30.07.13 // Villas e Integración Urbana (medios)

La justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad garantizar el derecho a la alimentación

Según estimaciones basadas en datos del propio gobierno, una familia en situación de pobreza recibe una ayuda social de tan sólo $ 8 por día para comer, es decir unos $ 2 por persona diarios si se trata de grupo compuesto por 4 miembros. Ante este escenario, la asesora General Tutelar, Laura Musa y el asesor Tutelar de Primera Instancia, Jorge Bullorini, iniciaron una acción de amparo judicial colectivo para que se garantice de inmediato el derecho a la alimentación de las personas que habitan en la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de la acción iniciada por la Asesoría -con el apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia- el juez interviniente, Guillermo Scheibler, ordenó al Gobierno que adecue los montos de los subsidios alimentarios, y que reglamente la Ley que consagra el derecho a la alimentación para garantizar el acceso apropiado al Programa Ciudadanía Porteña.

La Ciudad, apartándose de la normativa vigente, no permite la inscripción directa al programa Ciudadanía Porteña de toda persona que lo requiera. Esto obliga –según lo explican desde la asesoría- a las familias en situación de pobreza e indigencia a transitar provisoriamente y en primer lugar por otro programa, Ticket Social, que otorga a una familia $ 250 por mes para vivir. El traspaso de Ticket Social a Ciudadanía Porteña demora entre seis meses a un año en promedio. Incluso, en algunos casos, los plazos exceden al año. “Este inexplicable retraso fue denunciado en más de una ocasión por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires”, explica Musa.

Programas sociales

Cabe recordar que en la ciudad existen programas de ayuda social cuyo objetivo es garantizar la alimentación adecuada: Ciudadanía Porteña y Ticket Social. Además de consagrar este derecho priorizan la autonomía familiar a partir de la transferencia de dinero para la compra de alimentos.

Ciudadanía Porteña otorga montos mensuales de hasta $1.424.2 para familias de 7 o más integrantes en situación de indigencia. Según un informe del gobierno porteño de abril de 2013 este programa ofrece $ 751.4 por mes para una familia en situación de pobreza compuesta por 4 miembros. Estos valores están basados en la Canasta Básica de Alimentos del INDEC y, aunque el propio Gobierno los elevó, en muchos casos resultan insuficientes. “Prueba de ello son los reclamos judiciales efectuados por las familias beneficiarias para lograr su incremento”, señala Musa.

Si bien en algunos casos Ciudadanía Porteña es insuficiente, los montos que otorga son superiores a los previstos en el programa Ticket Social, que brinda $ 250 mensuales por familia, independientemente de su composición. En la práctica esto se traduce en que una persona que forma parte de una familia de 4 miembros subsiste con aproximadamente $ 2 por día partiendo de un subsidio diario de $ 8,33 por grupo.

Ante esta situación, el juez Scheibler, ordenó al gobierno de la ciudad adecuar los montos de los subsidios alimentarios, al tiempo que instó al Poder Ejecutivo a reglamentar la Ley 1878, que consagra el derecho a la alimentación sancionada hace más de ocho años para que se garantice el acceso apropiado al Programa Ciudadanía Porteña.

“Esta resolución implica un avance importantísimo en materia de derecho a la alimentación. Se trata de un antecedente sumamente relevante en tanto que la Justicia impone límites a la actuación del gobierno de la ciudad cuando implementa una política pública destinada a garantizar derechos”, afirmó Musa.

La asesora, a cargo del organismo que monitorea las políticas públicas en la ciudad, agregó que “la vulneración de los derechos se ve agravada en el caso de los niños, niñas y adolescentes. No sólo por los gravísimos perjuicios de una inadecuada alimentación en la infancia sino porque además, cuantos más niños haya en la familia, menor será el dinero que pueda destinarse para comprar la comida”.

Finalmente la Dra. Musa remarcó que “dada la gravedad y urgencia de la problemática tenemos la esperanza de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dé cumplimiento inmediato a la resolución judicial dictada”.

Punto Jus

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