27.12.12 // Novedades, NOVEDADES, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (novedades)

La Justicia condena a Felisa Miceli

La condena a Felisa Miceli abre una pequeña ilusión de que la impunidad de la corrupción pueda reducirse y la justicia comience a ser consciente de la necesidad de perseguir también a los delitos económicos y, particularmente, a los delitos de poder. Los tribunales no suelen tener ni incentivos ni la capacidad técnica para hacer frente a este tipo de criminalidad organizada y, en consecuencia, este caso se ha convertido en una excepción. Para quienes seguimos desde hace mucho tiempo la actuación del fuero federal en este tipo de procesos, lo sucedido en esa causa representa una sorpresa no solo por el resultado sino también porque tuvo una duración muy inferior al promedio de los expedientes que tramitan allí.

Más allá de que este proceso tiene características bastante singulares, lo cierto es que la sentenciada a prisión efectiva es una ex funcionaria pública con un muy alto rango (ni más ni menos que un Ministro de Estado, por más que el Ministerio de Economía se encuentre devaluado desde hace años) de la administración pública actual. La importancia de este hecho no puede ser minimizada.

Es cierto que los detalles del expediente nos siguen sorprendiendo; una Ministra que deja en su baño varias decenas de miles de dólares, los custodios de esa dependencia que no se comunican con la responsable del organismo sino que realizan el acta correspondiente, la funcionaria que tenía a su cargo las finanzas de nuestro país que cambia de manera llamativa su declaración numerosas veces pese a contar con prestigiosos abogados, entre otros.

Todo resulta bastante distinto a los casos de corrupción típicos en los cuales hay una organización detrás que busca quedarse con fondos públicos y aparecen los detalles a través de alguien que queda fuera de los negocios o con acceso a la información privilegiada por funciones que desempeña. Sin embargo, como se develó durante el trámite del juicio oral, los fondos hallados provendrían de otros delitos por lo que si, después de esta condena, se continúa siguiendo la ruta del dinero probablemente desemboque en situaciones más típicas de corrupción, podría agravarse la situación de Miceli y podría haber otros funcionarios públicos involucrados.

Hay varias teorías sobre las razones por las cuales salió a la luz el hecho. Entre otras, se menciona una interna política como el detonante de que hayan salido a la luz los hechos. Sin embargo, Manuel Garrido, quien denunció el hecho desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas dio una explicación más sencilla. Afirmó que, desde los ´70 cuando detonaron varios artefactos explosivos en el Ministerio de Economía, una brigada realiza una inspección cotidiana. De esta forma, no puede dejar de destacarse que tres de los casos de delitos económicos más relevantes de los últimos tiempos (a éste se le han de agregar el de la valija de Antonini Wilson y la cueva financiera del BNP) comenzaron con la correcta labor de distintas fuerzas de seguridad. Cada uno de esos agentes debería ser distinguido por sus superiores pues no buscaron extraer réditos de sus hallazgos sino que cumplieron su deber. De pequeños héroes está hecha la lucha contra la corrupción.

Como sea, se trata de un caso muy trascendente para la salud institucional de nuestro país. La condena representa, además del precedente particular, un símbolo de que hay instituciones públicas que funcionan adecuadamente y que hay funcionarios judiciales dispuestos a dar pasos para mostrar que el derecho penal también es aplicable a personas de alto nivel económico y cultural. La corrupción debería estar especialmente penada en nuestro país por varias razones. Entre otras, pues los fondos utilizados ilegalmente dejan de utilizarse en beneficio de quienes más los necesitan, porque son hechos que corroen la confianza ciudadana en sus representantes y porque son delitos ejecutados por personas que han aprovechado las oportunidades educativas y culturales estatales para convertirse en representantes del resto de la sociedad y, posteriormente, aprovecharse de los privilegios de esos cargos. El Poder Legislativo tiene varias cuentas en esta materia también.

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