29.02.12 // Acij en los medios, ACIJ en los MEDIOS, Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas (medios)

La Justicia apunta a la falta de control y prevención durante la gestión K (El Cronista)

El fiscal Federico Delgado solicitó al juez Bonadío que determine si el Estado realizó los debidos controles a los servicios ferroviarios.  Se apunta a investigar las previsiones no tomadas y las señales de alertas ignoradas como el informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

El fiscal Federico Delgado solicitó al juez Bonadío que establezca si el Estado controló a TBA. También dilucidar si la empresa usó los subsidios para el mantenimiento de los trenes o no. Y qué se hizo con las reiteradas señales de alerta.

Para el Gobierno la tragedia del miércoles pasado es responsabilidad de Trenes de Buenos Aires. Para la empresa, la culpa es del maquinista. Y para Marcos Córdoba y el gremio ferroviario, del deficiente estado de los trenes y la falta de control, rol que el Gobierno no ejerció.
La cadena y las acciones u omisiones que pudieron haber desdencadenado el accidente están hoy en el centro de atención de la Justicia, según se desprende de los pasos de los investigadores. El fiscal federal Federico Delgado requirió ayer al juez Claudio Bonadío una serie de medidas, más allá de las pericias técnicas cuyos resultados todos esperan conocer en los próximos 15 días y que determinarán si los frenos funcionaron o no; el estado en que manejaba el conductor y si usaba su celular mientras conducía. Pero eso sería ver sólo el árbol y no el bosque.
Al anunciar la intervención de la empresa TBA, ayer mismo también, el ministro Julio De Vido apuntó que el Estado se hará cargo de la empresa en nombre del “interés público”. La Justicia en cambio considera un abanico amplio de responsabilidades que van desde cómo se garantizó –o no– la “seguridad pública” a cómo se utilizaron los subsidios otorgados, quién y cómo los controló –si es que se hizo– y cómo utilizó la empresa el dinero público.
El juez federal Bonadío no aceptaría como querellante al Estado que ahora podría acceder a la causa a partir de asumir la intervención de los trenes del Sarmiento y el Mitre. Es que el Estado no sería considerado en los Tribunales una víctima, en principio. O no hay elementos aún para así considerarlo. De hecho, no hablan de “accidente” toda vez que parten de la hipótesis de que “el hecho” se podría haber evitado o que los factores desencadenantes pudieron haber sido prevenidos, tal como dijo la familia de Lucas Meneghini Rey hace dos días, reclamo reiterado ayer. En este mismo sentido se pone el acento para dilucidar si el Estado ejerció el control eficientemente.
En un escrito de diez páginas que parece una respuesta al discurso presidencial del lunes en Rosario –en el que Cristina Fernández exclamó que no se puede esperar más de dos semanas para saber qué pasó como si su gestión no hubiera tenido responsabilidad alguna en ningún eslabón de la cadena– el fiscal sugiere “ganar tiempo” y poner en marcha una serie de medidas. Pide que el juez reclame al Ministerio de Planificación “las acciones de control efectivamente realizadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte con respecto a TBA vinculadas a la concesión del ‘Ferrocarril Sarmiento’”, especialmente en los últimos dos o tres años. También cuánto dinero se giró a TBA; cotejar con los libros del concesionario y sus rendiciones y aplicación de los fondos. Además, requerir un informe a la Comisión Nacional de Valores para que ratifique o rectifique una nota periodística del diario Bae en la que se indicaba que los subsidios habrían sido utilizados en negocios financieros.
Los investigadores apuntan a desentrañar la relación entre TBA y la CNRT (dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación) y a desandar el camino de las previsiones no tomadas y alertas como un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; cuatro informes de la Auditoría General de la Nación en los que se cuestionaba el mantenimiento de los trenes –especialmente de los de TBA– y que ayer el propio Leandro Despouy, titular del organismo, entregó en mano al juez Bonadío; una larga lista de artículos periodísticos dando cuenta de la falta de mantenimiento y deficiencias del servicio del Sarmiento (ramal siniestrado); quejas de los usuarios y hasta una acción de amparo del ex Defensor del Pueblo Eduardo Mondino. Todas señales que, a priori, parecen haber sido desoídas.

Por Analía Argento

El Cronista

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