad, Alan inició un amparo para que se reconociera su derecho fundamental a la educación, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, y se le entregue su título secundario oficial.

 

El 24 de octubre de 2016 la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la CABA, Romina Tesone, declaró el derecho de Alan a su título secundario y condenó al Gobierno a entregárselo. Fundó su decisión en que “el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones” y aclaró que “en igualdad de condiciones con los demás...” significa que “…a cada alumno/a se le exigiese el alcance de los objetivos que -desde lo institucional- se plantearon para él o ella. Para el caso de los alumnos que cuentan con un proyecto pedagógico individual, como el actor, el alcance de los objetivos allí fijados”. Alan cumplió con sus objetivos y por esa razón merece su título de bachiller. Sin embargo, Alan debió seguir esperando porque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires insistía en que Alan no reunía las condiciones para obtenerlo.

 

Así, la discusión sobre el título secundario y sobre el verdadero alcance del derecho a la educación de las personas con discapacidad llegó a la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, cuyos jueces/za se pronunciaron a favor de los derechos de Alan, confirmando la sentencia de primera instancia que obliga a la entrega del título y declara la inconstitucionalidad de las normas locales que se oponen a este derecho, con lo que ratificaron un fallo histórico en materia de educación inclusiva.

Hacia fines de 2016 el Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que rige para todo el país y que reconoce el derecho al título secundario igualitario para todas las personas con discapacidad que cursen con adecuaciones curriculares. A raíz de ello, a días de la decisión de la Cámara, el Gobierno de la Ciudad presentó en el expediente judicial un título secundario para Alan con referencia a esta normativa federal. Como los alcances y validez de los títulos otorgados bajo esa nueva norma todavía se desconocen, y en tanto posiblemente el de Alan sea el primer título otorgado en estas condiciones, Alan solicitó como paso previo a su aceptación, que se le brinden garantías sobre la validez del instrumento para poder inscribirse en la universidad.