19.07.13 // Villas e Integración Urbana (medios)

La justicia ordenó a Macri garantizar el derecho a la alimentación

La justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantizar el derecho a la alimentación de la ciudadanía y adecuar en 30 días los montos de la ayuda social, ya que una persona en situación de pobreza recibe 2 pesos promedio por día como beneficio.

La decisión la firmó Guillermo Scheibler, titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14 de la CABA, en respuesta a un amparo presentado por la Asesoría General Titular porteña, con el apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El dictamen fue ponderado por la Asesora General Tutelar de la Ciudad, Laura Musa, quien destacó que “la vulneración de los derechos se ve agravada en el caso de los niños, niñas y adolescentes. No sólo por los gravísimos perjuicios de una inadecuada alimentación en la infancia sino porque además, cuantos más chicos haya en la familia, menor será el dinero que pueda destinarse para comprar la comida”.

Los demandantes solicitaron al juez “que se garantice de inmediato el derecho a la alimentación” de las personas que habitan en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales, “casi 100.000 están dentro de programas sociales”, confirmó a Télam, Romina Faerman, abogada que coordina la oficina de Derechos Humanos de la Asesoría.

La funcionaria explicó que “según estimaciones basadas en datos del propio gobierno, una familia en situación de pobreza recibe una ayuda social de tan sólo 8 pesos por día para comer, es decir unos 2 pesos por persona si se trata de grupo compuesto por 4 miembros, cifra que desciende si el grupo familiar es mayor”.

En su dictamen, el magistrado ordenó que el Gobierno “adecue los montos de los subsidios alimentarios, y que reglamente la Ley 1.878 que consagra el derecho a la alimentación para garantizar el acceso apropiado al Programa Ciudadanía Porteña (CP)”.

Ese programa “tiene más de 60.000 beneficiarios”, señaló la profesional, que acceden al beneficio luego de una evaluación que determina las características de la familia y el monto que recibirá para alimentación.

“El problema es que esa evaluación dura entre 6 meses y 1 año, por una mala práctica del gobierno al que no le preocupa esta situación, sino pondría más personal y asesoraría a las personas en situación de indigencia y pobreza para que sean incluidos a la brevedad”, aseveró Faerman.

Debido a la tardanza, que ya fue denunciada en varias oportunidades por la Defensoría del Pueblo, las personas son ingresadas en el programa Ticket Social, que otorga 250 pesos por mes a una familia sin considerar la cantidad de miembros, situación en la que están “de acuerdo a datos del propio gobierno porteño, mas de 30.000 beneficiarios”, dijo la funcionaria.

En la práctica “esto se traduce en que una persona que forma parte de una familia de 4 miembros subsiste con aproximadamente 2 pesos por día partiendo de un subsidio diario de 8,33 por grupo”, clarificó la profesional.

La Asesoría detalló en el amparo que Ciudadanía Porteña otorga montos mensuales “de hasta $1.424.2 para familias de 7 o más integrantes en situación de indigencia”.

Recordó además que en un informe sobre del gobierno porteño de abril de 2013 se aclara que CP “ofrece $ 751.4 por mes para una familia en situación de pobreza compuesta por 4 miembros. Estos valores están basados en la Canasta Básica de Alimentos del INDEC y, aunque el propio Gobierno los elevó, en la muchos casos resultan insuficientes”.

El organismo aportó también que “muchas familias han realizado reclamos judiciales para que se aumenten los montos”.
La decisión del juez tiene fecha del 12 de julio último “por lo que el Gobierno de la Ciudad tiene 30 días para presentarse y explicar cómo va a adecuar los montos y cómo va a superar las deficiencias en la administración que impiden que se acceda al derecho a la alimentación”, aseveró Faerman.

En tanto, Mussa aportó que “dada la gravedad y urgencia de la problemática, tenemos la esperanza de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cumplimiento inmediato a la resolución judicial”.

Telam

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